Dureza coherente

CASI COINCIDIENDO con el tercer aniversario de la intervención del banco, los magistrados de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional han reforzado notable mente la coherencia de las acusaciones contra Mario Conde y el resto de los acusados en el caso Banesto. En el auto de pronunciamiento sobre los recursos de apelación, han decidido acusar a Conde por otros tres delitos de estafa (operaciones Oil Dor, Centro Comercial Concha Espina y Locales Comerciales) y a Arturo Romaní por dos más (Isolux y Promociones Hoteleras). Además solicitan, corrigiendo al juez instructor, la conclusión de las diligencias contra Jacques Hachuel para determinar si corresponde o no abrir juicio oral contra el financiero por un delito de apropiación indebida. El auto pide instruir diligencias contra Mariano Gómez de Liaño y Francisco Javier Sitges, implicados por la confesión del fiduciario Paolo Gallone en la comisión rogatoria suiza.Los magistrados han debido, pues, hacer los deberes y zambullirse en ciertas profundidades del sumario que ni el juez ni el fiscal habían tocado. Ambos, por ejemplo, rechazaron la inculpación de Hachuel, y sólo se le tomó declaración como imputado por orden de la misma sala y se archivaron las diligencias atendiendo a su exclusiva declaración. El asunto de Mariano Gómez de Liaño y de Francisco Javier Sitges quedó en el aire hasta la llegada del material de Suiza, que estuvo disponible después de finalizada la instrucción. Estás circunstancias han llevado a la sala a corregir y dotar de mayor coherencia lo hecho hasta el presente, lo cual redundará en una más eficiente acusación del fiscal en el juicio oral. Debe subrayarse otro elemento de la decisión de los magistrados. Una sala, la segunda, del mismo rango que la encargada de juzgar a Conde, y sus socios en su día -la primera-, ha vuelto a subrayar la existencia de fuertes indicios en las acusaciones de estafa contra los querellados. No es la primera vez que lo hace. Con ocasión de conceder la libertad de Conde y Romaní, el 30 de enero de 1995, la sala subrayó la existencia de delitos de apropiación indebida "de especial gravedad atendido el valor de lo apropiado" y de estafa.

Si bien las diligencias contra Gómez de Liaño y Sitges se instruirán mediante una pieza separada, como es el caso de Hachuel, será difícil fijar una fecha de juicio oral para unos acusados sin esperar a los asuntos pendientes. No tendría sentido, si progresa la investigación en curso, que Conde, Romaní y otros sean juzgados independientemente de Mariano Gómez de Liaño, Sitges y Hachuel, ya que las operaciones en las que éstos pueden estar implicados son las mismas por las que se acusa a los ex administradores de Banesto.

Está muy extendida la tesis, probablemente bien intencionada, de que estas diligencias pueden retrasar la fijación de fecha para el juicio oral. Algunos de los asuntos que la sala ordena hubiesen podido resolverse sí se hubiera actuado con más coherencia y menos precipitación. Además, la valiosa aportación de la comisión rogatoria suiza llegó a España recientemente. Finalmente, la Sala de lo Penal, sección primera, tiene el calendario repleto hasta julio de 1997. Hay que hacer las cosas bien, porque de lo contrario se paga en el juicio oral. Quien bien anda, seguramente mejor acaba.