A Móner no le dejan cerrar el 'caso Marey'

El magistrado del Tribunal Supremo Eduardo Móner, instructor de la causa por el secuestro en 1983 de Segundo Marey por los GAL, lleva tres meses sin practicar una sola prueba de las que le piden las partes y éstas, a cambio, no le dejan cerrar el sumarlo. Los reiterados intentos del juez por concluir el caso y llevarlo a juicio se enfrentan sistemáticamente con los intereses de las defensas y las acusaciones, coincidentes en mantener abierto el procesó. Mientras tanto, la víctima, Marey, hace tiempo que ni siquiera responde cuando se le ofrece informar sobre la avalancha de diligencias propuestas.Para todo abogado defensor en un asunto muy caliente o poco claro es axiomático que la dilación beneficia al procesado. Al otro lado del estrado, la acción popular ha dado sobradas muestras de querer ir mucho más allá de resarcir a Marey, secuestrado por error al ser confundido con un etarra, y asume una postura claramente política, tendente a repescar a Felipe González como imputado. De ahí, que las solicitudes de unos y otros se sucedan con el fin de mantener al instructor ocupado.La técnica es simple. Se propone la práctica de una prueba para que, por disparatada que parezca, dé origen a un informe del ministerio fiscal, normalmente desestimatorio, y se consuman una o dos semanas entre el ir y el venir. Recibido ese documento, el juez dicta su resolución, en la que tiene que explicar detalladamente los motivos por los que rechaza la propuesta planteada. Su decisión es de inmediato objeto de un recurso de reforma, que debe resolver él mismo. Así, ha de explicar por segunda vez los motivos de su negativa. Tras ello opera de forma subsidiaria el recurso de apelación ante el pleno de la Sala Segunda del Supremo. En definitiva, en tanto esté pendiente algún recurso, el magistrado no puede cerrar el sumario.

Las diligencias de prueba pueden ser de lo más variopintas: que declare el vicepresidente primero, Francisco Alvarez Cascos, por haber dicho que los GAL fueron "terrorismo de bodeguilla"; que declare el ministro de Defensa, Eduardo Serra, por haber comentado que los papeles del Cesid se parecen "como dos gotas de agua" a los publicados por los periódicos; que se incorpore a la causa el libro-testimonio de Fernado López Agudín, ex relaciones pú blicas del ex ministro socialista de Justicia e Interior Juan Alberto Belloch... No es que conduzcan a dilucidar el secuestro de Marey, pero la imaginación de los letra dos es inagotable.

Mientras en círculos judiciales se subraya que el sumario tiene como fin preparar la celebración del juicio y que en él pueden replantearse las pruebas denegadas, las partes prefieren que sea en el sumario en el que se practiquen. La denegación en el juicio tiene mala solución, pero en la fase sumarial es diferente.

La petición de que el instructor reclame del Gobierno la desclasificación de los papeles del Cesid ha sido rechazada por Móner cuatro o cinco veces, pues siempre consideró innecesario replantear una cuestión ya formulada por otros tres jueces y sobre la que ha de pronunciarse la Sala Tercera.

Pero para las acusación popular aún cabe un último intento ante la Sala Segunda (de lo Criminal), que se reunirá el 13 de marzo para dilucidar varias apelaciones. Su pronunciamiento puede incluso preceder al de la Tercera (de lo Contencioso), que lleva una tramitación mucho más lenta.

La Sala Segunda también verá ese día la apelación contra las negativas de Móner a citar a Cascos por lo del "terrorismo de bodeguilla" y a que Julián Sancristóbal, ex director de Seguridad, amplíe sus declaraciones sumariales, así como a que cite a los socialistas Ramón Jáuregui y José María Benegas. El alto tribunal deberá volver después sobre tres recursos de las acusaciones para que declare Serra respecto a sus manifestaciones relativas a los papeles del Cesid.Las defensas han solicitado a Móner que declare el ex policía José Amedo sobre el manuscrito en el que acusa al juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón de chantajearle con el encarcelamiento de su esposa para obtener su confesión y para que se añadan a la causa las cintas grabadas por él al diario El Mundo.

Mientras tanto, Marey sigue a la espera de una indemnización por la decena de días que permaneció cautivo y las secuelas físicas y psicológicas que padece desde entonces. Antes, sus abogados urgían a poner término a las diligencias y que el juicio se celebrase enseguida. Ahora, según fuentes del Supremo, ni contestan.