La Audiencia imputa a Liaño y Sitges por la 'conexión smza' del 'caso Banesto'

La Sala de lo Penal, sección segunda, de la Audiencia Nacional dictó ayer un auto que abre diligencias contra Mariano Gómez de Liaño y Francisco Javier Sitges a la vista de los datos de la comisión rogatoria suiza. Los dos son considerados ahora imputados en el caso Banesto. La sala solicita también un auto de preparación de juicio oral contra el financiero Jacques Hachuel, aumenta de tres a seis y de dos a cuatro, respectivamente, el número de estafas de las que están acusados el ex banquero Mario Conde y su colaborador Arturo Romaní e inculpa al ex secretario del consejo del banco, Ramiro Nuñez.

La sección segunda, integrada por Jorge Campos, presidente en funciones y ponente, y los magistrados José Ricardo de Prada e lldefonso Rodríguez García, ha elaborado un auto que, apoyándose en las recomendaciones del fiscal Luis López Sanz, va más lejos y hace suyas las peticiones de Banesto y del Fondo de Garantía de Depósitos (FGD).López Sanz, según fuentes consultadas, ha sido una pieza clave en el desenlace, pero no parece menos cierto que la sala ha tenido muy en cuenta los escritos del letrado José Antonio Jiménez, representante del banco, y del ex fiscal Cándido Conde-Pumpido, representante del FGD.

Sobre Gómez de Liaño, abogado y socio de Conde, y Sitges, ex presidente de Asturiana del Zinc, el auto subraya la importancia de la comisión rogatoria suiza.

"La lectura", dice, "de lo declarado por Paolo Gallone [uno de los fiduciarios de Conde, Gómez de Liaño y Sitges] sobre la creación de las sociedades suizas Asni Investments, Jamuna y Kaneko Holding por [...] Sitges y [...] Gómez de Liaño, y la relación de estas sociedades con determinadas operaciones que son objeto de acusación y para las que se ha abierto el juicio oral pone de relieve, sin prejuzgar los hechos, la necesidad de apertura de pieza separada con la finalidad de que se practiquen diligencias instructorias en las que las mentadas personas pueden intervenir como imputados".

Archivo sorprendente

La sala, pues, en función de estos "hechos nuevos, o al menos de nueva noticia, que permiten [...] ampliar la fase de la instrucción" opta "por la pieza separada al modo que ya se acordó respecto a Jacques Hachuel" para que "el procedimiento abreviado no se paralice y se produzca una indeseada dilación en el mismo".Al abordar el punto referido a Hachuel, la sala señala que el juez Manuel García-Castellón dictó el archivo de los cargos, lo que "causa extrañeza". Los magistrados estiman que la resolución del juez "no es desde luego equiparable al sobreseimiento libre, cuando en la pieza principal se han formulado conclusiones provisionales que imputan a Jacques Hachuel un delito de apropiación indebida".

El auto, pues, estima "erróneo" el archivo: "Hasta el punto", subraya, de que "incluso es perjudicial para el propio Hachuel, dado que se trata [el archivo] de un pronunciamiento provisional que deja abierta, hasta el momento de la prescripción, la reapertura de diligencias".

Los magistrados disponen que el juez instructor "dicte auto de preparación de juicio oral, y una vez que conozca en la pieza separada la postura del Ministerio Fiscal y de las demás acusaciones, decida con libertad de criterio si debe sobreseer libremente, y por tanto con el mismo efecto de una sentencia absolutoria, o debe abrir el juicio oral contra Jacques Hachuel".

La instrucción deberá ahora pasar, para Hachuel, por el auto de acomodación, de conclusión de las diligencias y su traslado a las acusaciones para que pidan o no apertura de juicio oral. Ya se sabe que éstas lo solicitan.

El auto acusa, además, a Mario Conde de tres nuevos delitos de estafa, Operación Doma (las presuntas estafas de Centro Comercial Concha Espina y Oil Dor) y Operación Locales Comerciales. También para Arturo Romaní hay nuevas acusaciones por su participación como consejero delegado de la Corporación Industrial. Se trata de las presuntas estafas de Isolux y Promociones Hoteleras. Una persona no implicada hasta ahora en actividades concretas, Ramiro Núñez, es acusada por la estafa de los locales comerciales.

La Sala de los Penal, en cambio, rechazó la apertura de diligencias contra Tomás Allende y Miláns del Bosch, testaferro del ex director general del banco, Fernando Garro, en la operación de presunta estafa de unos 1.700 millones en la compraventa de locales comerciales. Tampoco accedió a inculpar a Elena García Baquedano, secretaria de Romaní en su bufete privado.