La alcaldesa de Cádiz ocultó al Parlamento que presidía una empresa municipal

La alcaldesa de Cádiz y diputada del Grupo Popular, Teófila Martínez, ocultó en la declaración de actividades presentada al comenzar la legislatura que presidía la empresa municipal Puerto América. El Grupo Socialista en el Ayuntamiento de la capital andaluza preguntó el martes si tal presidencia le hacía incurrir en algún tipo de incompatibilidad. Ese mismo día, Martínez presentó un escrito a la Comisión del Estatuto de los Diputados en el que renunciaba a la presidencia de la citada sociedad y advertía de que ésta se encuentra en fase de disolución, que se consumará el próximo día 24.

La Ley de Régimen Electoral General e 1985 establece la incompatibilidad entre el escaño de diputado y cualquier cargo en empresas públicas, con independencia absoluta de que la pertenencia a esas empresas suponga o no remuneración económica.El reglamento del Congreso establece la obligación de que los diputados observen "'en todo momento las normas sobre incompatibilidades establecidas en la Constitución y la ley electoral", y fuentes parlamentarias aseguraron que se trata, en el caso de las empresas públicas, de fijar una incompatibilidad funcional, para garantizar la dedicación absoluta en el desempeño de la función parlamentaria.

La semana pasada Teófila, Martínez declaró en Cádiz que, presidía Puerto América, "pero en calidad de alcaldesa, como antes ocurría" con su antecesor el socialista Carlos Díaz. La alcaldesa de Cádiz dijo también que en el Congreso le informaron "que no incurría en incompatibilidad alguna".

La también diputada del Grupo Popular y alcaldesa de Málaga, Celia Villalobos, comunicó el viernes de la semana pasada a la Comisión del Estatuto de los Diputados que había renunciado a la presidencia de cinco empresas municipales, que también venía ostentando sin haberlo comunicado al Congreso.

Declaración de actividades

Al principio de la, legislatura, los parlamentarios están obligados a formular una declaración de actividades en la que existe un apartado específico dedicado a la pertenencia a empresas públicas. Villalobos y Martínez dejaron en blanco este apartado, según fuentes de la comisión.El reglamento del Congreso no tiene prevista ninguna sanción para este tipo de actuaciones, con lo cual, según las mismas fuentes, la comisión tendrá que limitarse a constatar que se ha producido la irregularidad.El diputado socialista y miembro de la comisión, Álvaro Cuesta, declaró que su grupo defiende en la reforma del reglamento la inclusión de sanciones para estas, conductas que vayan desde la suspensión temporal, de la condición de diputado al apercibimiento público. También es partidario, dijo Cuesta, de que la declaración de actividades de todos los diputados se publique en él boletín de la Cámara, para que su publicidad sea inmediata y absoluta, sin que sea necesario consultar el Registro de Intereses que ahora existe.

En este Momento, el registro, aunque tiene carácter público, sólo es accesible si quien quiere Consultarlo solicita, autorización a la Mesa del Congreso y explica cuál es el interés que le mueve.

EL Grupo Socialista pretende que el nuevo reglamento de la Cámara faculte a la Comisión del Estatuto de los Diputados para actuar de oficio, investigando si las declaraciones de los parlamentarios responden a la realidad. Hasta ahora , la cornisión, según Cuesta, actúa sólo de acuerdo con las declaraciones que formulan los diputados y por hecho que esas declaraciones son ciertas, sin que haya medios para averiguar posibles incompatibilidades si Ios diputados no declaran las actividades que realizan.

La diputada Pilar Rahola se vio obligada recientemente a renunciar a los consejos de administración a los que, pertenecía en su calidad de concejal del, Ayuntamieto de Barcelona.