Banesto propone el inicio de diligencias contra Gómez de Liaño y Sitges como cooperadores de Conde
El Banco Español de Crédito (Banesto) elevó ayer un escrito a la sala de lo Penal, sección segunda, de la Audiencia Nacional en el que señala que "la comisión rogatoria suiza establece de forma palpable la responsabilidad de Mariano Gómez de Liaño y Francisco Javier Sitges" en operaciones presuntamente delictivas, procediendo "que se instruyan las correspondientes diligencias contra los mismos". Entre ellas, propone su citación como inculpados, abriendo una pieza separada en el procedimiento del caso Banesto.
El escrito del equipo jurídico de Banesto parte de las propias afirmaciones del juez Manuel García-Castellón en su auto de apertura de juicio oral respecto de las operaciones presuntamente delictivas que imputa a Mario Conde y a su presunto testaferro, Eugenio Martínez Jiménez. En su auto, el juez describía los cruces entre la sociedad suiza Jamuna y Valyser en la operación de presunta estafa de Isolux, cuyo montante ascendió a 3.800 millones de pesetas. Asimismo, ponía de relieve que en la operación, también de estafa, de Promociones Hoteleras, la parte del león, 845 millones de pesetas, se la llevó la sociedad helvética Asni Investments.
Declaración de Gallone
Así, el escrito recuerda que en la comisión rogatoria suiza, el fiduciario Paolo Gallone confesó que Asni Investments y Jamuna son propiedad de Mariano Gómez de Liaño y de Francisco Javier Sitges, quienes, según aseguró, le dieron instrucciones para realizar las inversiones en Promociones Hoteleras y en Isolux. Gallone también informó que Gómez de Liaño le había reconocido que controlaba Valyser.Todos estos elementos confirmatorios enlazan con múltiples indicios hallados en la fase de investigación sumarial: préstamos de Asni a Valyser, instrucciones de Gómez de Liaño a Eugenio Martínez Jiménez para realizar inversiones, gestión de cartas de garantía en la operación Isolux por parte de Gómez de Liaño, y otros. En lo que se refiere a Sitges, el escrito recuerda los indicios ya existentes en el sumario sobre las relaciones del ex presidente de Asturiana del Zinc (AZSA) con Gómez de Liaño.
Entre ellos destacan el aval que dio AZSA, sin autorización de su consejo, para seis letras de cambio por 537 millones pesetas a favor de Valyser, para que ésta pudiese comprar el 36% de la sociedad Mefasa. En el astillero de Mecanizaciones y Fabricaciones, en San Juan de Nieva, propiedad de Sitges, se construyeron varios yates de lujo, entre ellos el Alejandra, para Conde, y el Blue Legend, para Javier de la Rosa; también allí se construyó el Corona del Mar, al que renunció el rey Juan Carlos y que Patrimonio del Estado vendió posteriormente.
El escrito citado señala que "de igual manera que se ha abierto el juicio oral contra quien, según el ministerio fiscal, es el titular real de los grupos Euman Vlyser (grupo oculto en España) y Asni, Jamuna y Kaneko (grupo oculto en Suiza), esto es Mario Conde, habría que iniciar diligencias investigatorias contra los que aparecen como colaboradores necesarios e incluso daban las instrucciones de actuación de las sociedades suizas".
Los abogados de Banesto sugieren que la iniciación de las diligencias, con la toma de declaración de Gómez de Liaño y Sitges como imputados, tiene un interés de celeridad para el procedimiento ya que "al tramitarse la pieza separada, el rollo de apelación quedaría reducido en lo que se refiere a la imputación de estas personas". Con esto, se quiere decir, en román paladino, que de iniciarse las diligencias propuestas la vista del próximo día 16 de diciembre debería dejar a un lado la propuesta de imputación de Gómez de Liaño y de Sitges. Ésta se tramitaría a través de una pieza separada a incorporar al conjunto del procedimiento principal.
El escrito incluye como anexo la posición de la nueva responsable del caso, la Fiscalía Anticorrupción, frente a la petición de Conde de viajar al exterior el pasado 12 de noviembre. La Fiscalía presentó un recurso contra la autorización al viaje y el juez denegó el permiso. En el recurso, la Fiscalía afirmó que la comisión rogatoria suiza evidenciaba "claramente la vinculaciones del acusado Conde y los demás con las sociedades y personas que allí se relacionan".
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