Siete de los 'papeles del Cesid' tienen contenido delictivo, según Garzón

Siete de los llamados tienen "contenido delictivo", en opinión del magistrado de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón. Según un auto dictado tras conocer la decisión del Consejo de Ministros de no desclasificar los documentos secretos, el juez sólo renuncia a investigar tres de los 18 papeles incorporados a su sumario, mientras insiste en seguir indagando respecto a los 15 restantes.

El 2 de agosto, el Consejo de Ministros decidió no desclasificar los papeles del Cesid que habían pedido tres jueces, alegando que su contenido afecta a la seguridad del Estado y que tres de ellos no están ni consta que hayan estado nunca en los archivos del centro: las supuestas conversaciones entre Gómez Nieto y Rodríguez Galindo, de un lado, y con Perote, por otro; y el sello con el anagrama de los GAL. De los restantes, según el Gobierno, no se puede acreditar su autenticidad, pues los originales fueron destruidos y las microfichas que se conservan estuvieron dos meses en poder de Perote, quien pudo manipularlas.Garzón respondió al Gobierno con un nuevo auto, dictado el 11 de septiembre. "Está acreditado", según el juez, "que la materia a la que parte de los documentos se refiere tiene directamente un contenido delictivo, por cuanto alude a la comisión de varios hechos delictivos, principalmente el de fundación de organización terrorista y colaboración con la misma mediante el anuncio de sus ilícitas actividades que son secuestros".

En concreto, Garzón atribuye carácter delictivo a los documentos transcritos en su auto del 16 de mayo (que EL PAÍS reprodujo íntegramente ayer) con los números 4d), la llamada acta fundacional de los GAL; 7g), la hoja de despacho con la anotación "Pte. para el viernes"; 8g), la nota que avisaba del inicio de acciones violentas en el sur de Francia; 10j), el registro de armamento sin legalizar en la Agrupación Operativa del Cesid; 11k), la propuesta de comprar armas en Suráfrica; 15ñ), que habla de "operaciones de fuerza" contra los Comandos Autónomos; y 18g), que aconseja una "acción física sobre objetivo a designar".

Para justificar su decisión de seguir investigando sobre estos documentos, pese a la negativa a desclasificarlos, Garzón interpreta que el Gobierno "no ha podido decir en momento alguno, porque legalmente no podía hacerlo, que quede clasificada la materia delictiva que tales documentos contienen".

Continente y contenido

En opinión del juez, hay que distinguir los papeles propiamente dichos, que están clasificados, de su contenido, que no puede estarlo. Como consecuencia de este razonamiento, recuerda a "los funcionarios, parlamentarios, jueces o personas en general que pudieran conocer el contenido delictivo de alguno de aquellos soportes [su deber] de colaborar con la Justicia poniéndolo a disposición de los jueces". De esta forma, asegura, "se respeta la decisión del Consejo de Ministros, ya que no se entrega el soporte físico del documento".Hay otro bloque de papeles de los que Garzón asegura que se mantiene su valor probatorio, pese a que carecen de contenido delictivo y no han sido desclasificados. Son los documentos que figuran en su auto con las referencias 1a), sobre la baja en el Cesid de Bayo y Gómez Nieto; 2b), relativo a la adscripción de dos sargentos a la dirección de la Seguridad del Estado; 3c), que recoge un informe personal sobre Gómez Nieto; 5e), que alude a la reunión en la que se trató sobre el acta fundacional; 6f), que propone un pacto con la Mafia; y 13m), sobre los empleados del Cesid que fabricaron presuntamente el sello con el anagrama de los GAL.

"La validez y eficacia de los elementos probatorios aportados con carácter previo a la decisión del Consejo de Ministros y que se derivan del contenido de los documentos cuya desclasificación se solicitaba, se mantiene", resuelve el juez, sin mayores explicaciones.

Garzón examina también los papeles que, según el Gobierno, ni están ni consta que hayan estado nunca en los archivos del Cesid. Se trata de la transcripción de presuntas conversaciones entre Gómez Nieto y Rodríguez Galindo, con la referencia 9i); y del sello con el anagrama de los GAL, con el número 121).

El juez afirma que, al no constar su existencia, "ni son secretos, ni están clasificados ni tienen que ser desclasificados y, por tanto, no existe impedimento alguno para aportarlos e incluso existe obligación de hacerlo por quien los tenga en su poder".

Finalmente, hay tres documentos que Garzón renuncia a seguir investigando. Son el 14n), sobre actividades en el sur de Francia; el 16o) y el 17 p), ambos relativos a la creación de un grupo especial de la Guardia Civil. El juez dice que estos papeles, "referidos a la aportación de datos o elementos probatorios acreditativos de la ejecución de hechos o actividades delictivas [ ... ] no podrán en lo sucesivo indagarse, dejando lo realizado a la valoración de la Sala en el momento procesal oportuno".

Garzón no se pronuncia sobre los dos documentos solicitados por los jueces Javier Gómez de Liaño y Justo Rodríguez. El primero, con el número 19 en la relación publicada ayer por EL PAÍS, recoge una supuesta conversación entre Gómez Nieto y Perote en la que el primero explica la forma en que fueron asesinados Lasa y Zabala. Según la respuesta del Gobierno, no existe oficialmente.

El segundo, con el número 20, describe una presunta manipulación de pruebas para ocultar las circunstancias en que murió la etarra Lucía Urigoitia, en 1987. El Ejecutivo estima que ha podido ser alterado.