Vizcaya emprende una reforma del impuesto sobre la renta con menos tramos en la tarifa

La Hacienda foral de Vizcaya, pionera en la reforma del impuesto de sociedades vasco, se propone ahora revisar el impuesto sobre la renta (IRPF). Los principales objetivos consisten en simplificar la tarifa mediante una reducción de los tramos, ajustar las retenciones para evitar el alto número de devoluciones y buscar un mayor equilibrio entre lo que tributan las rentas del trabajo, empresariales y del capital. Además, durante todo el año que viene se va a revisar el sistema de módulos en el IRPF para los pequeños empresarios de Vizcaya. Una de las ideas que ya están claras se basa en que el número de empleados no sea un baremo para determinar la carga fiscal, con el fin de no penalizar el empleo.

El reciente pacto presupuestario suscrito entre el PP y el PNV refuerza la capacidad normativa de las diputaciones vascas sobre el IRPF y, en especial, sobre la tarifa. Las diputaciones forales pueden establecer una tarifa del impuesto, con el límite de que ésta no varíe en mas o menos de un 20% con respecto a la estatal. Ese acuerdo aún no tiene carácter formal, ya que ha de traducirse en una reforma del Concierto Económico vasco, ley, que regula las relaciones financieras entre esa comunidad y la Administración central. El compromiso político es, sin embargo, suficiente para que la Diputación Foral de Vizcaya empiece a lanzar las primeras ideas de lo que quiere hacer con su impuesto sobre la renta. Vizcaya y su diputado foral de Hacienda, Fernando Olmos, abrieron la batalla fiscal con la reforma del impuesto de sociedades, que se ha traducido en una rebaja del tipo general desde el 35% estatal hasta el 32,5%. La Administración central y las comunidades autónomas vecinas han recurrido esta medida ante los tribunales.

Vizcaya cree que el actual impuesto sobre la renta es un modelo agotado. Por ello va a trabajar en la reducción de los tramos actuales. También quiere terminar con la distribución de la carga fiscal que sitúa su mayor peso en las rentas del trabajo. Por último, se modificará la tabla de retenciones o pagos a cuenta, de forma que se corresponda más con la tarifa mediante la cual se liquida el impuesto y se evite así el abultado número de devoluciones.

No hay aún fecha para la entrada en vigor de estas medidas, puesto que se está a la espera de la redacción concreta del nuevo Concierto. La reducción de tramos del IRPF es, por otra parte, una de las promesas del PP que también se va a desarrollar el año próximo. En ambos casos, la primera declaración con los nuevos modelos sería, como pronto, la que se presentase en junio de 1998. También en paralelo se va a producir una reforma del sistema de módulos por el que tributan en el impuesto sobre la renta unos dos millones de pequeños empresarios en toda España, la mitad agricultores y el resto comerciantes, taxistas, propietarios de bares, etcétera. Vizcaya llevará a cabo el año que viene un estudio del sector con la idea de reformarlo. Para el territorio de régimen común (no foral), funciona una comisión interministerial al efecto (Economía y Hacienda, Trabajo, Agricultura e Industria) que deberá presentar sus conclusiones antes del 31 de marzo.

Los módulos sirven para calcular el beneficio (rendimiento) de estas pequeñas empresas mediante una serie de parámetros objetivos: tantas pesetas por metro cuadrado de local número de empleados y potencia instalada. Sobre el rendimiento así determinado se aplica la tarifa normal del impuesto sobre la renta. Para estos empresarios tiene la ventaja de que no se les exige llevar contabilidad ni guardar facturas. Hacienda, por su parte, ha conseguido multiplicar por tres el número de personas que presentan declaración. El inconveniente es que se está usando como un instrumento de fraude fiscal. Las pequeñas empresas acogidas a módulos hacen facturas de favor o ficticias a otras empresas que tributan por otros sistemas y que se deducen estas cantidades como costes para pagar menos impuestos. De momento, y para 1997, el Gobierno central ha decidido aumentar al 15% el porcentaje de reducción que los empresarios sujetos a este sistema se pueden aplicar en su rendimiento. También se ha decidido congelar las tarifas el año que viene -a los agricultores se les baja- y no tener en cuenta el incremento de plantilla en 1997 para calcular el rendimiento. Vizcaya quiere ir más allá, de forma que el empleo no esté penalizado; es decir, que no influya en absoluto a la hora de determinar el beneficio.