Una orden desautorizó los informes periciales de la policía científica

Los más de mil informes periciales elaborados desde 1989 por la policía científica madrileña en materia de documentos y utilizados en los juicios como pruebas -en algunos casos, determinantes- han estado al borde de convertirse en papel mojado. La Comisaría General de Policía Científica, máxima autoridad en esta materia, desautorizó el 25 de febrero al Grupo de Documentoscopia de Madrid porque sus integrantes no estaban acreditados como especialistas y carecían, por tanto, de habilitación técnica y legal para rubricar informes periciales. La medida fue acogida con estupor en la policía madrileña, que alertó de los tremendos efectos jurídicos que podía tener la invalidación. El viernes, la Comisaría General retiró la desautorización.

El Grupo de Documentoscopia, fundamental en el quehacer judicial, centra su actividad en el análisis caligráfico, la falsificación de moneda y el estudio de documentos de todo tipo, incluidos los de identidad, las tarjetas de crédito y cheques de viaje. Para desautorizar a esta unidad, la Comisaría General se basó en que sus miembros, a diferencia de otras provincias, no habían asistido a los cursos preceptivos para obtener la titulación."Hasta la fecha, sólo se han impartido cuatro cursos de especialización en documentoscopia [ ... ] y en ninguno de ellos han participado los funcionarios destinados en la Brigada Provincial de Policía". Pese a ello, según la orden, estos agentes, "de manera unilateral, y sin superar el cauce preestablecido -y que los expertos acreditados han observado-, han pasado a autoproclamarse titulares de unos conocimientos y una habilitación que no pueden acreditar".

Este conjunto de deficiencias conduce, siempre según la citada orden, a que en una confrontación enjuicio oral entre este grupo y los "auténticos especialistas" pueda salir a la luz su "desorganización", su "falta de rigor" y hasta un "caos técnico que echaría abajo la mayoría de los informes". Como resultado de todo ello, y dado que la brigada había hecho "oídos sordos a los intentos de corrección", la Comisaría General les negó la capacitación técnica y jurídica en tanto que no hubiesen superado el oportuno curso.

La reacción de la Brigada Provincial de Policía Científica de Madrid, a la que pertenece el grupo aludido, fue fulminante. Los agentes acataron la prohibición, abandonaron inmediatamente sus trabajos sobre falsificaciones documentales y pruebas caligráficas y los enviaron a la Comisaría General para su finalización.

Contaminación jurídica

Asimismo, en un escrito enviado el 25 de febrero al jefe superior de Madrid, Carlos Corrales Bueno, la brigada se manifestó moral y legalmente afectada y alertó sobre los efectos jurídicos de contaminación que podía tener la desautorización sobre todos los informes emitidos desde 1989 -sólo el año pasado se elaboraron más de 700-. Este escrito de la brigada, firmado por su jefe, el comisario Francisco Valderas Jara, también subrayó que la orden obligaba a poner en conocimiento de los tribunales la prohibición de actuar como peritos en los juicios, un trabajo que el año pasado implicó la asistencia a 399 vistas.

Junto a estas advertencias, el texto de los agentes madrileños destilaba estupor en todas sus líneas. Nunca desde su creación en 1989, decía el texto, "había recibido el Grupo de Documentoscopia orden alguna en el sentido de que no estuviese autorizada para realizar las pericias". Además, alegó Valderas, su trabajo era perfectamente conocido por la Comisaría General: no sólo le enviaba todos los meses la estadística mensual de sus investigaciones, sino que era esta misma comisaría la que les había proporcionado todos sus aparatos técnicos.

La brigada se defendió de la acusación de que sus agentes careciesen de acreditación. Para ello recordó que en un manual de 1995 publicado por la misma Comisaría General de Policía Científica la unidad puesta en entredicho figuraba como una de las plantillas de especialistas de España. "Para mayor abundamiento se hace constar que es la propia Comisaría General la que, cuando algún juzgado de Madrid le remite algún documento para su estudio, lo reenvía a esta brigada para que, por los funcionarios del Grupo de Documentoscopia, se dé cumplimiento a lo solicitado", indica el escrito de Valderas.

Con esta respuesta, el conflicto se desmarcó del ámbito funcionarial y pasó a tener implicaciones jurídicas. Así ocurrió esta misma semana en el juicio celebrado en la Audiencia Provincial de Madrid por el asesinato de un menor en junio de 1994 (tanto la víctima como el supuesto autor eran hijos de guardias civiles destinados en Barajas).

La orden y los tribunales

La policía científica citada para informar sobre la autenticidad de un documento de identidad se dirigió al tribunal y le comunicó su inhabilitación. Los magistrados, con todo, no invalidaron la intervención de los agentes por acuerdo expreso de las partes. Se trataba, con todo, de una decisión que podía no repetirse.

"La desautorización puede tener un efecto en cadena no sólo sobre los juicios, sino sobre las sentencias. Los abogados pueden pedir la nulidad o la repetición de las pruebas que fueron aportadas por los peritos policiales, ya que éstos, según sus propios superiores, no estaban habilitados y carecían técnica y jurídicamente de legitimación para firmar", indicó una fuente policial.

El viernes, la Comisaría General de Policía Científica modificó su anterior informe y volvió a permitir a los policías madrileños firmar informes periciales.