La Audiencia Nacional y la Fiscalía desautorizan a Liaño por citar como testigo al fiscal jefe

La Audiencia Nacional entró ayer en ebullición como consecuencia de la citación que el juez del caso Lasa-Zabala, Javier Gómez de Liaño, envió al fiscal jefe José Aranda para fomarle declaración sobre una presunta ocultación de datos en el sumario. A modo de árbitro, la Sala de lo Penal intervino en el último momento y desautorizó al magistrado suspendiendo cautelarmente la cita. No obstante, Liaño aprovechó el acto de la suspensión para interrogar a Aranda acerca de quién facilitó a EL PAÍS dos informaciones publicadas recientemente: una, sobre las intenciones de la fiscalía de instar al juez a cerrar cuanto antes el caso; otra, sobre la citación que Liaño había enviado a Aranda. La Junta de Fiscales, después de tres horas de reunión, acordó desautorizar a Liaño porque "la citación no es adecuada a la ley". El juez ha pedido amparo al Poder Judicial.

El fiscal jefe de la Audiencia Nacional, José Aranda, se defendió al contraataque. Muy temprano, antes de la hora fijada para su comparecencia, Aranda acudió a pedir instrucciones al fiscal del Estado para saber a qué atenerse ante la citación de Liaño para declarar por posible ocultación de datos. El magistrado está interesado en las conversaciones que en verano de 1995 mantuvieron el fiscal Ignacio Gordillo y el, abogado de Herri Batasuna Iñigo Iruin, nada más descubrirse los cadáveres de José Antonio Lasa y José Ignacio Zabala en Bussot (Alicante) y cuando el caso aún no había llegado a la Audiencia Nacional.Ortiz aconsejó a Aranda que se negase a declarar y que presentara un recurso de queja. La ley sólo prevé la presentación de recurso de reforma cuando se deniega una prueba, pero no cuando se acuerda, por lo que en este caso el recurso de queja era el único posible. En un ambiente de gran tensión, Aranda actuó de inmediato y en una doble dirección.

Por un lado, presentó un escrito ante Liaño pidiéndole que reconsiderase su postura de llamarle como testigo, ya que, en su criterio, el fiscal es parte en el proceso desde el primer momento y el testificar le impediría seguir ejerciendo de fiscal en el caso. Además, cursó un recurso de queja ante la Sala de lo Penal en base a los artículos 412, 413 y 414 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Aranda solicitaba del tribunal un pronunciamiento sobre el fondo de la cuestión y la suspensión cautelar de la citación.

La sala advierte al juez

Liaño no respondió al escrito de Aranda, pero el presidente de la Sala de lo Penal, Siro García Pérez, sí acudió urgentemente a su juzgado para comunicarle la interposición del recurso. Le informó que la Sala tenía previsto reunirse a deliberar y que era conveniente para todos que el juez, motu propio, anulase la cita.La reunión del tribunal concluyó con el acuerdo de suspender cautelarmente el interrogatorio y dar un plazo de tres días a Gómez de Liaño para que informe sobre las razones por las que estima necesario interrogar al fiscal jefe. El instructor del caso Lasa-Zabala, tras consultar con el juez decano Carlos Dívar, acudió al despacho de Aranda. Tras constituir el juzgado en las dependencias de la fiscalía, notificó al fiscal jefe, en efecto, la suspensión del acto, pero de inmediato e informó de dos providencias más, en las que le exponía la necesidad de interrogarle sobre las informaciones publicadas en EL PAÍS el 29 y 30 de noviembre. Una anunciaba que Aranda le había instado a cerrar cuanto antes el caso Lasa-Zabala. La otra se refería a la intención de Gómez de Liaño de tomar declaración a Aranda.

Aranda, indignado por lo que consideraba una nueva maniobra de Liaño para hacerle declarar, le respondió que no sabía de qué le estaba hablando, que no leía lo que decían los periódicos y que ya estaba recurrido el hecho de que le citase. La estancia de Gómez de Liaño en el despacho del fiscal no pasó de 13 minutos.

El fiscal encargado del caso Lasa-Zabala, Jesús Santos, también ha sido citado por Gómez de Liaño a declarar sobre el origen de las noticias publicadas en EL PAÍS, aunque la comparecencia aún no se ha realizado.

A la vista de la nueva citación, Aranda volvió a informar al fiscal general del Estado y le pidió la convocatoria de la Junta de Fiscales de Sala, que después de tres horas decidió que "no es adecuado a la Ley citar a quien como testigo a quien ya es parte imparcial en el proceso".