El Supremo practicará las pruebas sobre los 'papeles del Cesid' en 20 días

El pleno de la Sala Tercera de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Supremo acordó ayer iniciar el plazo de 20 días para que propongan las pruebas que estimen pertinentes las partes de los tres recursos contra la decisión gubernamental de mantener secretos los papeles del Cesid, reclamados por tres jueces para causas penales relacionadas con los GAL, así como para practicar dichas pruebas. Fuentes del Tribunal Supremo calculan que el pleno dictará las tres sentencias antes de dos meses.

La reunión del pleno de la Sala Tercera del Supremo -integrada por 32 magistrados y presidida por Ángel Rodríguez García- duró poco más de una hora y concluyó con el acuerdo de "recibir el pleito a prueba". Algunos magistrados de la sala explicaron que esta decisión significa que "hay hechos controvertidos relevantes para el proceso que justifican la apertura del periodo de prueba".Los magistrados mostraron su sorpresa ante las expectativas creadas por quienes parecían esperar que ayer se produciría una decisión sobre la desclasificación o no de los documentos del Cesid que el Gobierno mantiene secretos "e interpretan como un retraso lo que es un trámite obligado".

Unanimidad formal

Algunos magistrados se opusieron al recibimiento del pleito a prueba, pero no formularon ningún voto particular, por lo que, según fuentes de la mayoría, "Formalmente el acuerdo fue adoptado por unanimidad". A partir de ahora, se abre un plazo común de 20 días naturales [cuentan también los festivos] tanto para que las partes propongan las pruebas que desean que se practiquen como para practicarlas. La ley de Protección Jurisdiccional de los Derechos Fundamentales de la Persona, por la que se tramitan los tres recursos, establece que "el periodo probatorio no será superior a 20 días, comunes para la proposición y la práctica".Una vez propuestas las pruebas, el pleno de la Sala Tercera del Supremo tendrá que reunirse de nuevo para decidir sobre su práctica. Concluida la prueba, el plazo para dictar sentencia es de tres días, según la mencionada ley, si bien fuentes de la Sala reconocen que este plazo no suele cumplirse, por exceso de trabajo. Los cálculos más solventes estiman en dos meses, a partir de ahora, la resolución del caso de los papeles del Cesid, si bien no se descartan complicaciones. La primera de ellas, según un magistrado, es que alguna parte -especialmente probable el abogado del Estado- recurra contra la decisión de ayer, lo cual retrasaría el comienzo del plazo de 20 días del periodo de prueba y, en consecuencia, el de la sentencia.

Aunque formalmente ninguna parte ha propuesto pruebas, ya que no estaba abierto el plazo procesal para hacerlo, el fiscal ha insistido en los sucesivos informes sobre los tres recursos en el examen "in camera" de los documentos del Cesid cuyo secreto se impugna. Tal prueba consiste en que un número reducido de magistrados examine los documentos auténticos del Cesid para contrastar si coinciden con los difundidos y, en caso negativo, comprobar si afectan a la seguridad del Estado. El vicepresidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Luis López Guerra, declaró ayer a Europa Press que el examen "in camera" propuesto por el fiscal podría ser una vía, pero eso requeriría una reforma legislativa". Por su parte, la vocal Angeles Huet apuntó que "las facultades de interpretación del Supremo" podrían llenar la laguna, si bien "la seguridad jurídica reclama una reforma legislativa", dijo.

Solución: los tres ponentes

Habida cuenta que en el proceso contencioso -administrativo, la tramitación de los recursos corre a cargo de los respectivos ponentes, fuentes de la Sala Tercera del Supremo señalan que la solución sería en este caso que el pleno de la sala delegara en los tres ponentes para el examen de los documentos del Cesid. La sala no decidió ayer sobre esa fórmula, que un magistrado estimó "no extravagante ni descabellada".De adoptarse este criterio, los magistrados que examinarían los documentos serían Gustavo Lescure Martín -ponente del recurso que impugna la clasificación como secretos de los documentos reclamados por el juez Javier Gómez de Liaño, que investiga el caso Lasa-Zabala-, Enrique Cáncer Lalanne -ponente del recurso contra el secreto de los papeles del Cesid que afectan al caso Lucía Urigoitia y reclama su juez instructor, Justo Rodríguez- y Ramón Trillo Torres -ponente del recurso contra el secreto impuesto por el Gobierno sobre los documentos que afectan al caso Oñederra, según el juez Baltasar Garzón-.