El fiscal del Estado se suma al Gobierno en su guerra digital contra Sogecable

La Fiscalía General del Estado dio cuenta anoche, a través de una nota de prensa, de la remisión a la Fiscalía Anticorrupción de la documentación sobre pagos "por parte" del anterior presidente de la Comunidad de Madrid, Joaquín Leguina, a la empresa Ferrer Europa. En la misma nota, el fiscal informa que ha instado de la. Fiscalía Anticorrupción la apertura de diligencias informativas, fundamentadas en "un escrito-denuncia recibido en esta fiscalía" sobre "posibles irregulariades cometidas en la gestión de determinadas empresas relacilonadas con Antena 3 y Gestora de Medios Audiovisuales". Ortiz Úrculo une en la misma nota dos denuncias con las que se suma al Gobierno en su guerra digital contra Sogecable: la referida al caso Ferrer, en la que se ha intentado implicar a Jesús de Polanco, y la dirigida contra Antena 3 TV, presidida por Antonio Asensio.

, Jesús de Polanco y Antonio Asensio son los dos firmantes el acuerdo sobre los derechos del fútbol y de la plataforma digital de Sogecable, Canal Satélite Digital. Desde que se produjo la firma de esos acuerdos, el Gobierno de José María Aznar ha iniciado distintas acciones contra la plataforma promovida por Sogecable, en beneficio de la que impulsa a través de Telefónica, Televisa y RTVE. En la nota difundida anoche, el fiscal general del Estado, Juan Ortiz Úrculo, oculta que la denuncia contra Antena 3 es anónima, según han confirmado a este periódico fuentes de la propia fiscalía.El fiscal general volvió a utilizar anoche el fax para dar cuenta, mediante una de sus ya habituales notas de prensa, de la remisión a la Fiscalía Anticorrupción de documentación tan variopinta como la relacionada con los pagos del anterior presidente de la Comunidad de Madrid, el socialista Joaquín Leguina, a la empresa Ferrer Europa, y un escrito-denuncia de dudosa procedencia contra Antena 3 y Gestora de Medios Audiovisuales sobre el que ya ha instado, sin más, la apertura de diligencias informativas.

El fiscal del Estado ya había utilizado este mismo método. para anunciar la remisión a la misma fiscalía especial de la supuesta amnistía fiscal del PSOE por importe de 200.000 millones de pesetas; para convocar la Junta de Fiscales de Sala que revisó las pruebas contra Felipe González en el caso GAL, y para "desmarcarse" de la posición de dicha Junta el mismo día que González quedó exonerado de acudir al Supremo.

La nota de Úrculo

La nota de la Fiscalía del Estado señala: "Se ha recibido en la Fiscalía General del Estado, procedente de la Fiscalía del Tribunal de Cuentas, documentación relativa al pago de diversas cantidades por parte del antiguo presidente de la Comunidad Autónoma de Madrid a la empresa Ferrer Europa. Tratándose de una materia que, por su contenido, pudiera ser de la competencia de la Fiscalía Especial para la Represión de los Delitos Económicos Relacionados con la Corrupción, se ha procedido a remitir la documentación indicada a la citada fiscalía especial para que proceda a practicar las diligencias oportunas con el fin de determinar si los hechos pudieran ser constitutivos de delito". "Con esta misma fecha y con la finalidad de esclarecer el verdadero alcance de los hechos denunciados, determinar si los mismos pudieran ser constitutivos de infracción penal, y en su caso, iniciar las acciones legales pertinentes, se ha remitido a la mencionada fiscalía especial escrito-denuncia recibido en esta Fiscalía General y en el que se da cuenta de posibles irregularidades cometidas en la gestión de determinadas empresas relacionadas con Antena 3 y Gestora de Medios Audiovisuales. Se insta así la incoación de la diligencias informativas previstas en la ley 50/1981 de 30 de diciembre [el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal], dando cuenta de su resultado a esta Fiscalía General".

Fuentes del ministerio fiscal sitúan la procedencia del "escrito-denuncia" contra Antena 3 en torno a las fechas en que se firmaron los acuerdos entre Antena 3 y Canal + para retransmisión de partidos de fútbol. Según dichas fuentes, se trata de una "denuncia anónima" pero con detalles suficientes que "dan la impresión de haber sido hecha por alguien de dentro, con bastante información".

Aunque en principio esta denuncia no suscitó excesivo entusiasmo entre los órganos técnicos de la Fiscalía del Estado, su tramitación fue encomendada a un fiscal que despachó directamente el caso con Úrculo. Y así, cuando el asunto estaba olvidado y se esperaba su archivo, ayer salió para la Fiscalía Anticorrupción por decisión del fiscal del Estado y con marchamo de "incoación de diligencias informativas".

La remisión a la Fiscalía Anticorrupción de "documentación relativa al pago de diversas cantidades por parte del antiguo presidente de la Comunidad de Madrid a la empresa Ferrer Europa" ha indignado al socialista. Joaquín Leguina. "La nota de la Fiscalía carece de rigor porque las órdenes de pago en la Comunidad de Madrid, y en cualquiera otra, no las da el presidente", comentó a este periódico Leguina.

Con respecto al denominado caso Ferrer, el Gobierno de Alberto Ruiz-Gallardón (PP) abrió una investigación tras conocer, por una llamada de El Mundo, que la Comunidad de Madrid había contratado con el grupo Ferrer en 1991, cuando gobernaba Leguina. Antes de que finalizara la investigación, El Mundo publicó que Leguina había pagado 15,1 millones a distintas empresas del grupo Ferrer por cuatro estudios "inexistentes" y que "nadie encontraba", pese a que los pagos fueron ordenados por directores generales y consejeros, en ningún caso por el ex presidente regional.

El Mundo vinculó en su denuncia de pagos irregulares al grupo de empresas Ferrer con la empresa Hispacomín, perteneciente al grupo Timón, presidido por Jesús de Polanco, presidente de PRISA y de EL PAÍS. Días después, El Mundo reprodujo un nota del grupo Timón donde acreditaba que e octubre de 1992 había abandonado el consejo de administración de Ferrer Europa "alarmado por la marcha de la compañía".

Tan sólo uno de los pagos de la Comunidad de Madrid a Ferrer Europa (2,9 millones) se realizó antes de que Hispacomín abandonara la compañía. Además, otra de las empresas del grupo Ferrer, Santa Fe, que recibió un contrato de la Comunidad por seis millones, era propiedad de Eulalio Ferrer hijo, su mujer y un cuñado. En ningún momento estuvo participada por Hispacomín ni por el grupo Timón. La investigación de la Intervención General de la Comunidad de Madrid aclaró que no se había pagado por cuatro estudios sino por dos. Los otros dos contratos consistían en una subvención por crear empleo y en un asesoramiento técnico para celebrar unas jornadas sobre formación laboral en México.