Villaverde pagó tres millones a una empresa por proyectar 90 videos cuyo alquiler costó 27.000
La Federación Antipiratería (FAP, encargada de proteger la propiedad intelectual de la obra audiovisual) ha denunciado a la empresa Proarte 2000, administrada por Jorge Francisco L. G., por proyectar públicamente, y de forma ilegal, en seis municipios un centenar de películas alquiladas a un videoclub.La Junta Municipal de Villaverde pagó tres millones de pesetas a la citada empresa por la exhibición, durante los meses de julio a septiembre, en el auditorio de Plata y Castañar, de más de 80 películas (Cantando bajo la lluvia, Entrevista con el vampiro, Mentiras arriesgadas, La máscara, La jungla de cristal ... ), cuyo alquiler, según la FAP, le costó al presunto estafador alrededor de 27.000 pesetas.
El entonces concejal, Fernando Martínez, excusó ayer a la junta municipal y aseguró: "Nosotros contratamos a esa empresa durante el mes de julio y como fue un éxito de público se renovó para otros dos meses más. Pero lo que no sabíamos es que podía estar incurriendo en algún tipo de irresponsabilidad".El pasado día 28 de febrero, Jorge Francisco L. G. fue sorprendido por la policía en el centro Los Rosales (Villaverde) cuando exhibía la cinta 101 dálmatas. El día 21, en el centro San Cristóbal (San Cristóbal de los Ángeles), había proyectado la película Jumanji. Para la Federación Antipiratería, el fraude de la empresa Proarte 2000, SL, contra la propiedad intelectual sobrepasa el millón de pesetas. "Está prohibido exhibir películas para uso doméstico en público. Hay que pagar los derechos de autor y de exhibición. Este señor se saltaba estos requisitos", explicó el portavoz.
Otros cinco municipios, según las mismas fuentes, han sido víctimas del supuesto timador del vídeo: Montejo de la Sierra, Torremocha del Jarama, El Atazar, Madarcos y La Hiruela. El alcalde de Montejo, Carlos Hernández, aseguró que hace dos años pagó por cada película 30.000 pesetas a la empresa denunciada. Otro tanto abonó el pasado verano el alcalde de Torremocha, Carlos Rivero. "Pensábamos que este señor lo tenía todo legal", decían ayer.
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