El juez decano propone 'privatizar' las subastas para acabar con los mafiosos
La vía más factible para acabar "con la mafia de los subasteros" pasa por reformar la ley y dar cobertura "a un modelo de subastas privado", sostiene el nuevo juez decano de Madrid, Fernando Fernández Martín. Y así lo va a proponer en la comisión. de estudios para la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Civil, "a la que he sido invitado", explica.En la actualidad, cuando una persona deja de pagar la hipoteca de su piso, es el juez quien, a propuesta del acreedor (normalmente, el banco), embarga el inmueble y lo adjudica al mejor postor en una subasta. Aunque las subastas son públicas y en ellas puede participar cualquier persona, la dura realidad era -y es- que la mayoría de los pisos, algunos muy baratos, siguen acaparándolos las mismas personas, los subasteros.
Hace casi tres años (después de que una treintena de subasteros fuesen condenados por amañar pujas), la anterior decana de Madrid, Manuela Carmena, la Comunidad de Madrid y el Colegio de Abogados convinieron en crear una oficina, asistida por abogados, que informase periódicamente de los pisos que salían a subasta y asesorase a las personas de buena fe interesadas en adquirir un piso barato en subasta. Se trataba de hacer competencia a los pujadores profesionales. "Publicidad sí hay, pero la oficina no ha dado ningún resultado; no se ha conseguido el objetivo principal: acabar con el monopolio de los subasteros", asegura el nuevo juez decano.
Han pasado muchas personas por los juzgados hipotecarios, pero se cuentan con los de dos las que han logrado adjudicarse un piso. Los subasteros, de hecho, siguen a pie de cañón. Bien personalmente o bien a través de testaferros (algunos están condenados). El decano no tiene muy claro aún el futuro de la citada oficina, aunque "de momento", subraya, "seguirá funcionando".
En una entrevista a EL PAÍS con motivo de sus primeros 60 días al frente de los juzgados, el decano explica su proyecto: "He dicho muchas veces que el monopolio de los subasteros debe desaparecer. La oficina de subastas no ha dado ningún resultado, y habría que pensar en un modelo de subastas privado, pero bajo un estricto control judicial".
El decano sugiere que los jueces, una vez embargado un piso, ofrezcan a su dueño la posibilidad de venderlo él mismo en el mercado. Eso sí, el juez fijaría "el precio mínimo de ven ta del inmueble y el plazo de tiempo máximo para hacerlo". "si logra venderlo, bendito sea, habrá conseguido el dinero que adeuda al acreedor, y él se quedará el resto".Si, por contra, transcurre el plazo fijado y no logra enajenarlo, se encargaría esta misión "a una empresa privada concertada", que también se sometería al plazo temporal y económico fijado por el juez. "El dinero se entregaría al juzgado, que abonaría la deuda y daría el sobrante al deudor. La empresa privada se llevaría una comisión, que también se fijaría previamente. Si fallan ambos pasos, la subasta la efectuaría el juez, como ahora".
"No soy el jefe de los jueces ni el inspector de mis compañeros"
Los rostros esculpidos de dos fervorosos defensores del imperio de la ley -el emperador Justiniano y Alfonso X, el rey Sabio- cubren un lugar destacado del despacho que el decano ocupa en la primera planta de la plaza de Castilla. Fernando Fernández Martín, de 33 años, llegó hace dos meses al cargo arropado por la Asociación Judicial de la Magistratura (mayoritaria y conservadora).Algunos colegas le reprochan su política de tierra quemada sobre los logros -departamento de quejas, servicio telefónico de información al usuario..- de su antecesora. Él tira del programa, el que le condujo al primer sillón de la plaza de Castilla, y desmiente que su gestión se asemeje en nada a la del bárbaro Atila. "Ilusión y muchas ganas de trabajar" le han traído los Reyes al representante de los 186 jueces de Madrid. Setecientos funcionarios tiene a su mando.
Pregunta. ¿Qué es un juez decano?
Respuesta. Representa a sus compañeros ante los poderes públicos, gestiona los servicios comunes de los juzgados y se encarga de la prestación correcta y eficaz del turno de guardia. Pero no es un jefe de jueces.
P. Se quejan sus colegas de instrucción de la decisión del Consejo del Poder Judicial de suprimir los dos días de descanso tras las guardias.
R. Las quejas de mis compañeros son mis quejas. Y, además, les asiste toda la razón. El juzgado de guardia de Madrid presenta una complejidad muy especial. Son 24 horas frenéticas de actividad. Eso requiere un descanso proporcional al servicio prestado. El reglamento del Consejo debe ser corregido inmediatamente y adaptado a las necesidades de Madrid.
P. Pero mantener los dos días de descanso implica tener cerrados a diario seis juzgados.
R. Si no son dos días, que sea uno... No vamos a entrar en cuál debe ser la cuota de descanso. Pero es inaceptable que, tras una guardia, el juez tenga que incorporarse al juzgado el día siguiente. No es necesario cerrar ningún juzgado: existen fórmulas alternativas, y pueden seguir funcionando sin necesidad de que el juez esté presente. El juez, normalmente, se va a casa sin dormir.
