Una juez imputa al 'número dos' de los socialistas vascos por el "caso Osakidetza"

La juez que instruye el caso Osakidetza, el cambiazo masivo de exámenes en la oferta pública vasca de empleo de 1990, ha decidido imputar al vicesecretario general de los socialistas vascos (PSE), José Luis Marcos Merino, a pesar de que el Tribunal Supremo devolvió el sumario dos veces al instructor "porque no apreciaba indicios de delito".Marcos Merino, que no es aforado desde que abandonó el Congreso de los Diputados, es acusado de un presunto delito de falsedad continuada en documentos oficiales, junto a otras once personas. Los socialistas vascos creen que "estamos ante un nuevo caso Azpiegitura", que concluyó con la absolución de los socialistas acusados.

La oferta pública de empleo del departamento de Sanidad congregó a unos 50.000 aspirantes en busca de uno de los 2.500 puestos de trabajo. El fraude afectó a nueve de los exámenes para personal no sanitario y de gestión. La comisión parlamentaria de investigación que estudió el caso en la cámara de Vitoria definió el intento de fraude como una conspiración para colocar a afiliados y simpatizantes de la familia socialista.

El cambiazo de exámenes se efectuó durante el periodo de correcciones de las pruebas en, la sede de la empresa encargada de ese trabajo, Euro Appraisal. Marcos Merino viajó a Madrid a entrevistarse con responsables de esa empresa durante las fechas en que fueron detectadas las irregularidades.

Apoyo del partido

Los socialistas vascos cerraron ayer filas en torno a Marcos Merino al considerar que "no hay nada reprochable en su proceder". En una nota de la ejecutiva, subrayan que el escrito de la juez no contiene acusaciones "ni contra Marcos Merino ni contra otras personas". Es decir, respaldan al vicesecretario del PSE y recuerdan que el Tribunal Supremo rechazó la imputación de Marcos Merino con los mismos indicios que la juez le atribuye ahora.En el auto, la juez Dolores Baeza sostiene que las declaraciones de los presuntos implicados carecen de toda credibilidad. Marcos Merino justificó las entrevistas con los directivos de Euro Appraisal porque estaba realizando gestiones de asesoría gratuita para la -empresa desde su puesto en la Ejecutiva socialista.

La juez instructora cree que el objetivo del cambiazo era beneficiar a personas ideológicamente afines a la familia socialista, aunque matiza que muchos de los que iban a salir beneficiados no estaban al tanto de la manipulación. El móvil fue exclusivamente económico y los hechos pueden revestir, "sin perjuicio de ulterior evaluación, los caracteres de un delito de falsedad en documento oficial en forma de delito continuado, pudiendo alcanzar la pena señalada a estos delitos la de prisión mayor y multa".