Viraje universitario

A PRINCIPIOS de esta década entraban en vigor los primeros planes de estudios en la Universidad ajustados al mandato de la Ley de Reforma Universitaria (LRU). En su complejo proceso de elaboración intervinieron profesores, alumnos, autoridades académicas, representantes de colegios y corporaciones y, Consejo de Universidades. Las intenciones, por otra parte, no podían ser más loables: actualizar contenidos, crear títulos nuevos derivados del avance del conocimiento y de nuevas demandas sociales, descargar los programas de lo que fuera inútil o más propio de estudios de posgrado, incrementar el contenido práctico de las enseñanzas, propiciar una mayor flexibilidad en la elección de cada currículo individual, aumentar la permeabilidad entre titulaciones, y una larga lista de buenos propósitos difícilmente discutibles.Pero la experiencia de más de seis años de nuevos planes ha demostrado que las mejores intenciones pueden ser desvirtuadas ya desde su misma regulación inicial, o defectuosamente aplicadas en el discurrir diario de la actividad académica. De modo que, junto a algunos logros indiscutibles, se han detectado graves inconvenientes. Con frecuencia, en el proceso de elaboración se han antepuesto demasiados intereses particulares, especialmente de los propios estamentos universitarios, a intereses más amplios, que son los que hubieran debido orientar la reforma. Y así, en una acción coincidente, aunque no haya sido deliberada, todos los sectores involucrados han ido introduciendo sus propios puntos de vista, sus propias cláusulas de defensa, olvidando a veces que de lo que se trataba era de mejorar las prestaciones de la Universidad para la sociedad en su conjunto y no tanto de mejorar la situación de cada cual dentro de la Universidad.

Los profesores, por ejemplo, acompañados en ocasiones por los estudiantes, que en su búsqueda de una titulación que han de hacer valer en el mercado del trabajo tienen también intereses propios, han aprovechado la ocasión para proteger la integridad o el avance de áreas y departamentos.

Han proliferado así titulaciones y asignaturas de interés más que dudoso; se ha obstaculizado el tránsito entre carreras; se han sobrecargado los planes, y se ha tendido a identificar prestigio, cualificación o competitividad con duración de la carrera o cantidad de créditos, convir-, tiendo la nueva organización docente en algo difícil de asimilar. La desventurada asociación de áreas de conocimiento con asignaturas, de modo que la inclusión de una asignatura implique una cierta reserva en favor de una o unas pocas áreas, ha compartimentado la organización docente y ha disparado la puja por disponer de esa especie de exclusivas académicas.Era necesario hacer un balance y enderezar el rumbo de la reforma antes de que el completo proyecto se malograse. A eso se ha aplicado el Consejo de Universidades, que ha aprobado el pasado 17 de diciembre un documento de sugerencias para la reforma de los planes. El diagnóstico que se hace en ese documento es, en general, acertado, y las medidas propuestas van en el sentido de atenuar los efectos más negativos del proceso iniciado. Cabe preguntarse si no hubiera sido posible ir más allá y romper algunos de los corsés contenidos en las directrices generales para la reforma de los planes de estudios, causa última de algunas de sus más graves limitaciones, y cabe, sobre todo, preguntarse por la repercusión práctica que vayan a tener realmente.

En efecto, las universidades tienen autonomía suficiente para interpretar y aplicar esas sugerencias; no es descartable que en el proceso que ahora se abre se reproduzcan los males que ya estuvieron, presentes durante su primera elaboración. Si así fuera harían un flaco, favor a la sociedad española, para cuyo futuro la calidad de la enseñanza en general, y la universitaria en particular, es un factor básico.