P. Por los juzgados (nueve plantas de altura) pasan diariamente unas cinco mil personas. Sin embargo, no existen escaleras exteriores de evacuación antiincendios.
R. Vamos a crear nuevas salidas de emergencia; las que hay son insuficientes. A pesar de que existen deficiencias, muchas veces nos vemos obligados a desalojar el edificio, por amenaza de bomba u otra incidencia, y éste se efectúa con perfecta coordinación y en escaso, tiempo. En los juzgados de lo civil se van a aislar con mamparas los ascensores, para evitar que actúen como chimeneas ante un incendio.
P. Algunos de sus colegas dicen que sus dos primeros meses de gestión se caracterizan por una política de tierra quemada sobre los logros de su antecesora.
R. Acepto las críticas. Son lógicas y recomendables. Pero no son ciertas muchas de esas imputaciones. No soy ningún Atila que está suprimiendo los logros. Estamos haciendo una recomposición de lugar de acuerdo con el modelo de decanato que propugné, y que resultó el más votado. Es incierto que se haya eliminado el servicio de quejas. Lo ha asumido el decano personalmente, como establece la ley. Ahora soy yo quien recoge las quejas y quien, por escrito, contesta a cada una de ellas. Tampoco es cierto que se haya suprimido el servicio telefónico de información, que me parece fundamental. El ciudadano puede telefonear para interesarse por su causa sin necesidad de desplazarse a los juzgados.
P. ¿En qué se diferencia el servicio de quejas que existe hoy del anterior?
R. En el anterior, las recibía una auxiliar de justicia, dependiente del decanato. Confeccionaba una pequeña hoja y, muchas veces, se llevaba a cabo una pequeña instrucción desde el decanato. El cambio ahora es sustancial desde el momento en que es el propio decano quien las recibe y les da el cauce procedimental oportuno. Yo no soy jefe ni inspector de ninguno de mis compañeros. Me limito, sin ocultarlo, a decidir qué se hace con la queja, si va al Consejo o al juzgado de guardia. Pero nunca voy a hacer lo que se hacía antes. Sería una mala forma de entender la competencia del decano.
P. ¿De qué se quejan los ciudadanos?
R. De lo que más, de la tardanza [en resolver sus casos], lo que entiendo que no es cierto del todo; y de la gran masificación que existe en los juzgados por la gran urbe que es Madrid. También de servicios judiciales que no se prestan rápido y en los que dicen perder toda una mañana.
P. El ciudadano no entiende que plantee un pleito y que el juez tarde años en resolvérselo.
R. Los juzgados civiles de Madrid, a pesar de las deficiencias que tienen, funcionan relativamente bien. No es cierto que tarden años en dar una respuesta al ciudadano. Se hacen las cosas con celeridad, pero lo deseable es que la respuesta sea aún más rápida. El régimen de recursos permite retardar muchísimo la ejecución de una sentencia.
P. El Ministerio de Justicia prometió que a comienzos de 1997 habría seis nuevos juzgados de lo civil en Madrid. Ahora parece que ha pospuesto la promesa para 1998.
R. Si se invierte en justicia civil habrá más paz social: las empresas invertirán más si saben que pueden cobrar más rápido a los morosos. Es cierto que se hizo la promesa de seis nuevos juzgados para 1997. Si se hacen, bienvenidos sean, pero sólo serán un parche más. La justicia civil necesita soluciones de fondo: más juzgados y una reforma del proceso, que resulta inaplazable. Madrid necesita 15 o 20 nuevos juzgados. Si se hacen estos seis, faltarán menos.
P. ¿Se cumple el horario laboral en la plaza de Castilla?
R. Si algún funcionario trabaja mucho y en malas condiciones, ése es el de los órganos unipersonales de Madrid. Sí, cumplen el horario.
P. Por eso se han suprimido los relojes que se instalaron para controlar el horario.
R. Aquello fue una decisión precipitada. No se tuvo en cuenta el control que tienen asignado al respecto los secretarios judiciales. La prueba no dio resultado.
P. Había funcionarios que fichaban por tres y cuatro compañeros a la vez.
R. Siempre suele haber picaresca. El reloj debe estar en la dependencia donde se presta el servicio. Si pusiéramos un reloj en cada juzgado, bajo la competencia de los secretarios, otro gallo nos cantaría.
P. Pero hay secretarios que también incumplen el horario.
R. Para eso está el control superior, que es del magistrado, y que puede tomar las medidas oportunas. No se puede poner un reloj [como se hizo] en la puerta del edificio de la plaza de Castilla, por donde pasan 1.000 funcionarios todos los días. Se gastaron un montón de millones [en los relojes] y están infrautilizados.
