Liaño pide amparo al Poder Judicial por "acoso" a su independencia

El juez Javier Gómez de Liaño ha pedido amparo al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) por lo que a su entender constituye un "acoso" a su labor y un ataque a su independencia. Gómez de Liaño acudió ayer a la sede del Consejo, donde conversó con el presidente del citado organismo y del Tribunal Supremo, Javier Delgado Barrio, al que expresó sus quejas.

El magistrado presentó el pasado viernes un escrito en el que explicaba que estimaba como un acoso a su labor la información publicada en EL PAÍS en la que se señalaba que el fiscal jefe de la Audiencia Nacional, José Aranda, le había instado a cerrar cuanto antes el caso Lasa-Zabala, del que Gómez de Liaño es juez instructor. En su escrito señalaba que en el sumario no figuraba ninguna petición de Aranda en ese sentido. La información publicada por este periódico mencionaba que el fiscal jefe Aranda había ordenado a su subordinado Jesús Santos, fiscal encargado del caso Lasa-Zabala, que reclamase de Gómez de Liaño el levantamiento del secreto del sumario, y que le instase a concluir la instrucción lo antes posible. En caso de que no se pudiese cumplimentar la orden, Aranda requería ser informado de las diligencias pendientes y de las razones por las que era necesario mantener el secreto de las actuaciones.

Jesús Santos informó a Aranda de que el juez levantó parcialmente el secreto del sumario y que había pedido la práctica de una serie de diligencias, además de que se está pendiente de la resolución que la Sala Tercera del Tribunal Supremo puede adoptar respecto de la desclasificación de los papeles del Cesid.

Gómez de Liaño, por su parte, amplió ayer la petición de amparo por estimar un nuevo acoso la información publicada por este periódico en la que se señala que el fiscal jefe Aranda considera que su citación a declarar por supuesto ocultamiento de datos en el caso Lasa-Zabala constituye "un ataque institucional".

Liaño y la inspección

El magistrado ya presentó un escrito la pasada semana ante el CGPJ en el que lamentaba la respuesta que el jefe de la Inspección de la Fiscalía, Juan José Martínez Zato, daba a su petición de que le fueran entregadas las grabaciones y cintas magnetofónicas sobre las conversaciones entre el fiscal Ignacio Gordillo y el abogado Iñigo Iruin que estuviesen en poder de la fiscalía.Martínez Zato le había contestado que no tenía grabación alguna y que, de haberla tenido, si hubiera sido delito ya las habría remitido al juzgado porque él no oculta datos.

Cuando el fiscal del Estado tuvo conocimiento de este escrito, remitió también al Consejo el escrito en el que Gómez, de Liaño reclamaba las cintas. Este incidente será estudiado hoy en la reunión de la comisión permanente del CGPJ.