Los pequeños accionistas de Trasmediterránea exigen al Estado el pago de 62.000 millones

El Gobierno pretende vender "cuanto antes" el paquete de acciones del Estado en Trasmediterránea. Sin embargo, los accionistas privados en la empresa, con un 4,8%del capital, exigen que antes de la privatización de la naviera el Estado abone los 62.000 millones que debe en virtud de un contrato con Transmediterránea que vence en 1997. Josep Maria Trías de Bes, presidente de la compañía, reconoce que la deuda puede alcanzar hasta 48.000 millones, pero deja la última palabra a una comisión formada por la empresa, Patrimonio y Fomento para aclarar las cuentas.

Trasmediterránea se enfrenta a una serie de cambios que van a condicionar su actividad en el futuro. En primer lugar, a la finalización del contrato con el Estado. Después, a partir de 1999, Trasmediterránea tendrá que afrontar la liberalización de los servicios marítimos regulares de viajeros y cargas, con la posibilidad de que cualquier naviera extranjera empiece a competir con ella en las líneas más rentables.Con esas perspectivas, la empresa ha elaborado un plan de futuro que debe servir para adecuar su estructura antes de emprender la privatización prevista por el Gobierno. Sin embargo, el proceso de privatización difícilmente puede iniciarse si el Estado no liquida antes cuentas con Trasmediterránea.

En virtud del contrato con el Estado, que data de 1978, Trasmediterránea tiene adquiridos una serie de compromisos (explotación de determinadas líneas marítimas aunque no sean rentables, adquisición de buques con características que les permitirían ser utilizados por la Armada ... ) a cambio de los cuales el Estado se compromete, por su parte, a realizar una serie de aportaciones a la empresa en forma de subvenciones a la explotación y ayudas a la inversión.

Además, el contrato contempla el abono de unas primas a la gestión (a más ganacias, más prima, pero menos subvenciones) equivalentes a entre un 1% y un 8% de los beneficios obtenidos en cada ejercicio.

Los accionistas privados de la empresa han hecho sus cuentas y estiman que la liquidación de las cuentas con el Estado debe considerar entre 20.000 y 30.000 millones de pesetas que la compañía ha invertido en buques y otros activos (diques e instalaciones portuarias, pnincipalmente) a instancias de las distintas admnistraciones desde 1978. Recogen otros 10.000 millones de pesetas devengados de la "mezcla irregular" de las subvenciones a la inversión y a la explotación, "con lo que se reduce la aportación total del Estado" a lo largo de los últimos años. Añaden entre 4.000 y 5.000 millones por los intereses devengados del retraso en los pagos correspondientes a años anteriores; y otros 2.000 millones por la rebaja en la prima de gestión, "ya que ésta ha sido del 7% durante 18 años y, sin justificación alguna y unilateralmente, el Estado la rebajó al 1% en l995".

Sumadas a las aportaciones correspondientes a 1996 (entre 7.000 y 8.000 millones) y 1997 (otros 7.000), la cantidad total adeudada a la finalización del contrato con el Estado se situaría, según los minoritarios, entre 50.000 y 62.000 millones de pesetas. El grupo de accionistas privados en Transmediterránea ostenta el 4,8% del capital.

El presidente de Trasmediterránea, Josep Maria Trías, recuerda que ha promovido la creación de una comisión encargada de realizar las cuentas y determínar cuándo debe pagar el Estado a Trasmediterránea. La comisión está formada por representantes de la compañía, de la Dirección General de Patrimonio y de la Dirección General de Marina Mercante, dependiente de Fomento. La Comisión está previsto que termine sus estudios el 31 de marzo de 1997, "a fin de que la cantidad resultante pueda ser incluida en los Presupuestos de l998".

El presidente de la compañía reconoce la deuda de entre 20.000 y 30.000 millones por inversiones y otros activos; 4.900 millones por aportaciones pendientes de pago de 1995; otros 7.000 de 1996 y cerca de 6.700 que se esperan para 1997; "Ios intereses devengados dependerán de cuándo se salde la cuenta, pero no es cierto que haya habido irregularidades en las aportaciones". Total: entre 38.000 y 48.600 millones.

Sobre la rebaja en la prima de gestión, el nuevo equipo directivo de Trasmediterránea se desentiende "porque es un asunto que nos encontramos cerrado y cuando se hizo, la compañía no reclamó". Los accionistas minoritarios consideran, sin embargo, que el presidente de Trasmediterránea, ex diputado de CiU y cabeza de lista del PP en Barcelona en las últimas elecciones generales, "está velando únicamente por los intereses del accionista mayoritario