Nueva cruzada antitabaco

El que quiera fumar, con el carné en la boca. Los vendedores de tabaco de Estados Unidos están obligados a partir de hoy a exigir un documento de identidad a los jóvenes que consideren que tienen menos de 27 años para comprobar que tienen más de 18, la edad mínima legal para fumar. Los estanqueros que desobedezcan la norma se enfrentan a sanciones y multas diversas y, lo que es peor, a un ejército de militantes antitabaco que, a modo de cruzados, se encargarán de que nadie se salte a la torera la prueba del carné.Además de la exigencia de prueba de edad a los jóvenes, las disposiciones permiten que se denuncie a los vende dores "desaprensivos" a través de un número de teléfono gratuito. Como los responsable de alimentación y medicinas que ha conseguido poner en marcha esta regulación) son pocos y la mies es mucha, porque se calcula que hay medio millón de puntos de venta de cigarrillos, los grupos antitabaco han ofrecido movilizar a sus partidarios para controlar cada establecimiento y cada mostrador: "Tenemos un ejército de, literalmente, millones de voluntarios en todo el país que estarán ojo avizor para vigilar a los comerciantes que quieran burlar la ley", según Matthew Myers, del Centro Nacional para la Infancia sin Tabaco.

Por si la cosa no queda clara, Myers no tiene inconveniente en evocar al Gran Hermano, y añade: "Creo que van a ser estos voluntarios los que actuarán como los ojos y oídos de la FDA, aunque el organismo enviará muy- pronto a sus propios investigadores a trabajar". El trabajo será concertado con agencias dependientes de los Estados y, entre otras cosas, está provista, la colaboración con adolescentes cómo cebos: con el agente convenientemente disimulado, los Chicos o chicas entrarán en una tienda y pedirán cigarrillos. Si el dependiente hace lo que debe, santas pascuas, pero si mira a un la do y a otro y, creyendo que el panorama está despejado, trata de ganar sus, dos o tres dólares y vende la cajetilla, la poderosa mano de la ley caerá sobre él.

El sistema tampoco es la inquisición, aunque lo parezca: a la primera infracción, el ex pendedor recibe una advertencia. Si reincide sufrirá una multa de 250 dólares (35.000 pesetas), La escala aumentará si sigue el desafío, hasta un máximo de 15.000 dólares (2,1 millones de pesetas). Habrá también una picota cibernética para estos desalmados: la FDA publicará los resultados de sus comprobaciones y la lis ta de infractores en Internet. Por cierto, la industria, que no se queda quieta, está también utilizando el ciberespacio para anunciarse y burlar las limitaciones publicitarias.La paradoja de este frente de la guerra del tabaco es que la industria apoya -con poca alegría, pero la respalda- la exigencia de edad legal, mientras que algunos Estados como Virginia y Carolina del Norte se niegan, porque son productores de tabaco, pero también, y en esto, no se van a quedar solos, para defender su soberanía ante la FDA. El organismo, que basa su estrategia en la caracterización de la nicotina como una droga y justifica, por eso su jurisdicción, ha conseguido ya que no sean los Estados los que determinan la edad mínima legal para fumar y lucha para sacar adelante su plan para apartar a los adolescentes del tabaco.

La mayor parte de la opinión pública, sin excluir a los comerciantes, está de acuerdo en que se exija el cumplimiento de la prohibición de fumar para los jóvenes, porque se burla con excesiva facilidad y porque las cifras que manejan las autoridades sanitarias son harto elocuentes: para mantener su actual nivel de ventas, la industria del tabaco necesita reclutar diariamente a 3.000 clientes.

La normativa que entra hoy en vigor es la avanzadilla del paquete de medidas que la FDA, con pleno respaldo de la Casa Blanca, aprobó el pasado verano. El 28 de agosto, si no lo impide la batalla legal en curso, llegará el grueso del ataque: eliminación de máquinas de tabaco en zonas frecuentadas por jóvenes, prohibición de carteles publicitarios a menos de 300 metros de los colegios, anulación de las muestras de regalo de tabaco o de las ventas de cigarrillos sueltos y limitación de la publicidad del tabaco en revistas.