14 años de retrasos y argucias

El previsto juicio a Ruiz-Mateos pondrá fin a un largo proceso en el que ha habido de todo: expropiación de Rumasa, fuga a Londres, extradición desde Alemania, reprivatización del grupo, excarcelación, elección como eurodiputado, acusaciones por insultos y agresiones no exentas de pantomimas (Ruiz-Mateos ha usado varios disfraces), frases para el recuerdo ("que te pego leche", dijo Ruiz-Mateos enfrentándose a Miguel Boyer, el ministro de Economía que decidió la expropiación), robo de documentos atribuido al empresario, creación de la nueva Rumasa, compra del Rayo Vallecano... Hasta su encarcelamiento de ayer. En fin, un largo rosario de hechos que se encadenan durante casi 14 años (la expropiación fue el 23 F de 1983) y en el que tienen mucho que ver las argucias legales realizadas por el empresario, que será juzgado por dos delitos de falsedad, aunque en la extradición también se incluía el de estafa. Éste no fue incluido en las instrucciones de la fiscal Carmen Tagle. Con el paso del tiempo el sumario instruido por el juez Luis Lerga ha adelgazado notablemente.

Inicialmente Lerga imputó a Ruiz-Mateos una revalorización ficticia de 350.000 millones en su patrimonio para simular buena salud en sus empresas, un fraude a Hacienda de 17.549 millones, a la Seguridad Social de 10.774 millones, falsificación de documentos (apertura ficticia de cuentas bancarias y trasvase entre bancos para ocultar pérdidas) y evasión de divisas (23.000 millones, según el Banco de España).

Con su fuga, Ruiz-Mateos logró la primera y mayor reducción en el listado de responsabilidades penales exigibles. Detenido en Alemania en 1984, fue extraditado a España con la limitación expresa de que sólo podría ser juzgado por dos delitos de falsedad y uno de estafa. Ruiz-Mateos se libró así de un procesamiento por delito de injurias al Rey, por evasión de divisas y de un delito fiscal.

El juicio se fijó para el 31 de marzo de 1989, pero se suspendió primero por la renuncia del acusado a su abogado -operación que repitió en 1994-, y, posteriormente, al pasar su sumario al Supremo tras su elección como eurodiputado. Al perder su acta, en 1994 el sumario volvió a la Audiencia.

En los últimos meses se deniega el llamamiento a algunos testigos y se concretan las calificaciones por el fiscal: dos delitos de falsedad en documento. Desapareció, en el camino, la estafa. El juicio se fijó para el 25 de noviembre y en el auto, para evitar una nueva argucia, se decía: "En previsión de renuncias intempestivas del procesado a su letrado [ ... ] diríjase comunicación al Colegio de Abogados para que se nombre uno de oficio, con carácter cautelar".

El último episodio fue la petición del fiscal de archivar el caso al no figurar en el nuevo Código Penal el delito de falsedad ideológica. La Sala le quitó la razón y decidió fijar el juicio el 9 de enero.