Código deontológico o Código Penal

Con la creación de un Consejo de Garantías de la Información para velar por el cumplimiento de los principios éticos del periodismo y resolver las quejas de los ciudadanos sobre los contenidos informativos, el Colegio de Periodistas de Cataluña se ha dotado del primer Código de Deontología del Periodismo existente en España. Por la potencia y alcance que les dan las nuevas tecnologías de la información, los medios de comunicación se encuentran en la encrucijada donde confluyen el dinero, la imagen y el poder. Con frecuencia, la información es tratada desde los medios de comunicación como mera mercancía para ganar audiencia, publicidad y dinero, y también a veces como poder político para crear una opinión pública favorable o contraria a los poderes del Estado. En la sociedad de la información en la que nos encontramos, de los medios de comunicación depende en gran parte la existencia de una opinión pública plural e independiente, requisito indispensable para el desarrollo de la vida pública, y la plenitud del sistema democrático. Además, los medios de comunicación, y principalmente la televisión por su utilización masiva, son factores decisivos para la formación y la cultura de los ciudadanos. Dada la importancia decisiva de los medios de comunicación, es necesario preservar el ejercicio del periodismo de las presiones externas tanto de los poderes políticos, como de los intereses de los poderes económicos. El problema es que la solución no es nada fácil, ya que en la actividad periodística hay que garantizar al mismo tiempo dos derechos fundamentales recogidos en todas las Constituciones europeas y que son a veces difíciles de conciliar: la libertad de expresión de editores y periodistas y el derecho los ciudadanos a recibir informaciones veraces y opiniones éticas. Es un doble reto que debe hacerse compatible simultáneamente y que no se puede olvidar para acertar en la elección de las normas obligatorias más adecuadas aplicables al periodismo. Si el control fuese principalmente Jurídico podría encorsetar, sofocar obstaculizar la propia libertad de expresión, ya que, el derecho, por definición, supone un, heterocontrol ajeno a los propios medios de comunicación que se ejerce y se impone con coacción y rigidez. Por tanto, parece más adecuado establecer un control asumido desde el interior de los medios y que se ejerza como autocontrol ético. En definitiva, en relación con los contenidos de la información, es preferible aplicar un máximo ético y un mínimo jurídico. Sin embargo, ésta sólo será una solución válida a condición de que los compromisos y la responsabilidad ética se asuman públicamente, porque la ética de los medios de comunicación debe concebirse como una ética social y pública, ya que los medios de comunicación, sean públicos o privados, ejercen claramente una función pública, por eso no es admisible afirmar que el ejercicio del periodismo queda reducido a una relación privada entre los emisores, los medios de comunicación y los receptores, los ciudadanos como personas individuales, porque tanto la libertad de expresión como el derecho a la información son derechos fundamentales que afectan al mismo tiempo a la raíz misma de la persona y al desarrollo de la sociedad y de la vida social.Para que este compromiso ético sea efectivo se necesita además la existencia de mecanismos u órganos de autocontrol que garanticen su cumplimiento y que, en su caso, impongan las sanciones adecuadas. Son los tres requisitos que, de acuerdo con el Consejo de Europa, son indispensables para que existan verdaderos códigos deontológicos del periodismo, para que el autocontrol ético sea verdaderamente eficaz y para que la apelación a la ética no se reduzca a su utilización como mera estética. En un momento en que algunos medios de comunicación pretenden convertirse en poderes públicos autónomos sin ningún control ni jurídico ni ético, en que en el ejercicio del periodismo se confunde información, opinión y publicidad, en que el deterioro cultural, principalmente en la televisión, es constante, la creación en Cataluña de un Consejo de la Información debe celebrarse como un paso importante para mantener o recuperar la credibilidad de los medios de comunicación y la dignidad de la profesión periodística, factores indispensables para el desarrollo democrático. Es lamentable que el acto de constitución de este Consejo no haya tenido al día siguiente la más mínima reseña en un periódico de Madrid de ámbito nacional. Pese a algunas deficiencias notables en el Consejo Catalán de la Información, como la escasa presencia de los propietarios de las empresas informativas o la falta de garantías de la publicidad de los dictámenes emitidos, que serviría a los ciudadanos como barómetro de la credibilidad de los medios de comunicación y de los periodistas, el ejemplo catalán debe servir de acicate para que desde la Federación y asociaciones de prensa se agilicen los trabajos que se están desarrollando para la creación de un organismo de autocontrol ético con atribuciones sobre toda la profesión periodística española. La aprobación por el Parlamento del prometido Consejo Superior de lo Audiovisual completará las garantías éticas y también jurídicas de los contenidos informativos. Si no se asume por los medios, editores y periodistas, el máximo ético del autocontrol a través de la aprobación de auténticos códigos deontológicos, la indefensión en que se encuentran los ciudadanos ante los reiterados abusos en el ejercicio del periodismo servirá de coartada para que se solicite la imposición de un máximo jurídico, a través de la aplicación del Código Penal, a los contenidos informativos, con las graves consecuencias previsibles para la libre expresión.