CiU no apoyó al PP para crear una comisión de investigación sobre la supuesta amnistía fiscal

El supuesto fraude de la administración tributaria socialista al permitir, según el Gobierno del PP, que prescribieran deudas por valor de 200.000 millones de pesetas, abrió ayer otra grieta -junto a la plataforma digital- entre los populares y sus socios catalanes. Los 14 diputados de CiU se abstuvieron en la votación que aprobó la creación de una comisión investigadora sobre la supuesta amnistía fiscal, que salió adelante con 189 votos a favor (los de PP, IU, PNV, Coalición Canaria y Grupo Mixto) y 129 en contra. Francesc Homs, portavoz de CiU, explicó a un grupo de informadores que no podían admitir que el texto final de la propuesta lo hubiese pactado el Grupo Popular con el de IU.

, Homs comentó a un grupo de informadores que la literalidad de la propuesta votada por el Congreso -en la que, entre otras cosas, se pide que la comisión delimite "responsabilidades políticas" por la gestión anterior- era la consecuencia de un pacto entre el PP e IU-IC. Si ellos hacen eso, dijo el portavoz catalán "nosotros no vamos a ir a la rueda". Horris argumentó también que carece de sentido exigir responsabilidades políticas a quien ya no tiene el Gobierno.El debate sobre la comisión sobre la supuesta amnistía fiscal, el asunto que junto con la plataforma digital ha crispado la vida política en las últimas semanas, se inició con una ausencia clamorosa de diputados en sus escaños. Fueron entrando cuando se calentó la discusión entre el. portavoz popular, Jaime Ignacio del Burgo, y el del PSOE, Juan Manuel Eguiagaray.

Antes, Joan Saura, de IU-IC, había anunciado su apoyo a la comisión, aunque advirtiendo que exigirán responsabilidades si el Gobierno no demuestra las acusaciones de amiguismo lanzadas contra el PSOE. El Grupo Mixto se sumó a la creación de la comisión investigadora y Jon Zabalía (PNV) y José Carlos Mauricio (Coalición Canaria) apoyaron con distintas razones la misma pretensión.

Responsabilidades

Fue entonces cuando Del Burgo subió a la tribuna y elevó notablemente el tono de la discusión advirtiendo que iba a referirse a "uno de los capítulos más oscuros y lamentables de la gestión del Gobierno anterior". Para Del Burgo, como ya dejara claro el secretario de Estado de Hacienda, Juan Costa, ante la comisión de Economía y Hacienda, no hay responsabilidades de los funcionarios, sino que se trata de explorar "responsabilidades políticas".

El portavoz popular se preguntó si "hubo instrucciones para paralizar los expedientes", y si fue "el azar u otras circunstancias menos confesables" las que determinaron que 600 expedientes con deudas tributarías de unos 200.000 millones hayan prescrito. Del Burgo siguió caldeando el ambiente al referirse al "triste sino del PSOE, que por una u otra razón acaba siempre enredado en la madeja de los poderosos".

Eguiagaray, en nombre del PSOE arrancó su intervención devolviendo las acusaciones y apuntando a la cabeza del PP. Según el portavoz socialista, ha sido "el presidente del Gobierno" quien ha llevado el debate a los términos actuales, y el Gobierno popular quien ha desencadenado una campaña-de "calumnias e injurias contra el PSOE".

Eguiagaray volvió a negar que se pueda hablar de 200.000 millones perdidos, puesto que se trata de derechos que están en litigio, y negó también que hayan prescrito tales expedientes, porque no existe jurisprudencia del Tribunal Supremo.

Además, acusó al PP de "hacer trampa" porque impiden que los expedientes en cuestión puedan ser examinados por la comisión de investigación, y volvió a insistir en que las acusaciones de los populares suponen que se han cometido delitos y que "no pueden sostenerse esos criterios si no es acusando de prevaricación a los funcionarios" que tenían la responsabilidad de la tramitación de los expedientes.

El portavoz socialista, insistiendo en las acusaciones personales al presidente del Gobierno, añadió: "No es posible que el señor Aznar mienta y no pase nada en este país".

Por otra parte, un informe jurídico de la Secretaría General del Congreso ha concluido que la comisión de investigación no podrá ver las actas que afecten a personas que no hayan ocupado cargos públicos.

Así lo explicó en rueda de prensa el portavoz de la Mesa del Congreso, el diputado de CiU Josep López de Lerma, quien indicó que el informe conocido ayer por el órgano de gobierno de la Cámara fue encargado por el presidente de la Institución, Federico Trillo, a petición del PSOE e IU.

López de Lerma significó que el informe jurídico llega a las mismas conclusiones a las que llegó la Mesa la pasada semana, cuando decidió por mayoría acotar la propuesta del PSOE en la que se pedía que la comisión pudiera ver los 600 expedientes que van a ser investigados.