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Editorial:
Editorial
Es responsabilidad del director, y expresa la opinión del diario sobre asuntos de actualidad nacional o internacional

Una versión creíble

NO FIRMAR "cheques en blanco" es una cautela saludable, en política y en otros ámbitos. También cuando se trata de actuaciones policiales, sobre todo si se tienen en cuenta algunos casos ocurridos hace no tanto tiempo en el País Vasco y que están en la mente de todos. Pero esa cautela toma visos patológicos cuando cualquier actuación policial contra los terroristas de ETA se envuelve en sospecha y uno se sitúa, emocionalmente más cerca del pistolero que acaba de asesinar a un ciudadano que del policía que lo detiene. Este fenómeno, que afecta a un sector no desdeñable de la sociedad vasca, volvió ayer a tomar cuerpo en el debate que mantuvo el ministro del Interior con los representantes del PNV, EA e IU, tras exponer Mayor Oreja los resultados de la investigación abierta sobre las lesiones diagnosticadas al presunto etarra Fernando Elejalde.Ciertamente fueron los graves fallos de procedimiento e información cometidos después de detener al presunto asesino del psicólogo de la cárcel de Martutene los que crearon un estado de alarma social y dieron pie a la presunción de que se estaba ante un (nuevo) caso flagrante de torturas. Por ello resulta comprensible que recayera en el Ministerio del Interior la tarea de aventar las dudas y demostrar que no hubo malos tratos en la comisaría. de San Sebastián. El núcleo de la cuestión estaba en aclarar que las lesiones apreciadas por los médicos a Elejalde se produjeron antes y durante su detención, y no en la hora y media que separa ese episodio de su traslado al cuarto de socorro de la capital donostiarra. El ministro ofreció una explicación razonable de lo sucedido en ese lapso de tiempo, si bien está claro que su tajante afirmación de que no hubo tortura ni malos tratos se basa en datos circunstanciales: la "indentidad manifiesta" en los diagnósticos emitidos por los distintos equipos médicos y forenses que trataron al etarra y la clara coincidencia" de las lesiones con los avatares de la detención. A estos efectos tiene consistencia el hecho de que el juez instructor de la Audiencia Nacional haya llegado a una conclusión similar en el auto de procesamiento dictado ayer contra Elejalde,

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Mayor y el juez coinciden en que el etarra Elejalde no fue torturado

Mayor Oreja admitió, si bien no con la contundencia exigible, los fallos de información dentro de su departamento y los errores de procedimiento que convirtieron "un éxito policial en un fiasco social", según palabras del portavoz del PNV en el debate. De ahí que sea políticamente pertinente la destitución del comisario jefe de policía y el cese del gobernador civil de Guipúzcoa. Las explicaciones del ministro fueron aceptadas por los representantes del PP, PSOE, CiU y Coalición Canaria, pero encontraron la incredulidad de los representantes del PNV, EA e IU. Este nuevo "choque" es demostrativo de la inquietante trinchera en la que se ha refugiado el PNV.

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Su portavoz aseguró que pretendía que la "versión oficial" de lo sucedido coincidiera con la "versión real". Toda su intervención, sin embargo, estuvo impregnada por la presunción que su compañero Joseba Egibar ha verbalizado desde el pasado jueves con inigualable crudeza: que Elejalde sufrió tortura y malos tratos a manos de la policía. El diputado nacionalista pareció más preocupado por no rectificar al portavoz de la ejecutiva nacional de su partido que por aclarar los puntos oscuros de la versión de Interior. Para ello no dudó en meter en el mismo saco hechos tan dispares como el asunto Elejalde, los asesinatos de Lasa y Zabala a manos de los GAL y las muertes no definitivamente aclaradas de Mikel Zabaltza o Gurtitze Yanci.

Más allá de las dudas que todavía pueda inspirar la versión del ministro -en las que profundizaron los representantes de IU y EA-, el diputado peneuvista ratificó la desconfianza de su partido respecto al ministro del Interior y, lo que es más preocupante, una cierta tendencia a descomprometerse de la lucha del Estado democrático contra ETA.

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