La próxima ejecutiva socialista excluirá a 20 de sus actuales miembros

Más del 50% de los actuales miembros de la comisión ejecutiva federal del PSOE tendrán que dejar sus puestos si prospera la tesis del secretario general, Felipe González, de que este órgano de dirección debe ser ágil, operativo y pequeño. La duda se mantendrá hasta el congreso de junio, ya que el secretario de organización, Ciprià Ciscar, ha dejado este asunto abierto en la ponencia-marco para que toda la militancia se exprese.

Ciscar también prefiere reducir a la mitad la ejecutiva. Si triunfan estos planes, 20 de los actuales 3 5 ejecutivos acabarán su tarea en junio, fecha del Congreso. Por primera vez, los más de 300.000 militantes del PSOE recibirán en sus casas la ponencia-marco a través de la revista El Socialista.La comisión ejecutiva federal del PSOE aprobó ayer el borrador de la ponencia que ha coordinado Joaquín Almunia. No hubo la más mínima mención del asunto que suele suscitar más controversia en los congresos: el que se refiere, precisamente, al modelo de partido. Ahora se verá qué calado tienen las tres posibilidades que Ciscar ofrece: todo igual es decir, 36 miembros; una _ejecutiva de 11 a 15 miembros, o un órgano de 15 a 19 representantes. Las dos últimas llevan aparejadas la creación de un órgano intermedio de representación territorial. Este sería el lugar de debate de los secretarios regionales con la ejecutiva y con el secretario general.

Hasta 10 cambios se encuentran en el modelo de organización, de partido con respecto al ahora vigente, todos relacionados con una mayor apertura a la sociedad. Por primera vez se propone la democracia paritaria para la elección de cargos en el partido. Si prospera, ningún sexo podrá tener más del 60% ni menos del 40% de representación.

El secretario general, Felipe González, pidió en la reunión de ayer a los suyos "ruptura de ideas". Según asistentes a la reunión, invitó a reflexionar sobre la posición que deben tener los socialistas ante su deber de procurar la compatibilidad de la "globalización de la economía" con la "cohesión social".

Qué debe significar hoy "la solidaridad" es otro de los temas que propone para el Congreso. Que nadie espere de esa asamblea un programa cerrado de propuestas, como ya se están encargando de recordar todos los dirigentes del PSOE. El reparto del tiempo de trabajo sí fue uno de los asuntos que ayer despertó especial interés. El ex ministro de esa cartera Luis Martínez Noval y el secretario general de los socialistas vascos, Ramón Jáuregui, estuvieron especialmente activos en esa materia.

En su intervención, González se refirió extensamente a los jóvenes con el reconocimiento de que se les puede ofrecer una formación sólida pero ninguna certidumbre sobre su futuro.

Ahora se abren cuatro meses para que los militantes del PSOE opinen sobre el trabajo coordinado por Almunia. Antes queda el visto bueno del comité federal del próximo 1 de marzo.

Investigación

Por otra parte, el Grupo Parlamentario Socialista empieza hoy su batalla contra la decisión de la Mesa del Congreso de rechazar que una comisión de investigación parlamentaria pueda conocer la identidad de quiénes están detrás de las 600 actas de Hacienda que, a juicio del Gobierno, han prescrito por negligencia de la Administración socialista. En un escrito que mañana estudiará la Mesa, el Grupo Socialista utiliza la fórmula de la reconsideración para que el órgano de dirección del Congreso atienda las razones, constitucionales entre otras, para que de manera reservada se den los nombres incursos en investigación fiscal. Para los socialistas, es la única manera de demostrar que no practicaron "el amiguismo" que les atribuye el Ejecutivo.Todo puede terminar en el Constitucional. Así lo expresaron dirigentes del grupo parlamentario. socialista después de mantener una reunión en la tarde del jueves para considerar qué medidas podían tomar para que la comisión de investigación no sea "una ratonera". El secretario general del grupo, Jesús Caldera, confirmó ayer la posibilidad de acudir al alto tribunal.

El PSOE está dispuesto a hacer todo lo posible para que la ciudadanía no crea que beneficiaron a unos amigos y que como resultado la Hacienda pública dejó de cobrar 200.000 millones de pesetas. De un plumazo se les ha borrado a los socialistas la impresión de que con ganar el, debate dialéctico todo estaba resuelto. Consideraron un éxito la intervención de su portavoz. Juan Manuel Eguiagaray, estimaron que nada pudieron probar los responsables gubernamentales y que el propio secretario de Estado de Hacienda, Juan Costa, había reconocido que no se podía hablar de delitos.

Pero de poco ha valido todo eso, ya que la comisión de investigación que creará el Parlamento en los próximos días se hará tal y como quieren el PP e Izquierda Unida.