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VIOLENCIA EN EL PAÍS VASCO

El abogado de HB Gorostiza amenaza a un juez por encarcelar a dos integrantes de los 'grupos Y'

El fiscal jefe en funciones de la Audiencia Nacional, Eduardo Fungairiño, presentó ayer una denuncia contra el abogado José Miguel Gorostiza, defensor habitual de Herri Batasuna y de presos de ETA, por proferir amenazas contra el juez Ismael Moreno y fiscal María Dolores Márquez de Prado. En la denuncia figura que el letrado formuló expresiones de índole amenazante y de muerte contra la fiscal y el juez, respectivamente, después de que ella solicitase, y el magistrado acordase, el ingreso en prisión de dos presuntos integrantes de los grupos Y de Navarra implicados en actos de violencia callejera.

Gorostiza acusó a Márquez de Prado de ser "la más dura y la más intransigente", y advirtió: "si quiere guerra, la va a tener". Sobre el juez Ismael Moreno dijo: "Después de la privación del derecho a la libertad está la privación del derecho a la vida".El fiscal considera que estos hechos pueden constituir delito de amenazas del artículo 169 del Código Penal, en relación con el 571, que se refiere a los que pertenecen o actúan al servicio o colaboración con bandas armadas. La denuncia ha sido presentada ante el juez de guardia de la Audiencia Nacional, pero al haberse producido los hechos la semana pasada, el caso deberá pasar a reparto entre los seis jueces de esta jurisdicción.

Las amenazas de Gorostiza se produjeron el viernes 14, después de que prestasen declaración en el juzgado central número 2 de la Audiencia Nacional dos jóvenes de Pamplona, Arantza Rus y Mikel Auza, a los que se imputa el haber participado en algaradas callejeras en la capital navarra. Ambos habían comparecido en varias ocasiones para declarar sobre los mismos hechos y se encontraban en libertad; en esta ocasión habían sido citados por el juez Ismael Moreno a petición de la fiscal Márquez de Prado.

Los dos jóvenes volvieron a negar haber participado en acciones de violencia callejera, pero la fiscal solicitó su ingreso en prisión por su implicación en delitos de estragos y lesiones, así como por la reiteración de las acciones y la alarma social que provocan. Su abogado defensor, José Miguel Gorostiza, pidió la libertad de ambos por entender que las únicas acusaciones que existen contra ellos son las declaraciones de otros jóvenes realizadas cuando se encontraban incomunicados. El juez estimó que los indicios contra los acusados eran suficientes para considerarles autores de los incidentes y acordó la prisión preventiva. Ambos ingresaron en la cárcel de Carabanchel. Arantza Rus se encuentra embarazada de seis meses.

Expulsado por el juez

El abogado, tras ser informado por el magistrado de la decisión que había adoptado de encarcelar a sus clientes, le dijo: "Después de la privación del derecho a la libertad está la privación del derecho a la vida". En ese momento Ismael Moreno expulsó de su despacho a Gorostiza, quien, en la secretaría del juzgado, siguió con sus amenazas, y en referencia a la fiscal profirió: "Si quiere guerra la tendrá". El magistrado puso los hechos en conocimiento de Eduardo Fungairiño, fiscal jefe en funciones de la Audiencia Nacional, que ha presentado la correspondiente denuncia y ha propuesto que se cite como testigos a los funcionarios que presenciaron los hechos.Gorostiza está pendiente de un recurso de casación de la Fiscalía de la Audiencia Nacional ante el Tribunal Supremo por su absolución de un delito de colaboración con bandas armadas. Junto con la también defensora de etarras Arantza Zulueta, Gorostiza mantuvo una conversación con el ex jefe del comando Madrid de ETA José Ignacio de Juana Chaos en a que el abogado se mostraba cansado de sugerir a la dirección de banda que atentase contra directores de prisiones.

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Gorostiza fue absuelto en dos ocasiones por la Audiencia Nacional por considerar que la grabación en la que se registró la conversación entre el letrado y el etarra había sido obtenida ilegalmente y por tanto no se podía considerar la prueba como válida. La primera vez, la Audiencia argumentó que la grabación ordenada por el director de la prisión no se podía tener en cuenta porque vulneraba las conversaciones entre abogado y cliente, y entendía que Gorostiza era el defensor de De Juana.

En cambio, el Tribunal Supremo anuló la sentencia y ordenó que se repitiese el juicio por entender que Gorostiza no era el abogado de De Juana, sino que lo era la otra letrada presente en la conversación, Arantza Zulueta. En la repetición del juicio, otro tribunal distinto de la Audiencia Nacional volvió a absolver a Gorostiza. En esta ocasión, por considerar que la grabación en ningún caso era válida puesto que en la conversación estaba presente Zulueta, que sí era la abogada de De Juana.

Los fiscales de la Audiencia alegaron que un tribunal inferior, como es la Audiencia Nacional, se había apartado de la doctrina del Tribunal Supremo sin que en el proceso o en el juicio hubieran existido elementos nuevos desde que el alto tribunal se pronunció sobre el caso.

El Tribunal Supremo había dictaminado que Gorostiza no había sido el defensor de De Juana en el juicio que se había celebrado ese mismo día por la mañana contra él, por lo que la prueba de la grabación era válida contra. Gorostiza, pero la Audiencia Nacional consideró que la sentencia del órgano superior sólo le vinculaba para repetir el juicio y escuchar la grabación.

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