El verdadero debate

EL CONGRESO de los Diputados convalido el jueves un, decreto ley sobre la televisión digital cuya constitucionalidad será dictaminada por el órgano competente: el Tribunal Constitucional. El partido socialista ha anunciado la presentación de un recurso porque dicha norma entra en el ámbito de la libertad de información, que, como derecho fundamental, no puede ser regulado mediante decreto-ley. Conviene no equivocarse sobre el alcance de este debate parlamentario: por encima de las plataformas digitales y los descodificadores planea una estrategia bien definida del Gobierno para crear un grupo de comunicación afín a sus intereses políticos.Colaboradores directos de Aznar adjudicaron hace tiempo, no sabemos sobre qué bases empíricas, su derrota electoral de 1993 y su escasa ventaja en 1996 a la influencia de este periódico y, en general, de los medios vinculados al Grupo PRISA. Ese mensaje lo han hecho llegar en múltiples ocasiones y por innumerables conductos. Siempre nos ha parecido desmesurada esta apreciación, que encierra un halago en términos de influencia, por cuanto la experiencia revela que los resultados electorales tienen más que ver con los propios Políticos que con la prensa. En la cúpula del Partido Popular germinó la idea de que para garantizar su permanencia en el poder necesitaba, entre otras cosas, limitar la influencia supuestamente negativa del Grupo PRISA para sus intereses políticos y contar con un respaldo mediático alternativo.

Éste es el trasfondo último del debate que se celebró el pasado jueves en el Congreso a propósito de la televisión digital. Los grandes principios que esgrime el Gobierno son apenas el disfraz de una estrategia intervencionista en el sector de los medios para erosionar a los díscolos y favorecer a los amigos. Han sido los medios adictos del Gobierno los que se han encargado de delatar esta operación. Nada nuevo bajo el sol. Ya lo hizo el presidente Dato hace casi ochenta años. José Ortega y Gasset denunció desde las páginas de El Sol aquel otro decretazo que pretendía ''hacer del Estado un percherón que se ponga a arrastrar vetustas carretas particulares" para subirse a ellas el Ejecutivo. Hoy, igual que entonces, en nombre del interés general, se aprueban leyes que llevan, apenas velados, nombres y apellidos de aquellos a quienes se -quiere favorecer y a los que se pretende castigar.

No le falta razón al ministro, de Fomento cuando afirma que el decreto-ley convalidado favorece la competencia. Pero no, como pretende Arias Salgado, la "libre" competencia. Su objetivo primario es frenar a una empresa para favorecer a otra que promueve y controla el Gobierno bajo el liderazgo de Telefónica, una sociedad cuyo presidente debe el cargo a su amistad con Aznar. Aplíquese Arias sus propias palabras del jueves en el hemiciclo: "Nadie, ningún Gobierno en la historia de la democracia española, se ha atrevido a poner un monopolio público a disposición de los intereses de un grupo privado". Nadie, hasta ahora. El Gobierno sigue sin explicar su objetivo, su urgencia, la razón de sus socios y sus permanentes cambios de humor.

Algunos de los que han votado a su favor en el Congreso saben que han quebrado un principio democrático al aprobar, en aras de la estabilidad política, un texto de dudosa legalidad. Varios de los portavoces que se subieron a la tribuna se vieron obligados a excusar su voto afirmativo con el argumento de que su posterior tramitación como proyecto de ley permitirá corregir artículos que posiblemente contravienen normas europeas. Esta decisión hace que las disposiciones que han entrado así en vigor adquieran un carácter Transitorio, de normativa llamada a ser sustituida.

Resultaría conveniente que el Parlamento tramite el proyecto de ley por el procedimiento de urgencia y que en el proceso se eliminen los aspectos indeseables, arbitristas e imposibles que tiene el texto presentado por el Ejecutivo.

En el clima enrarecido en que se produjo el debate resultó preocupante, como síntoma, la insólita intervención del representante del PNV, González de Txabarri. Este diputado arremetió desde la tribuna parlamentaria contra el Grupo PRISA, al que acusó de haber "generado, activado y dirigido una caza de brujas contra el nacionalismo vasco, y el PNV en particular, en los últimos meses". No nos reconocemos en absoluto en el retrato que hizo de nosotros. Utilizar el Parlamento para ajustar cuentas con los medios que se han atrevido a criticar la política de un partido encierra un propósito intimidatorio preocupante. Ya hay bastantes intentos de amedrentamiento de los informadores del País Vasco o que escriben sobre sus problemas como para que un partido democrático como el PNV se sume al coro.

Txabarri subrayó que las posiciones que sostiene su partido son perfectamente defendibles en democracia, pese a lo cual son, en ocasiones, objeto de críticas beligerantes por parte de los medios del Grupo PRISA. Que algo sea defendible implica que es también criticable. Precisamente porque el PNV es un centenario partido democrático estará de acuerdo en que el derecho que les asiste a defender sus posturas es el mismo que permite. a otros criticarlas. Articular el País Vasco sin el Partido Nacionalista Vasco sería inviable. De ahí que sus pronunciamientos deban ser analizados con especial atención. Así ocurre con todos los partidos sobre los que recae la gobernación de un territorio. Es lo que ha hecho y seguirá haciendo EL PAÍS. No hay caza de brujas, sólo el ejercicio de la libertad de expresión, sin la cual no puede haber democracia.