Diez jefes de la Guardia Civil se sientan hoy en el banquillo

Diez integrantes de la Unidad Central de Investigación Fiscal y Antidroga (UCIFA) se sentarán desde hoy en el banquillo de la Audiencia Nacional para ser juzgados por el presunto delito, entre otros, de pagar con droga a confidentes. La vista, en la que también están inculpados ocho narcotraficantes, tendría que haber comenzado el 27 de enero. El tribunal la suspendió entonces al no comparecer uno de los narcos y renunciar un agente a su abogado. El fiscal pide en total 97 años de prisión para los guardias civiles implicados en un caso instruido por el juez Baltasar Garzón y que constituye el primer juicio sobre la corrupción en la Guardia Civil en la época en que la dirigió Luis Roldán.

La detención de los diez guardias civiles se produjo en 1992. La operación fue dirigida por Baltasar Garzón, el titular del Juzgado Central de Instrucción, número 5 de la Audiencia Nacional, y supuso un escándalo ante el desmantelamiento de la UCIFA y el arresto, incluso con grilletes, de oficiales y jefes. Los letrados de la defensa tienen la intención de argumentar que Garzón coaccionó a procesados para forzar confesiones contra superiores.Los agentes implicados en presuntos pagos con droga a confidentes, así como en registros y detenciones ilegales, son el comandante José Ramón Pindado, el sargento Gonzalo Méndez y el guardia Vicente Domínguez, para cada uno de los cuales el fiscal solicita 15 años de prisión; el teniente coronel Francisco Quintero y el guardia Doroteo Gómez, para los que se piden nueve; el capitán Jesús Narciso Núñez y el cabo Manuel Jiménez, ocho; y el capitán Sebastián Márquez, el cabo Félix Molina y el guardia Antonio López, seis.

La primera acción irregular se remonta a enero de 1988. Molina, Gómez y López se desplazaron a Pamplona para indagar acerca de la implicación en el narcotráfico del también guardia Juan Carlos García. Según los cargos, lo hicieron con singular pericia: "introdujeron en su vehículo 25 gramos de hachís y dos papelinas de heroina". Por supuesto, le detuvieron. Luego, al redactar los informes, ocultaron, su treta.

Márquez, Molina, López y Domínguez no lograron arrestar en diciembre de ese mismo año al traficante Juan Antonio Carrasco. Dos de ellos entraron entonces en su piso sin permiso alguno, pero no hallaron nada comprometedor. En un trastero sí que encontraron, sin embargo, un revólver y 100 gramos de heroína. Trasladaron estas pruebas a la casa y después pidieron una orden de registro. Carrasco fue condenado.

Pocos meses más tarde, en febrero de 1989, Márquez y Molina organizaron una vigilancia a otro piso, de la calle madrileña de Concha Espina, al que iba a acudir un tal Julio César a comprar cocaína. Pero éste entró y salió de él sin ser visto. La explicación oficial fue que los sospechosos "se ausentaron del domicilio, no habiendo regresado".

Recompensas

Quintero, una vez que sus subordinados desmantelaron una red kurda de tráfico de heroína, permitió en noviembre de 1989 que el confidente que había propiciado tal éxito se llevase como recompensa dos kilos de droga.

El propio Quintero desvió en mayo de 1990 un kilo de cocaína, de un alijo de 30 intervenido en Lloret de Mar (Girona), para dos confidentes, José Luis Recuero y José Manuel García, apodados los Dalton. Jiménez lo sustituyó con azúcar para cuadrar el peso.

También Gómez, en septiembre de ese año, detrajo 100 gramos de heroína, de una partida de 2.100 requisada en Almuradiel (Toledo), para dárselos a otro confidente, Luiz Ezquerocha, que se los vendió a Juan José Garrote.

En diciembre siguiente la UCIFA se hizo en el aeropuerto de Barajas con 93 kilos de cocaína colombiana. Gómez retiró cinco y Pindado seis, cinco de ellos para los Dalton. Dos de éstos fueron vendidos a Ramón Temple, quien, a su vez, se los revendió a Garrote, Ricardo Fernández y Juan Pallol. Méndez rebajó en los informes la droga aprehendida.

De otros diez kilos de coca obtenidos en el hotel Libany, de Madrid, Gómez y Domínguez retiraron dos para su venta. Miguel Cobos los sacó del establecimiento. Uno lo adquirió Juan Miguel Rada y medio se lo llevó Pindado para Temple.

Por último, en abril de, 1991, Pindado retiró, también para Temple, tres kilos de 30 requisados igualmente en el aeropuerto de Madrid. Los atestados fueron asimismo manipulados.

El tribunal suspendió el 27 de enero el comienzo del juicio al no comparecer el supuesto narcotraficante Garrote, para el que la fiscalía pide diez años de prisión y una multa de 125 millones de pesetas. La citación no le había llegado por un error burocrático, ya subsanado.

Se dio la circunstancia además de que Domínguez, el guardia arrepentido cuyas revelaciones condujeron a la desarticulación del grupo antidroga, presentó un escrito renunciando a su abogado, José Emilio Rodríguez, por las divergencias surgidas entre ellos al pretender éste cambiar la línea de defensa. A Domínguez le defenderá ahora Isabel García.

Según el calendario provisional, los acusados declararán entre hoy y el día 14. A continuación lo harán más de cien testigos, entre ellos Roldán y Rafael Vera, ex secretario de Estado para la Seguridad.