Transporte y caos

LOS TRANSPORTISTAS españoles organizan con cierta periodicidad protestas y movilizaciones que cuestan muy caras a la economía española, sin que la repetición de estos daños y los cambios legislativos alivien la alarma que provocan en los ciudadanos y, a veces, en el propio sistema económico. La patronal Fedatrans convocó hace una semana una huelga que se está extendiendo por el norte de España como reguero de pólvora. Hay ya fábricas amenazadas de cierre por falta de suministros, algunas gasolineras ya no tienen combustible, ocho puertos tienen paralizado el tránsito de mercancías y se extiende el síndrome de escasez -que no equivale a desabastecimiento real- en algunas ciudades. Fedatrans, según las estimaciones más benevolentes, apenas representa al 10% de los transportistas, pero, abusando del factor multiplicador del transporte por carretera, ha generado un conflicto preocupante, que afecta ya a las fronteras francesa y portuguesa. Probablemente la situación se agravará tras la decisión de Fenadismer, la segunda patronal en importancia, de secundar los paros.Pese a su evidente eficacia para generar el desorden, los huelguistas deberían calcular si es beneficiosa para sus intereses la creciente irritación de los ciudadanos por la inquietud que está provocando la huelga. Tampoco estaría de más que recordasen la reciente experiencia de las huelgas de transporte en Francia, que dieron lugar a cuantiosas indemnizaciones por daños y perjuicios pagadas a transportistas de otros países. La pretensión de la organización huelguista de que el Consejo de Ministros apruebe inmediatamente el plan de reestructuración del sector sitúa muy alto el nivel mínimo a partir del cual es posible la negociación. Pero está claro que esa negociación es imprescindible y debe ponerse en marcha rápidamente para evitar que el conflicto se deslice hacía el caos social.

Las peticiones de los huelguistas muestran hasta qué punto el sector ha sido incapaz de resolver sus problemas ancestrales; entre ellos, una excesiva atomización -en tomo al 80% de las empresas cuenta con un solo vehículo-, que se traduce en costes de explotación superiores en un 15% a la media europea, con la consiguiente falta de rentabilidad. En este marco, el plan de reestructuración, enviado al MInisterio de Fomento en noviembre, contiene propuestas admisibles y otras que no lo son tanto. Puede entenderse la repulsa a la economía sumergida o la negativa a trabajar a destajo; su eliminación sería, casi en cualquier caso, un avance. Más discutible resulta el fervor depositado en medidas intervencionistas, como la limitación de las tarjetas de transporte. Y finalmente hay peticiones que parecen excesivas, como el adelanto de la edad de jubilación o la subvención del gasóleo, una prueba más de la escasa flexibilidad del sector para hacer frente a los aumentos de costes del mercado.

Los llamamientos del Gobierno a la negociación resultan tardíos, pero necesarios. Las pérdidas provocadas son ya considerables, pero, antes de que sean astronómicas, la Administración está obligada a una actuación diligente que recobre el hilo de la negociación con los huelguistas; y es exigible a éstos la vuelta inmediata a la vía del diálogo, por más fortalecidas que resulten sus posiciones por el desastroso éxito de su intento de perturbar la vida social. Al fin y al cabo, se están prevaliendo de su ventajosa posición en un sector estratégico.