Liaño quiere que Serra declare como imputado de filtrar a la prensa los 'papeles del Cesid'

El juez Javier Gómez de Liaño acusó ayer en un auto al gabinete del ministro de Defensa, Eduardo Serra, de filtrar a la prensa los documentos en los que se pedía la desclasificación de los papeles del Cesid y en los que se transcribía su contenido. El instructor del caso Lasa y Zabala cree que ese hecho constituye un delito de "revelación le secreto sumarial" por lo que consulta al Supremo para que decida si el ministro debe ser interrogado como testigo o imputado. Pero el juez prefiere que lo haga como imputado, porque si no podría haberle pedido ya testimonio por escrito.

, Magistrados de la Sala Segunda del Tribunal, Supremo mostraron ayer su extrañeza por la decisión de Gómez de Liaño, ya que dicho tribunal no tiene carácter consultivo para órganos inferiores. En todo caso, señalaron, si el juez considerase que hay indicios racionales de criminalidad en la actuación del ministro, debería elevar una exposición motivada a la Sala Segunda. El Supremo estudiaría entonces si los indicios son suficientes, o no y decidiría si se quedaba con el caso o lo devolvía al magistrado. El 16 y 17 de diciembre de 1996, El Mundo y EL PAÍS publicaron el contenido de los papeles del Cesid, transcritos en las exposiciones que los jueces Garzón, Gómez de Liaño y Justo Rodríguez enviaron al Ministerio de Defensa instando su desclasificación. Gómez de Liaño se incautó del documento manejado por este periódico, cuya portada había sido reproducida fotográficamente, aunque no reclamó a El Mundo sus papeles.Con el documento intervenido en EL PAÍS se realizaron dos pruebas periciales, después de contar con "la impronta indubitada" de los sellos el Registro de Entrada del Ministerio de Defensa y del Gabinete del Ministro, que fueron obtenidos de forma sucesiva. La sección de Documentoscopia de la Comisaría General de Policía Científica señaló en dos ocasiones, el 8 y el 14 de enero, que no era posible establecer una identidad plena entre el sello que figuraba en el documento incautado a EL PAÍS y los del Ministerio de Defensa.

Primer informe

En su primer informe, los peritos concluyeron que "Ias limitaciones técnicas derivadas de la deficiente calidad de la reproducción del sello húmedo cuestionado en modo alguno permiten una identificación plena" y que, "aún teniendo en cuenta la concordancia morfológica entre los distintos elementos" de ambos sellos, "no era posible establecer una identidad plena entre una y otra estampación".

A la vista de este resultado, el juez ordenó que se comprobasen los sellos que tenía el original entregado en el Ministerio de Defensa, por lo que la secretaria judicial se personó el 10 de enero en dicho departamento y requirió el original, que le fue exhibido, así como una copia con todos los sellos, que se llevó al juzgado, después de comprobar los datos sobre numeración de entrada en el libro de registro.

Con el nuevo documento se hizo un segundo dictamen. Los peritos examinaron por transparencia el sello publicado en EL PAÍS. y el original del acta y comprobaron "una correspondencia fiel" en algunos elementos, como "el tamaño del recuadro, vestigios de las leyendas, del interior, líneas horizontales y de puntos del sello". Sin embargo, reiteraron "que no era posible establecer una identidad plena entre una y otra estampación".

El 28 de enero, los peritos ratificaron sus informes, señalando que no era posible establecer la identidad plena de los sellos. Sólo a preguntas de Gómez de Liaño añadieron, según el auto, que "con arreglo a su leal saber y entender tenían el convencimiento de la identidad" de ambos.

Pese a que los informes periciales no son rotundos y a que el documento, tras su entrada en Defensa, circuló por varios organismos -el Ministerio de la Presidencia, el Consejo de Estado, el Servicio Jurídico del Estado y la Sala Tercera del Tribunal Supremo, entre otros- el juez considera que las actuaciones realizadas "toleran concluir, con fundamento, que la filtración y posterior divulgación [...] tuvo su fuente en el Gabinete del Excmo. Sr. Ministro de Defensa".

Se basa para ello, entre otros argumentos, en las declaraciones efectuadas el 20 de diciembre por el secretario de Estado de Comunicación, Miguel Ángel Rodríguez. "Todo parece indicar que el documento ha salido una vez que ha entrado en el Ministerio de Defensa", dijo Rodríguez.

Al día siguiente, en una comunicación al Consejo General del Poder Judicial, Gómez de Liaño ya señalaba que "todos los indicios apuntaban al propio Ministerio de Defensa como causa del indebido quebranto del secreto sumarial".

El magistrado concluye que el siguiente paso sería conocer la versión del destinatario de la exposición razonada elevada al Gobierno: el ministro Eduardo Serra. Pero como Serra es aforado, el juez ha remitido las diligencias a la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, para que decida si la versión del ministro debe conocerse a través de mero testimonio por escrito -como testigo- o, por el contrario, mediante "narración documentada precedida de una imputación generadora de derechos".