Pinto traslada a la fiscalía las irregularidades en el área de Cultura
La corporación de Pinto (25.131 habitantes) ha decidido el traslado de todos los expedientes y facturas emitidos por la Concejalía de Cultura durante los últimos 18 meses a la fiscalía de Parla, para que este órgano se pronuncie sobre la posible existencia de delito. Este es el acuerdo alcanzado por la comisión de investigación, que se constituyó el pasado mes de enero a petición del equipo de Gobierno para aclarar la actividad del área de Cultura, por la que han pasado ya cuatro concejales desde las últimas elecciones municipales.
La investigación se inició después de que el alcalde, el socialista Antonio Fernández, criticase con dureza la gestión de los tres primeros ediles de Cultura, José Luis Espiarcia, Margarita Guerrero y Mariola Amestoy. Mientras a Esparcia el alcalde le acusó de mala gestión al. frente de la Concejalía de Cultura y a Guerrero de intentar dar un presunto trato de favor a una empresa a la que estaba vinculada, a Amestoy le reprochó su confusa gestión económica y la existencia de contabilidades paralelas, que han generado un agujero de 12 millones de pesetas, según aseguró Antonio Fernández.
Unanimidad
El acuerdo de traslado al fiscal fue tomado con la unanimidad de todos los grupos. Izquierda Unida ha contabilizado las irregularidades en más de 20 millones, aunque, según su portavoz, Gloria Razábal, "las cantidades no son lo más importante en esta cuestión". Javier Valdés, portavoz del Partido Popular, señaló que Amestoy debió haber comparecido en la comisión para dar su versión. Los tres ex concejales aludidos han mostrado también su satisfacción con la intervención de la fiscalía "para que todo se aclare de una vez". El fiscal deberá decidir si existen indicios de delito, y en caso de encontrarlos, actuará de oficio.
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