Adopción selectiva

LA GENERALITAT de Cataluña revisará todo el proceso de adopciones tras el alud de críticas desatado al conocerse que el nuevo reglamento de protección de menores y adopciones incluía algunos requisitos sospechosos de insconstitucionalidad. Concretamente, entre otros, la exigencia de un informe médico de esterilidad como requisito previo para que una pareja pueda ser admitida al proceso de selección para adoptar.En realidad, la aprobación del reglamento sólo ha sido el detonante de un malestar larvado. La virulencia de la explosión ha sido proporcional a la intensidad con que los padres aspirantes tenían que reprimir sus quejas por miedo a ser considerados no idóneos. Porque la mayor parte de los requisitos que contempla el reglamento eran ya exigidos por la Dirección General de Infancia desde hacía tiempo y la misión del decreto aprobado por el Gobierno catalán era precisamente dar carta legal a una práctica ya consolidada en la que las parejas se sentían tratadas como sospechosas de psicopatías o de oscuras intenciones. Especialmente si, desanimadas por las largas esperas, se inclinaban por solicitar un niño extranjero. En este caso, las trabas se multiplicaban y algunas asociaciones que trabajan para encontrar hogares a niños del Tercer Mundo han expresado su convencimiento de que en ello subyace un trasfondo xenófobo.

Más allá de las interpretaciones que puedan hacerse, el reglamento contiene un muestrario de disposiciones que revela una mentalidad intervencionista mas preocupada por cerrar puertas que por abrirlas. Las parejas admitidas deben reunir nada menos que 28 criterios de idoneidad, que van de la "flexibilidad en las, actitudes", a la "capacidad de elaboración de las experiencias traumáticas vividas". Sorprende que una Administración que ha sido pionera en políticas de protección de menores haya llegado a este extremo de intervencionismo y arbitrariedad.

La explicación más socorrida, la que ofrece la consejera de Justicia, Nuria de Gispert, es que los responsables de Infancia se han dejado llevar por un exceso de celo en su propósito de buscar lo mejor para el menor. Pero en esta desmesura hay también una buena dosis de prepotencia, algo que se está observando también en otros ámbitos de la Generalitat. Cuando un Gobierno lleva tantos años decidiendo sin sentirse en la obligación de dar demasiadas explicaciones, es fácil que pierda de vista la realidad y se crea con derecho a decidir por los demás, e incluso, como ocurre en el caso de las adopciones, a inmiscuirse en las vidas privadas con unos criterios ideológicos y religiosos que, por respetables que sean, no dejan de ser particulares.