Las autonomías recurren al Constitucional más de la mitad de las leyes medioambientales

Las autonomías no quieren legislación estatal medioambiental. Tienen las competencias, y cualquier asomo de regulación les huele a estatalismo. De 1984 a 1994 han recurrido al Tribunal Constitucional el 56,8% de las, normas de protección ambiental más del doble de la media (23,6%) de los recursos presentados ante el alto tribunal por otras cuestiones, según destacó ayer Cristina Álvarez, directora del Instituto para la Política Ambiental Europea / Madrid. En Medio Ambiente creen que responden a una interpretación "fuerista" de autoafirmación frente al Estado.

El precipitado traspaso de competencias medioambientales a las comunidades autónomas, sin que el Estado dispusiera de normas ni de una cultura básica, hace inoperante más de la mitad de la legislación en esta materia -el 56,8%-. Son datos extraídos de las impugnaciones autonómicas ante el Tribunal Constitucional realizadas en diez años (1984-94), recogidos por el Ministerio de Administraciones Públicas.La directora en España del Instituto para la Política Ambiental Europea (IPAE), Cristina Álvarez, los reveló ayer en la celebración del XX Aniversario de esta entidad privada que tiene en su haber un amplio trabajo de influencia en los foros europeos para sensibilizar a los políticos sobre acciones de protección al Medio Ambiente. Desde que se fundó hace veinte años, la IPAE ha colaborado codo a codo, con la Comunidad Europea y la Unión Europea después, en el desarrollo de estas políticas mediante informes y estudios pioneros en este campo.

Parte de los frutos de ese trabajo callado se hará patente en a Cumbre Europea de Dublín que se celebra este fin de semana, donde se plantea la reforma del Tratado de Roma. De los cuatro artículos a modificar, según Nigel Haigh, director del PAE en Londres y miembro el Consejo Asesor de la Agencia Europea del Medio Ambiente, tres han surgido de propuestas de la IPAE: uno de ellos es la inclusión de la promoción del desarrollo sostenible en el Tratado; otro es una nueva cláusula para que el Medio Ambiente se integre en todas las políticas de la UE y no permanezca aislada en una sola dirección general. La tercera es colateral pero también está vinculada a esta materia. Aborda la posibilidad de que los miembros adheridos con mucha cultura protectora a sus espaldas, como Suecia y Austria, puedan mantener sus elevados estándares sobre plaguicidas, herbicidas y productos químicos, mucho más exigentes que los vigentes en la UE. A partir de Dublín la UE dispone de seis meses para aprobar estas reformas.

Recién nacido sin biberón

Cristina Álvarez aprovechó la puesta de largo de IPAE en España para examinar el cumplimiento de la legislación ambiental comunitaria. Una de cal y muchas de arena. En el corto espacio de disfrute democrático se han descentralizado las administraciones públicas y se han incorporado al derecho interno más de dos centenares de normas comunitarias, sin mediar periodo transitorio. Se ha dado a luz un niño, pero no se le ha dado el biberón que necesita.Prueba de ello es que el incumplimiento de las directivas europeas ha dado pie a la apertura de 33 procedimientos por infracción, 14 de los cuales deben resolverse el año próximo. Tres lo fueron por incorporación inadecuada, siete por no aplicación y 23 por no comunicar las medidas adoptadas.

En el diagnóstico de esos incumplimientos, Cristina Álvarez detecta que las administraciones públicas no actúan de manera coordinada en el ejercicio de sus competencias, no cuentan con recursos humanos y materiales adecuados ni involucran a los agentes sociales implicados.

El subsecretario del Ministerio de Medio Ambiente, Claro J. Fernández-Carnicero, excusó la inmadurez del departamento por su corta edad (nació el pasado mes de junio). Y atribuyó la falta de lubricante entre las administraciones estatales y autonómicas a la ausencia de una legislación básica que sirva a unas y. otras de referente.

En su opinión, los conflictos entre ambas administraciones surgen por una interpretación de la legislación en términos "fueristas" de autoafirmación frente al Estado, en lugar de considerarla instrumental.