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Batacazo electoral

Una pareja se arriesga a 30 años de cárcel por fundar un falso partido político para trapichear con el censo

Debajo de las alfombras del denominado Partido Español Demócrata (PED) sólo había mugre, falsedades y un objetivo tan mercantil como inconfesable: conseguir las identidades y domicilios de millones de españoles y trapichear con ellos. O lo que es igual, venderlos a firmas comerciales para que éstas luego inundasen de inesperada publicidad millones de hogares. El PED se definía como "progresista", postulaba "el pluralismo y la igualdad" y apostaba por potenciar "las relaciones externas" y el "idioma de cada región..." En realidad, su existencia era una farsa bien maquillada, según se desprende de la investigación judicial que ha desarrollado el Juzgado de Instrucción número 36 de Madrid.Los presuntos cerebros de esta fórmación política, que llegó a participar en nueve Jornadas electorales entre 1986 y 1993, siempre con idéntico fin, fueron Angelina Gómez Rueda, de 52 años, y Francisco Juncas Alas, de 54. Ella era en realidad gerente de una agencia de publicidad, y él dueño de un videoclub de Barcelona.

La idea de crear el PED surgió en 1983. En su programa electoral también reivindicaba, parecía un mal presagio, la "agilización de la justicia y la reinserción del penado en la sociedad". El volumen de falsedades que el juez instructor atribuye a esta pareja ha obstaculizado la siempre exigible celeridad (concluir el sumario, 3.000 fólios, 12 tomos, ha costado casi tres años de investigación). No obstante, el otro punto del programa -la reinserción del penadopuede ser ahora de utilidad a esta pareja si el tribunal que les juzgará dentro de unos meses entiende que el fiscal del caso lleva razón. Es decir, que ambos merecen una condena de 33 años de prisión por asociación Ilícita y falsedad continuada.

La trama ideada -engañar a la Junta Electoral para conseguir el censo, siempre según los investigadores judiciales- funcionó a la perfección durante muchos años y muchas elecciones.

Angelina compatibilizó durante parte de esos años la presidencia del PED con la gerencia de la empresa de publicidad y mercadotecnia Angoru (en el número 26 de la madrileña calle De Julio Dávila).

En esa oficina, lo mismo se veía un folleto electoral ("En el resto de Europa, los pensionistas viven; en España, sobreviven", rezaba el eslogan, acompañado de una gran fotografila de Angelina) que misivas dirigidas a compradores potenciales de datos. Uno de esos escritos, rubricado por la candidata Angelina, decía: "Distinguido' señor, el motivo de la presente es para ofrecerle a su empresa la más extensa base de direcciones con etiquetas adhesivas, Estados, disquetes... Para mayor información, llámenos a los teléfonos...". La oferta de Angoru no era ninguna broma: a cambio de dinero proporcionaba, según la documentación decomisada, ficheros sobre 14.020 arquitectos, 65.000 ejecutivos, tres millones de niños, dos millones de comerciantes, 2.400 periodistas, 22.700 aparejadores, 58.000 taxistas, 123.000 enfermeros, 8.190 dentistas, 950.000 universitarios y 58.500 abogados... En una ocasión, quizá porque alguien le hacía competencia, envió una carta a la Junta Electoral Central advirtiéndole que había empresas en España que vendían el censo por 20 millones de pesetas.

Si Angoru era en Madrid la tapadera de esta intricada trama, el videoclub de Barcelona -situado en la calle de Virgili, 63, y regentado por el también acusado Francisco Juncas, a la sazón secretario de Organización Nacional del PED- constituía otro importante eslabón de la cadena. De algunos clientes del videoclub consiguieron los procesados fotocopias de sus documentos de identidad que luego utilizaron para confeccionar las falsas listas electorales.

Otros candidatos surgieron de personas que acudían al reclamo de ofertas de trabajo de empresas afines o propiedad de los encausados. Si concurrían por muchas provincias y les faltaban candidatos para rellenar las listas, se servían de otro truco: creaban una asociación benéfica (contra la droga, a favor de la protección de los animales..., el anagrama del PED era la cabeza de un perro pastor alemán) y transformaban en candidatos políticos a asociados de buena fe.

