Campo de minas

Hay temas informativos que son como un campo de minas. Transitarlos sin que le estalle alguna a los pies de quien se aventura por ellos es poco menos que un milagro. Este extraordinario y maravilloso evento no se ha producido en el caso del reportaje aparecido el 24 de noviembre en la edición dominical de El PAÍS, del que es autor José Ayala, con el título El marido se separa dos veces y el subtítulo El fallo contra un amo de casa revela una discriminación más a los hombres divorciados. Las reacciones llegadas al Defensor del Lector han sido explosivas.La presidenta de la Federación de Asociaciones de Mujeres Separadas y Divorciadas, Ana María Pérez del Campo, y la abogada matrimonialista Ana Isabel García Hernando, de Madrid, califican el reportaje de sesgado e inveraz y acusan a su autor de haberlo realizado sin ningún rigor periodístico. Pero, además de cuestionar los criterios informativos del reportaje en cuestión, encadenan toda una serie de acusaciones genéricas contra los medios de comunicación en lo referente al tratamiento de los conflictos de familia -se habla incluso de una consigna general para silenciar la voz de las mujeres- que el Defensor del Lector rechaza en lo que se refiere a EL PAÍS.

En España se vienen dictando cada año entre 70.000 y 80.000 sentencias de separación y divorcio, de las que aproximadamente la mitad son por mutuo acuerdo. La ejecución de las no consensuadas no resulta en muchos casos pacífica. La antigua pareja suele librar una enconada batalla en la que se disputa palmo a palmo lo concerniente a la pensión alimenticia, la custodia de los hijos o el régimen de visitas. Informar de los lances de esta batalla comporta serios, riesgos de ser acusado por los contendientes de favorecer a uno u otro. El reportaje cuestionado los ha corrido, y de qué modo. ¿Pero ha vulnerado las más elementales normas de la deontología periodística sobre todo, la veracidad como estiman las dos comunicantes? Ana María Pérez del Campo afirma: "Contra los medios de comunicación en general, y contra EL PAÍS en estos momentos en particular, tenemos que formular la queja de su poco ético hacer, cuando se lanzan a publicar noticias, comentarios o informaciones' del género que tratamos sin molestarse siquiera en contrastar la veracidad de los hechos que se reflejan, oyendo y transmitiendo también, por lo menos, a las restantes personas a quienes el asunto interesa,, como en el caso son las asociaciones de mujeres". En parecidos términos se manifiesta Ana Isabel García Hernando: "Desde mi experiencia profesional, como abogada, conozco la realidad de la separación y divorcio, y por ello no puedo quedarme pasiva al ver publicado un, artículo en el que se expresan todo tipo de mentiras... No puedo, y no debo, admitir que desde los medios de comunicación se manipule de forma tan burda la información y se intente crear confusión entre las personas que, sin ser conocedoras de esta realidad, pretenden informarse a través de la prensa... Es exasperante que la información que nos pretenden vender en este artículo sea sólo el producto dé la fabricación de una noticia; no existe el rigor periodístico, no existe la información y el contraste".

Una reclamación más concreta hace María Angeles Fraile, presidenta de la Federación de Mujeres Progresistas, a la que se cita en el reportaje en cuestión. Esta comunicante se queja de que el periodista no haya interpretado correctamente el sentido de sus palabras y señala que le "hablé incluso de la necesidad de llegar a un nuevo contrato o pacto social que conduzca, a un nuevo reparto de responsabilidades y tareas dentro y fuera del ámbito doméstico de manera que hombres y mujeres compartan la actividad laboral y el cuidado fa miliar en un plano general". A las imputaciones genéricas de "manipulación" o ''mentiras" que se le hacen, el autor responde que "no se dice cuáles son esas supuestas mentiras o manipula ciones porque todo lo que ofrezco son datos comprobables y declaraciones de gente relacionada con el problema" (a este respecto, señala que su reportaje es el resultado de 22 entrevistas a otras tantas personas -13 hombres y 9 mujeres-, en su mayoría jueces, abogados, sociólogos y representantes de distintas asociaciones feministas y de separados). Y en cuanto a la queja de María Ángeles Fraile, el autor pone como testigos a los lectores de que lo, esencial de su mensaje se recoge en el siguiente párrafo del reportaje: "Pensamos que la custodia puede ser compartida. Vamos a un cambio social, y mujeres y hombres deben comprometerse en un plano de igualdad tanto dentro como fuera del hogar y, por supuesto, en el cuidado de sus hijos".

¿Qué opina de todo ello el Defensor del Lector? En primer lugar, salta a la vista que el subtítulo del reportaje hace una amalgama de opinión e infórmación que" vulnera el Libro de estilo. Interpretar como una discriminación contra los hombres el mayor número de sentencias favorables a las mujeres sólo sería -,admisible en un artículo de opinión. El titular expresa un juicio de valor que el autor se cuida de traslucir, de manera explícita en el texto. Es evidente, de otro lado, que el reportaje no aborda en su totalidad las múltiples facetas de ese conflicto tan complejo como ácido que late en esa amplia población de parejas -unas 400.000 censadas en 1994- que se han separado o divorciado sin mutuo acuerdo desde que existe esta opción legal en España. El reportaje es, pues, parcial en el sentido de que se refiere sólo "a una parte del todo", en este caso a determinadas situaciones en las que las presuntas víctimas son hombres, pero no vulnera el Libro de estilo. Los testimonios de los maridos divorciados Podrán ser subjetivos -cada cual cuenta la historia como le ha ido en la feria-, pero no son inveraces. El reportaje también aporta los testimonios independientes e imparciales de algunos jueces, así como las opiniones complementarias de una asociación de hombres y otra de mujeres.

En todo caso, el reportaje no puede disociarse de la línea informativa y editorial que EL PAÍS mantiene desde siempre sobre este conflictivo tema. De haberla tenido en cuenta es posible que el juicio de estas lectoras hubiera sido más matizado. No hace todavía dos años el Defensor del Lector titulaba una de sus columnas de este modo: ¿Es el diario EL PAÍS demasiado feminista? Al menos a los lectores que planteaban la cuestión les perecía que sí. Y en uno de los últimos editoriales sobre los problemas de las parejas separadas -29 de enero de 1995- se afirmaba que "no es casualidad que la mayor parte de las pensiones compensatorias se concedan a mujeres, pues el espíritu que ha guiado al legislador es proteger a la parte más débil" al tiempo que se advertía a los padres separados que, si no estaban de acuerdo con la ley que regula la disolución del matrimonio, lo que debían hacer es promover su cambio y "no prescindir de una ley que obliga a todos por igual".

Los lectores, pueden escribir al Defensor del Lector o telefonearle al número (91) 337 78 36.