Interior retira la orden policial de fichar por meras sospechas a los ciudadanos y promete cambiarla

Interior ha dado marcha atrás. El Ministerio dejó ayer en suspenso la circular 1197 sobre Captación de datos de interés para la seguridad ciudadana para adecuarla a la Ley de Tratamiento Automatizado de Datos de carácter personal, además de anunciar la "revisión y modificación" de esa directriz. La Agencia de Protección de Datos, que ayer se reunió con el viceministro de Seguridad, Ricardo Martí Fluxá, cree que la instrucción policial vulnera la ley, ya que sólo se puede fichar a alguien cuando su conducta entrañe "un peligro concreto" y no "por sospechas genéricas". El Defensor del Pueblo también ha abierto una queja de oficio a Interior y reitera que es necesario un reglamento que regule los bancos de datos policiales.

Interior decidió ayer "proceder a la revisión y modificación en un futuro próximo [de la circular 1 / 97] y adecuarla, de acuerdo con la Agencia de Protección de Datos, a las previsiones del artículo 20 de la Ley Orgánica de Regulación del Tratamiento Automatizado de Datos de carácter personal" (LORTAD), según informó ayer el departamento que dirige el ministro Jaime Mayor Oreja.Esta decisión fue adoptada tras una reunión en la que estuvieron el viceministro Martí Fluxá, el director general de la Policía, Juan Cotino, y el subdirector operativo de la Policía, Pedro Díaz-Pintado, junto con el director de la Agencia de Protección de Datos, Juan Martín Casallo, y la jefa de su asesoría jurídica, María José García Beato.

La circular interna difundida hace unos días a todas las jefaturas superiores de policía establece que los 25.000 agentes adscritos a la Comisaría General de Seguridad Ciudadana recaben datos sobre vecinos "sospechosos" por llevar una vida irregular y otras circunstancias "aparentemente intrascendentes". La orden exhortaba a los policías a contar con la colaboración de vigilantes jurados, detectives, informadores comerciales y hasta guardas de campo.

La Agencia de Protección de Datos (APD) señaló a Martí Fluxá que "no se puede hacer una ficha" a cualquier ciudadano por simples sospechas genéricas, sino que deben existir contra ellos indicios fundados de que su conducta supone "un peligro real" para la seguridad del Estado. Martín Casallo pidió a Interior que esta instrucción se adapte escrupulosamente a lo dispuesto en el artículo 20 de la Ley Orgánica de Regulación del Tratamiento Automatizado de Datos de carácter personal o, en caso contrario, "que el Parlamento cambie lo dispuesto en esta ley".

El ministro del Interior, Jaime Mayor Oreja, aseguró que los datos recabados al amparo de esta circular no serán necesariamente informatizados y que sólo se introducirán en los ficheros del GATI (Grupo de Análisis y Tratamiento de la Información) aquellos que estén constrastados y tengan valor operativo. El pasado sábado, según recogió el domingo Abc, Mayor Oreja dijo que había "intereses políticos" en la publicación por EL PAÍS de la circular "para cambiar el actual estado de opinión en torno al Ministerio del Interior

Queja de oficio

El Defensor del Pueblo, Fernando Álvarez de Miranda, ha planteado una queja de oficio ante el Ministerio del Interior, a la vez que le ha solicitado una copia de la polémica circular "para estudiar si afecta a los derechos fundamentales", al margen del dictamen que le merezca en su día a la APD.El Defensor del Pueblo recuerda que el tratamiento informatizado en el GATI y en otros bancos de datos policiales ya ha sido una cuestión tratada en sus tres últimos informes anuales a raíz de diversas quejas ciudadanas. En el de 1994, el Defensor se congratulaba de que Interior hubiera difundido en julio de ese año una Orden interna para regular los ficheros con datos de carácter personal, pero señalaba que es "insuficiente" porque "con ello no se da una respuesta suficiente respecto a las garantías" establecidas en -la LORTAD.

El Defensor del Pueblo volvió a insistir en que es necesario elaborar una norma de mayor rango -un reglamento con carácter de decreto-ley- que desarrolle lo dispuesto por la ley en "una materia tan especialmente sensible como esta". Ese decreto gubernativo debería pasar antes "el filtro" del Consejo de Estado.

El director de la Guardia Civil, Santiago López Valdivielso, también terció ayer en relación a la polémica suscitada por la circular policial difundida el pasado sábado por EL PAÍS y señaló que en el instituto armado no se ha recibido una instrucción similar, informa López Valdivielso quitó importancia al asunto al indicar que la circular "no plantea un ataque a los derechos fundamentales de las personas".

En opinión del jefe de la Guardia Civil "se ha exagerado un poco sobre el contenido de la circular, "cuya redacción no era, desde luego, la más afortunada del mundo", dijo, "pero sobre todo, respecto a la intención de la nota, de la que estoy seguro que no intentaba para nada vulnerar derecho alguno, sino mejorar la seguridad ciudadana".

Izquierda Unida, que pedirá que el director de la Policía dé explicaciones en el Congreso, arremetió contra la circular. Entiende que ésta constituye "un gravísimo atentado al Estado de derecho, sólo comparable al Estado policiaco que ha amparado las actitudes nazis", según Miguel Reneses, coordinador general de Áreas en Madrid.