Intereses borrados

EL SISTEMA de financiación de los partidos políticos en España ha estado en la raíz de los escándalos más sonados de los últimos años. Los casos Filesa o Naseiro, con distinta suerte judicial, que implicaron grave mente al PSOE y al PP, así lo demuestran. El informe del Tribunal de Cuentas sobre la financiación de los partidos entre 1990 y 1992 aporta otra pieza funda mental para definir como simple despropósito las normas que regulan la obtención de ingresos de las formaciones políticas. El tribunal ha confirmado con perplejidad que las instituciones financieras condonan en ocasiones los intereses de los préstamos concedidos a los principales partidos políticos.. Esta condonación es, dicho sea en términos moderados, alegal -carece de regulación-, aunque no ilegal. El propio tribunal, tras comprobar que todos los partidos se be nefician de esta práctica, ha instado al Congreso a que esta condonación pueda tener cobertura en una futura ley de financiación de los partidos políticos, para la cual parece que existen ya unas bases sólidas de consenso parlamentario.Los casos de financiación ilegal de partidos deben ser perseguidos y castigados siempre. Pero parece necesario modificar la ley de financiación de las organizaciones políticas, porque presenta vacíos de regula ción como los descibiertos por el Tribunal de cuentas. También, porque el sostenimiento financiero de las organizaciones políticas, indispensables para la democracia, no puede quedar a la discrecionalidad bienintencionada de bancos o cajas de ahorro -el perdón de los intereses de créditos bancarios no res ponde precisamente a las reglas del mercado, y la negociación de un partido no puede ser asimilada ale gremente a las gestiones privadas de un ciudadano- y a la cuota de los militantes, que da lugar también a inevitables sospechas cuando estos militantes ocupan altos cargos y perciben sueldos elevados.

La nueva ley, que CiU quiere apresurar, debe ofrecer -al margen de las aportaciones del Estado, que siguen siendo indispensables- otras opciones de ingresos, sea mediante aportaciones de empresas (a lo que se oponen PSOE e IU) o sólo de particulares. Lo que realmente importa es que se garantice la claridad y la transparencia de la financiación elegida para evitar deslizamientos hacia la comisión ilegal y el chantaje. Y para que los ciudadanos sepan, de una vez por todas, quién paga los sueldos de algunos líderes y el carísimo funcionamiento de varias organizaciones políticas.