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¿A quien le importa la democracia argelina?

GEMA MARTÍN MUÑOZEl régimen argelino se apresta a adoptar un nuevo texto constitucional que suprime los principios más democratizadores de la Constitución de 1989.

El referéndum que se celebrará mañana en Argelia para aprobar la reforma constitucional viene a culminar la segunda etapa de la política inaugurada por el poder argelino hace un año con los comicios presidenciales, basada en la no aceptación del diálogo con el Frente Islámico de Salvación (FIS) y en la neutralización de la plataforma de Roma.Las elecciones presidenciales lograron un índice de participación que convirtió los comicios en un éxito para el régimen, si bien ésta se logró transmitiendo a la población que era la única solución contra la violencia y para lanzar la reconciliación nacional, lo que, sin embargo, no ha tenido lugar. Por el contrario, el tiempo ha mostrado que las elecciones, más que significar el punto de arranque de un nuevo proceso, cumplieron una función per se a través de la cual el régimen militar argelino consiguió transmitir credibilidad a la comunidad internacional; desembarazarse de la losa de las elecciones legislativas interrumpidas en enero de 1992, haciendo caducos sus resultados; recuperar al FLN (Frente de Liberación Nacional) en su papel tradicional de partido gubernamental; consolidar a Hamás en su función de conquistador del electorado del FIS, y favorecer la división en el seno del FPS (Frente de Fuerzas Socialistas) de Ait Ahmed.

La reintegración del FLN en el régimen bajo el liderazgo de Bualen Benhamuda, múltiples veces ministro entre 1965 y 1986 y poco afecto al pluralismo, es una prueba más de la actual dinámica de recuperación del bumedianismo y de la reintegración en el aparato del Estado de élites sociales y políticas que fueron marginadas durante el periodo de Bendjedid. Esta reestructuración se ha realizado en contra de la línea rupturista, representada por Abdelhamid Mehri y Mulud Hamruch, partidaria de un consenso nacional amplio que, sin excluir al FIS, permita pacificar al país.

Asimismo, la estrategia de debilitación del FIS por parte del régimen militar se ha organizado en tomo a tres ejes. Por un lado, con medidas económicas destinadas a sustraerles el apoyo económico de ciertos sectores de la burguesía urbana, favoreciendo, gracias a la liberalización del comercio desde 1994, sus inversiones en ámbitos de gran rentabilidad como el sector inmobiliario y el de la exportación e importación; y creando para los jóvenes empleos políticos que, si bien son improductivos, buscan sustraerlos de la tentación de unirse a la guerrilla. Por otro lado, en términos políticos, dentro del espectro islamista Hamás y el GIA (Grupo Islámico Armado) sirven al régimen militar para debilitar y fragmentar al FIS y a su brazo armado, el Ejército Islámico de Salvación (AIS). Permitiendo la expansión del islamismo "moderado" de Hamás se busca que éste absorba el caudal de apoyo del que goza el islamismo, en importantes sectores de la sociedad. Hamás, con su líder Mahfuz Nahmah, representa lo que podríamos denominar como una "oposición constructiva", cuando no de compromiso con el poder.El GIA, desde su emergencia en 1993, ha supuesto una enorme concurrencia para el FIS, rompiendo la hegemonía de que éste gozó en el seno de la tendencia islamista hasta el golpe de Estado de 1992. Las disensiones entre el AIS y el GIA han emergido en numerosas ocasiones, sobre todo cada vez que se apunta una iniciativa de diálogo político por parte del FIS o bien cuando el AIS critica las fatwas y las excomuniones pronunciadas por el GIA en su boletín Al-Ansar. Por otro lado, las sanguinarias acciones del GIA y sus proclamas incendiarias de la guerra santa permiten al régimen legitimar su lucha antiislamista (en la que se identifica a toda la guerrilla islamista con los excesos del GIA) y le facilitan el apoyo de los organismos económicos internacionales, temerosos de ver caer en manos de estos sectores violentos a este enorme país norteafricano rico en hidrocarburos.Ello ha traído consigo un apoyo económico al régimen argelino sin precedentes, con el solo requisito de cumplir con las exigencias del ajuste estructural impuesto por el FMI que Argelia ha cumplido bastante rigurosamente. Así, el país ha ido experimentando un proceso creciente de militarización tanto por el aumento de las fuerzas de seguridad como por el de sus efectivos, y mientras en 1991 Argelia estaba sumida en una quiebra financiera, en la actualidad cuenta con un aumento de las inversiones petroleras y recibe una ayuda nunca imaginada que supera los cinco mil millones de dólares. Como afirman algunos analistas, el conflicto parece ser más rentable que el reparto del poder con la oposición.

Sin embargo, este apoyo financiero no evita que la crisis social se agudice día a día. Según el Informe Mundial sobre el Desarrollo Humano de la ONU, Argelia se sitúa en el puesto 73 de los 10 1 países en desarrollo estudiados, lo que pone de manifiesto un progresivo proceso de pauperización y una cada vez mayor demanda Social: la tasa de natalidad baja, pero el número de nacimientos es aún del 2,5%; el número de niños en edad escolar aumenta anualmente en tomo a los 500.000; son más de 250.000 los jóvenes que anualmente llegan a la edad de integrarse en el mercado laboral. Frente a esto, las estadísticas oficiales indican una tasa de desempleo del 28,1 % y un descenso del 70% del poder adquisitivo en 1995. ¿Puede en este marco social permitirse la economía nacional destruir miles de puestos de trabajo a causa del ajuste estructural? ¿Puede estabilizarse el país sin contar con un pacto social por medio del cual la sociedad consienta en asumir los costes del reajuste estructural sin explosiones sociales y acepte parte de la responsabilidad en la gestión de la crisis económica y financiera? Y ¿puede este pacto realizarse sin un pacto democrático que integre a todas las fuerzas políticas reales?

No obstante, la Plataforma del Consenso Nacional, creada en septiembre pasado para avalar la reforma constitucional, volvió a reproducir una concepción del consenso que, sistemáticamente, fracasa a la hora de integrar a todas las fuerzas políticas del país: convertirlo en una simple invitación a adherirse a un texto en cuya elaboración no se ha comprometido a las diferentes fuerzas políticas. En respuesta, relevantes personalidades del país, entre las que destacan las del FFS de Ait Ahmed y el sector reformista del FLN (Mehri y Hamruch), publicaron recientemente un "Manifiesto por la Paz", al que se adhirió el FIS, en el que pedían el fin de la violencia y rechazaban la reforma constitucional y afirmaban que el actual poder argelino "no ha sabido reabsorber fracturas y exclusiones, ni eliminar odios y rencores y aún menos lograr la paz y la seguridad".

Todo ello no va a evitar, sin embargo, que, reafirmado por el apoyo internacional que recibe y por lo rentable que resulta la utilización del miedo islamista, el régimen militar argelino se desprenda, como hace un año hizo con las legislativas de diciembre de 1991, del lastre de la Constitución de 1989, adoptando un nuevo texto constitucional que suprime los principios más democratizadores de aquélla para reforzar el presidencialismo del régimen y cortapisar el pluralismo y la libertad de acción de la Cámara legislativa. Pero, ¿a quién le importa la democracia argelina?Gema Marfin Muñoz es profesora de Sociología del Mundo Árabe e Islámico de la Universidad Autónoma de Madrid.

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