Un recorte inútil

EL GOBIERNO del PP decidió iniciar su mandato aplicando una de sus promesas más queridas durante la campaña electoral: el recorte drástico de altos cargos en la Administración. La iniciativa responde a uno de esos impulsos irreflexivos que se producen como reacción a la creencia a pies juntillas en lugares comunes. En este caso, el ánimo justiciero estaba fundado en una imprecisa denuncia de exceso de burocracia y en la supuesta proliferación de funcionarios enriquecidos o sospechosos de corrupción. Pues bien, el balance del recorte de altos cargos arroja un saldo ridículo. Frente a la proclama electoralista de conseguir un ahorro de 70.000 millones, los recortes del vicepresidente Álvarez Cascos y el ministro Rajoy apenas bajarán el gasto en 370 millones.Hasta aquí, poco hay que objetar. Nadie está exento de pretensiones intempestivas en una campaña electoral o de un error de apreciación en los primeros meses de gobierno. El peor aspecto de este recorte de cargos es que, como se ha practicado sin criterio funcional. y desde el desconocimiento de cómo funciona la Administración, la consecuencia principal es un caos organizativo que ha acabado por quebrar el buen funcionamiento de los ministerios mejor organizados. La eliminiación indiscriminada de las direcciones generales de servicios ha recargado de tareas burócraticas a otros puestos con funciones decisorias y ha roto la organización mecánica de los departamentos. La falta de criterio produjo algunos episodios esperpénticos como la desaparición instantánea en el Ministerio de Economía de las secciones especializadas en relaciones económicas con la UE.

Mención especial merecen los desbarajustes producidos por la invasión en algunos estratos de la Administración, como el de las subdirecciones generales, protegidos hasta ahora de los Cambios políticos y que constituían el núcleo estable de la burocracia. La intervención del Gobierno actual ha duplicado muchas subdirecciones generales por el procedimiento de desplazar a sus antiguos ocupantes, a quienes se mantiene el sueldo y la categoría, aunque sin adscribirles función ni trabajo alguno, en beneficio de otros funcionarios que no cometieron la osadía de trabajar para el Ejecutivo anterior. Esta mezcla singular de represalia pueril y vacilaciones ha merecido la reprobación del Consejo de Estado, que ha emitido un dictamen en contra de la intención del Gobierno de modificar las condiciones en que regresarán a la Administración 97 ex altos cargos.

El efecto secundario más nocivo de tan inoportunos recortes es que enmascaran la necesidad de una auténtica reforma de la Administración que confiera la suficiente estabilidad a los servidores públicos -la carrera funcionarial debe ampliarse hasta la dirección general como mínimo- y ponga fin a la jungla de retribuciones e incentivos. El criterio de ahorro es apreciable, pero es mucho más útil para el ciudadano el de eficacia.