El 27% de la policía de Móstoles se dedica a custodiar presos en el hospital

Cambian las calles de la localidad por los pasillos de un hospital, sin más remedio. Medio centenar de policías nacionales de la comisaría de Móstoles (196.500 habitantes) tiene que abandonar la vigilancia en los barrios del municipio para custodiar a los presos de la cárcel de Navalcarnero que ingresan en el centro hospitalario mostoleño. El total de la plantilla de agentes asciende a 185 efectivos, de los cuales 27 son nuevos.

"Otros tantos tienen que librar, y además siempre hay alguna baja. Al final, casi la mitad de todos los que están en servicio se destina a la vigilancia de reclusos en el centro sanitario", denuncia Antonio Sánchez. Esturillo, secretar o de comunicación del Comite Federal Madrid Sur del Sindicato Unificado de Policía (SUP).Durante la noche del pasado jueves ni un solo coche patrulla salió a la calle, según Sánchez Esturillo. Había siete reclusos ingresados en el hospital, con dos agentes cada uno a su custodia, mientras que la huelga de transportistas requirió que algunos efectivos más tuvieran que desplazarse hasta la capital. "Estas situaciones van en detrimento de la seguridad de la población, y, a pesar de denunciarlo ante las autoridades competentes, no tenemos más remedio que sacarlo a la opinión pública porque, de momento, nadie nos ha tomado en cuenta", denuncia el secretario de comunicación del SUP en el sur de Madrid.

Desde la Jefatura Superior de Policía de Madrid se asegura que el número de agentes que desempeñan servicios de vigilancia en el hospital no supera los 40 cada día y además se reparten en tres turnos.

Con todo, este panorama no es exclusivo de Móstoles, sino que se repite en otras localidades del sur de la región, según un informe reciente elaborado por el sindicato policial. El centro sanitario de quemados de Getafe acoge a presos procedentes de las dos Castillas y absorbe un gran número de agentes del municipio. Igual situación se vive en los hospitales Psiquiátrico y Severo Ochoa de, Leganés, en los que ingresa gran parte de los reclusos que estuvieron internados en el antiguo centro sanitario de Carabanchel. El cierre de esa dependencia desencadenó el caos, a juicio de Sánchez Esturillo: "El hospital de la cárcel de Carabanchel desapareció sin que nadie pensase en las consecuencias negativas que conllevaría", comenta.

Ahora los presos ocupan una habitación para ellos solos en centros de la Seguridad Social, donde existen listas de espera para obtener cama. En el servicio de urgencias -por dónde ingresan los reclusos habitualmente-, la presencia de agentes uniformados cohíbe a la población.

"Los enfermos esperan encontrar a profesionales de bata blanca o verde y no a nosotros", explica Sánchez Esturillo. La solución, según él, es construir un nuevo centro especial para los reclusos y que éstos sean vigilados por los trabajadores de instituciones penitenciarias.

El necesario aumento de plantilla, no sólo en el caso de Móstoles, sino en toda la región (hay 6.000 policías nacionales y se necesitan 2.000 más, según el SUP), debe solucionarse de inmediato. "El jefe de la comisaría de Móstoles ha reclamado ya más efectivos", comenta Antonio Ibáñez, secretario de organización del sindicato en la localidad.

Entre las adversidades que han de superar los agentes de policía en los centros sanitarios destaca la falta de información por parte de los responsables de las prisiones y de los médicos y enfermeras. Ibáñez asegura que en el hospital mostoleño los agentes se enteran de que el recluso enfermo padece una patología grave o infecciosa cuando ven entrar en la habitación al personal sanitario pertrechado con guantes y mascarillas. "Los compañeros han estado en estrecho contacto con el enfermo poniéndole y quitándole grilletes sin que nadie le informe ¿le las precauciones que han de tomar", protesta.

Las condiciones higiénico-sanitarias en que se desenvuelve la plantilla policial en este tipo de servicios han sido calificadas por Ibáñez como de "inhumanas". A ello añade la inseguridad a que se exponen, ya que desconocen asimismo la peligrosidad de los reclusos y de las personas que les visitan.

Fuentes de la Jefatura Superior de Policía señalan que el reparto de agentes en centros sanitarios se produjo a raíz del cierre del hospital de Carabanchel. La Delegación del Gobierno está tratando de solucionar el problema de la escasez de plantilla y la reagrupación de reclusos enfermos con las administraciones competentes.