¿Cómo consiguió el PED el visto bueno de la Junta Electoral Central para presentarse por primera vez a unas elecciones, en concreto a las de mayo de 1986? Se limitó a cumplir la ley. Es decir, basta que tres personas figuren al frente de un partido, se inscriban como tal y presenten su estatuto. En los siguientes comicios, las elecciones al Parlamento Europeo de mayo de 1987, encontraron algunos obstáculos, ya que para participar en ellas la ley establece dos posibilidades: si no hay un partido ya inscrito, los interesados deben reunir 15.000 firmas de apoyo y concurrir como una agrupación de electores (así lo hizo Ruiz-Mateos, por ejemplo); si el partido existe y está inscrito (como fue el caso del PED) es imprescindible conseguir la firma o aval de 50 cargos públicos en activo.

La tarea no fue fácil, pero el obstáculo se salvó. ¿Cómo? Dos empleadas de la empresa, bien parecidas, se patearon más de una decena de minúsculos municipios de Madrid en busca de firmas de alcaldes y concejales. "Tenemos un proyecto político, pero necesítamos su aval para poder ponerlo en marcha...", explicaban.

En poco tiempo, los dirigentes del PED tuvieron sobre su mesa el aval de media corporación municipal del municipio madrileño de El Molar; de concejales de Paracuellos del Jarama, Humanes, de Morata de Tajuña, de Belmonte del Campo, de Griñón... Fueron las segundas elecciones del PED. Luego llegaron seis más, regionales, locales, generales...

Concurrían a las zonas más apetitosas comercialmente. Antes de cada convocatoria enviaban escritos a las respectivas juntas electorales con las listas de candidatos y la aceptación de cada uno de ellos. "Señor presidente de la Junta Electoral Central. Por la presente le confirmo mi aceptación a estar incluido en la candidatura que presenta el PED...". Era Angelina quien enviaba esas cartas, pero las firmas eran falsas en su mayoría, copiadas de documentos de identidad, según las pesquisas.

La Audiencia de Madrid, donde se celebrará el juicio, está verificando ahora la autenticidad de esas rúbricas. En una ocasión, el PED llegó a presentar 300 candidatos y en el trasiego de listas y nombres hubo algunos repetidos.

Además de en las elecciones europeas de 1987, el PED intervino en las generales de septiembre de 1989 (con listas por Almería, Cádiz, Ciudad Real, Córba, Cuenca, Girona, Granada, Huelva, Lleida, Madrid, Málaga, Segovia, Sevilla, Tarragona, Valladolid, Toledo y Guadalajara); en las de junio de 1993..., en las autonómicas de Andalucía y Madrid de mayo de 1989 y abril de 1991... Tras ocho falsas campañas (con intervenciones en espacios gratuitos de televisión), las generales de junio de 1993 fueron la puntilla del PED. Una mujer observó, anonadada, que había figurado como candidata en unas elecciones europeas. Su abogado, Pablo la Blanca Martínez, miró debajo de la alfombra y sacó la mugre.

Angelina, que ha negado ante el juez haber falsificado firmas o vendido el censo que obtuvo del Instituto Nacional de Estadística, vivió su última jornada electoral desde la cárcel. Y su compañero de fechorías, desde la libertad provisional. Pronto se sentarán ambos en el banquillo de los acusados.

100 millones de gasto en papeletas

La andanzas del PED han salido muy caras. El Estado se gastó, para que las papeletas del PED estuvieran en las muchas circunscripciones a las que acudió, más de 100 millones. En unas elecciones al Parlamento europeo, el PED presentó 60 candidatos (casi todos falsos). Tras formalizar los: trámites, reclamó el censo. En este caso, "y por razones aje nas a los procesados" no se le entregó, pero sí se hicieron cientos de miles de papeletas con sus siglas. En las elecciones locales y autonómicas celebradas en Cataluña y Madrid en 1991 sí consiguieron su objetivo. La Junta Electoral Central le facilitó 42 cintas magnéticas con registros de ocho millones de personas. Sólo las papeletas para Madrid del PED costaron entonces a la Comunidad seis millones. También le salió caro este partido a la Generalitat de Catalunya y a la Junta de Andalucía.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Jueves, 2 de enero de 1997

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