El ascenso del "Estado penal" en Estados Unidos
En el transcurso de las tres últimas décadas, Estados Unidos se ha lanzado a una experiencia que no tiene precedentes ni equivalentes en las sociedades; occidentales de posguerra: la sustitución progresiva de un (semi) Estado providencia por un Estado penal y policial en el que la criminalización de la población marginada y la "contención punitiva" de las categorías desfavorecidas sustituye a la política social.Es cierto que el Estado providencia estaba muy poco desarrollado en comparación con sus equivalentes europeos, hasta el punto de que podríamos; referirnos a él como Estado caritativo: en EE UU, los programas destinados a las poblaciones más desfavorecidas siempre han sido limitados, incompletos y han estado aislados del resto de las actividades públicas por estar imbuidos de una concepción moralista y, moralizadora de la pobreza como producto de las carencias individuales de los pobres. Mientras que las desigualdades sociales y la inseguridad económica se han agravado mucho desde los años setenta, el Estado caritativo no ha dejado de reducir su campo de acción y de comprimir su ya, escaso presupuesto. A medida que se agujerea su chaleco salvavidas, (safety net) se va tejiendo el. entramado del Estado disciplinario (dragnet), llamado a sustituirle en los niveles inferiores, de la estructura social estadounidense.
El ascenso del Estado penal, se produce según dos modalidades principales. La primera, consiste en transformar los servicios sociales en instrumentos de vigilancia y control de las, nuevas "clases peligrosas". De: ello da fe la oleada de medidas tomadas estos últimos años por numerosos Estados que condicionan el derecho a las ayudas sociales a la adopción de ciertas normas de comportamiento (sexual, familiar, educativo, etcétera) y al cumplimiento de obligaciones burocráticas onerosas o humillantes: trabajo forzoso (work-fare), asistencia regular de los niños a la escuela (learnfare) o matriculaciones en seudocursillos de formación sin sentido ni salida por no hablar del establecimiento de techos o de límites temporales por encima de los cuales no se concede ningún tipo de asistencia. Todo ello para obtener una ayuda fijada deliberadamente por debajo del "umbral" oficial de pobreza.
La "reforma" de la ayuda social aprobada por el presidente Clinton en el verano de 1996 aumenta y ratifica esta lógica panóptica y punitiva. Sustituye el derecho a la asistencia de los niños más- desfavorecidos, que figura en la legislación desde 1935, por la obligación de los padres a tener trabajo en un plazo de dos años. Establece una cuota de ayuda máxima de cinco. años a lo largo de la vida y somete a los que la reciben a un seguimiento estrecho que no respeta la intimidad. Reduce los gastos destinados a los pobres en 56.000 millones de dólares (unos ocho billones de pesetas) en seis años y excluye de los programas de ayuda a los inmigrantes legales, a aquellas personas que hayan violado las leyes federales sobre drogas y a las madres menores de edad que rehúsen vivir en casa de sus padres. En definitiva, la "ley, de 1996 sobre la responsabilidad individual y el trabajo" pone fuera de la ley a la miseria, al establecer el salario descualificado como una obligación cívica de los estadounidenses más desfavorecidos.
El segundo componente de esta "guerra contra los pobres" es el recurso masivo y sistemático al encarcelamiento. Tras disminuir un 12% durante la década de los sesenta, la población reclusa de Estados Unidos pasó de ser inferior a 290.000 presos en 1970 a 494.000 presos en 1984 antes de alcanzar 1.544.000 de presos en 1994, lo que supone un crecimiento del 213% en 14 años, algo nunca visto en una sociedad democrática. Y como consecuencia del desentendimiento del Estado de los programas sociales, la cárcel golpea, sobre todo, a los negros: el número de presos afroamericanos se ha multiplicado por cinco desde 1970, tras descender un 7% durante la década anterior, y, por primera vez en su historia, las cárceles del país encierran hoy día a más negros que blancos. El índice de población reclusa de los afroamericanos se ha triplicado en 12 años, y en 1993 afectaba a 1.895 de cada 100.000, es decir, siete veces más que el índice de los blancos y 20 veces más que los niveles registrados en los países europeos.
La duplicación de la población reclusa en 10 años subestima gravemente el peso real de la autoridad penal en el nuevo mecanismo para el tratamiento de la miseria y de sus consecuencias. Si a la población reclusa se suman los individuos bajo libertad vigilada (probation) y condicional (parole) por falta de espacio en las prisiones, son cinco millones de estadounidenses -el 12,5% de la población adulta del país- quienes están bajo tutela penal, un tercio de los cuales son jóvenes negros entre 18 y 35 años.El aumento explosivo de la población reclusa, el recurso masivo a las formas más variadas de pre y pos encarcelamiento, la eliminación de los programas de trabajo y de educación en el interior de las cárceles, la multiplicación de los instrumentos de vigilancia en todos los niveles de la estructura carcelaria son signos de que la nueva doctrina penal en vigor no tiene como objetivo "rehabilitar" a criminales, sino reducir costes y controlar las poblaciones peligrosas o, en su defecto, almacenarlas aparte para paliar el abandono de que son objeto por parte de los servicios, sociales, que ni desean ni
n capaces de hacerse cargo de ellas. Así pues, el ascenso del Estado penal en EE UU no responde a la criminalidad -que se ha mantenido constante durante este periodo-, sino a las distorsiones en la sociedad provocadas por el desentendimiento del Estado caritativo. Y este ascenso tiende a convertirse en su propia justificación, de forma que sus efectos, que favorecen la criminalidad, contribuyen poderosamente a la inseguridad y a la violencia que se supone deben corregir.
