El presunto gal Miquel se niega a declarar porque teme por su vida

Ismael Miquel, presunto integrante de los Grupos Antiterroristas de Liberación (GAL), se negó ayer a prestar declaración ante Carlos Dívar, el juez titular del Jugado Central número 4 de la Audiencia Nacional, sobre el asesinato por esa organización del ciudadano francés Robert Caplanne en Biarritz, en 1985, al ser confundido con un miembro de ETA. Miquel justificó su silencio en que teme por su vida y necesita protección.Dívar, que le comunicó su auto de procesamiento y de prisión incondicional, ya había intentado interrogar a Miquel a principios de febrero, pero no pudo hacerlo porque éste renunció entonces a su abogado y pidió ser asistido por un letrado que se encuentra preso en la madrileña cárcel de Carabanchel.

Miquel, que compareció esposado" y elegantemente vestido, no mostró, según fuentes jurídicas aludidas por Efe, una actitud acorde con el anunciado deseo de colaborar con la Justicia que expuso en un escrito enviado hace unos meses al magistrado, a través de Izquierda Unida, en el que afirmaba que el comando de los GAL que mató por error a Caplanne y que él mismo dirigía desde Barcelona fue creado por el ex ministro del Interior José Barrionuevo y otros altos cargos de su departamento. A la vista de esa carta, Divar reabrió un caso por el que ya fueron condenados en 1987 José Luis Fariñas García, Jorge Porta Laborda, Carlos Laborda Costa y Javier Rovira Llor.

Protección

Ya entonces Miquel, que cumple en España el resto de la condena que le fue impuesta en Tailandia por narcotráfico, solicitó ser puesto en libertad y requirió protección tanto para él como para su hija y otros dos testigos que, según apuntó, corroborarían sus afirmaciones respecto a la trama de los GAL. Para el caso de que no quedase libre, reclamaba permanecer aislado en el centro penitenciario con el fin de evitar cualquier acción contra él.La petición de Miquel, que se decía dispuesto a mantener. un careo con Barrionuevo -el juez lo desestimó-, fue respaldada no sólo por su defensor, Alberto Salazar, sino también por algunos de sus propios acusadores, que consideraron que tenía derecho a la misma situación de libertad provisional de que gozan, como testigos protegidos, otros componentes de los GAL. Sin embargo, el fiscal Jesús Santos se opuso a que se le concediera.

Salazar reiteró ayer que su cliente tiene intención de declarar todo cuanto sabe, pero que realmente le amedrenta la posibilidad de ser asesinado, idea que le persigue en sus sueños. En cambio, otros letrados creen que se limita a mantener la estrategia por la que consiguió ser trasladado desde Tailandia hasta España.