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Rato y Costa reconocen que no hay pruebas de la paralización 'política' de 600 expedientes

No fue la rectificación que exige airadamente el PSOE, pero sí un paso atrás del Gobierno en las acusaciones de los últimos días por la supuesta amnistía fiscal concedida por los socialistas a 600 contribuyentes amigos. El secretario de Estado de Hacienda, Juan Costa, primero, y el vicepresidente segundo del Gobierno y ministro de Economía, Rodrigo, Rato, después, reconocieron ayer públicamente que no existe ninguna prueba de que los expedientes de la discordia se paralizaran por una decisión política. Una vez hecho lo más duro -admitir que el Gobierno y el PP acusaron sin pruebas-, ambos mantuvieron que Hacienda no podrá cobrar los ya famosos 200.000 millones.

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La escalada de la tensión

Los declaraciones de Costa y de Rato se produjeron con escasas horas de diferencia. Primero fue Juan Costa. En el programa Los Desayunos de Radio Nacional, se desmarcó de la utilización política que ha hecho del caso el PP y admitió que no hay pruebas.Los hechos. Sin entrar en valoraciones políticas, Costa se limitó, dijo, a señalar "hechos". "Hay unos retrasos injustificados y esos retrasos injustificados producen unas determinadas consecuencias económicas. Y hay un factor que puede aglutinar [ ... ] las razones por las que se han producido esos retrasos, que es la mala dirección política de anteriores gobiernos".

No hay pruebas. "No tengo ninguna prueba de que los expedientes se paralizaran por una decisión política" señaló Costa. "Si la tuviera, estaría obligado a comunicarlo a la Fiscalía". "El Gobierno", concluyó, "lo que ha querido es constatar una situación que arranca en 1991 ".

Deuda incobrable. Pero las deudas tributarías, los 200.000 millones, "no podrán ser cobradas por mucho que insista la Administración", insistió Costa.

Ni documentos ni cartas. Pocas horas después, Rodrigo Rato, que participó en un seminario organizado por The Economist y Argentaria, intentó quitar hierro a la afirmación de Costa, pero reconoció que no dispone de pruebas documentales. Rato admitió que "no hay documentos ni cartas" que prueben la supuesta responsabilidad socialista "pero sí unos hechos que el actual Gobierno ha denunciado ante la opinión pública y que no deben quedar sin aclarar". "Es indudable", dijo, "que se han producido hechos graves durante años y retrasos injustificados".

Debate sosegado. El vicepresidente pidió al PSOE que no involucre a los tribunales en el caso y se mostró partidario de que se abra un debate "sosegado y riguroso". Rato expresó su "indignación" porque el PSOE haya acusado al Tribunal Económico Administrativo Central (TEAC), de actuar bajo la presión del Gobierno, "es una acusación y un insulto gravísimo a un tribunal independiente", dijo.

"El PSOE lo sabía". A juicio de Rato, lo importante del caso es que hubo retrasos en la inspección y que "el PSOE lo sabía".

A los tribunales. En la misma línea, el diputado del PP Ramón Aguirre aseguró que si el Gobierno hubiera dispuesto de alguna prueba documental, habría ido directamente a los tribunales. La "lógica" ausencia de pruebas, en su opinión, no resta validez a la denuncia política efectuada.

Solbes responde. Las declaraciones de Rato y de Costa provocaron la inmediata respuesta socialista. En declaraciones a TVE, el ex ministro de Economía Pedro Solbes calificó de "radicalmente falso" que exista un agujero de 200.000 millones en Hacienda porque "aún no hay jurisprudencia del Supremo [sobre la prescripción de expedientes]". Igualmente falsa, en su opinión, es la afirmación de que hubo negligencia por parte de la Administración socialista. "O se modifica lo que se ha dicho o seguiremos para intentar aclarar este tema" concluyó.

Eguiagaray exige. El diputado Juan Manuel Eguiagaray señaló que si tanto Costa como Rato reconocen que no tienen pruebas "han faltado a la verdad, han calumniado y han injuriado y por lo tanto tienen que rectificar".

Almunia amenaza. Con dureza, Joaquín Almunia, portavoz del grupo parlamentario, aseguró que desde el PSOE "vamos a ir hasta las últimas consecuencias y quienes hayan mentido tendrán que dar la cara". El primero que "dará la cara" será Juan Costa, que comparecerá en el Congreso el próximo día 29.

CEOE opina. También hubo pronunciamiento de la CEOE. Poco antes de intervenir en el mismo foro en el que participó Rato, el presidente de la patronal, José María Cuevas, aseguró que la polémica "tiene una gran trascendencia por la imagen que se pueda dar al ciudadano sobre si se han cumplido o no las normas". "Este tema se tiene que aclarar cuanto antes" añadió.

El BBV insiste. El presidente del BBV, Emilio Ybarra, aseguró que a su grupo "no se le ha producido ningún beneficio" por la paralización de los expedientes de Hacienda.

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