La 'conversión'
Rogelio Gómez Guillamón, fiscal jefe de la Sala Tercera, de lo Contencioso Administrativo, del Tribunal Supremo, que deberá pronunciarse sobre varios de los papeles del Cesid, evolucionó en su postura inicial sobre la no desclasificación de los documentos hacia la posición del Fiscal General del Estado, Juan Cesáreo Ortiz úrculo, favorable a su entrega a los jueces. El Cambio de opinión de Gómez Guillamón se produjo a lo largo del mes de octubre, tras diversas reuniones de trabajo con miembros de la Fiscalía General del Estado y de la fiscalía del Tribunal Constitucional. La secretaría técnica de la Fiscalía General del Estado elaboró el informe de jurisprudencia comparada que sirvió a Gómez Guillamón para redactar, finalmente, el dictamen enviado a la Sala Tercera, en el que afirma que "en los documentos del Cesid ni siquiera se roza la seguridad del Estado".La conversión de Gómez Guillamón es un hecho. No sólo porque en noviembre de 1995, en su informe al Tribunal de Conflictos, se opuso radicalmente a la entrega de los documentos que solicitaba el juez Baltasar Garzón; sino porque, según fuentes jurídicas, a primeros de octubre aún se mantenía en posiciones contrarias a la declasificación. Por esas fechas, Ortiz úrculo, conocedor de la posición de Gómez Guillamón, se reunió con él.
Ortiz Urculo le transmitió que anhelaba llegar a una posición compartida. No se trataba de imponer un criterio arbitrario ni aplicar la orden jerárquica. El fiscal general ya era partidario entonces de algún tipo de control judicial para que una petición de desclasificación como la que había solicitado Garzón no fuese decidida por el Gobierno a solas.
El primer banco de pruebas era el caso Lasa-Zabala. Por la vía de lo contencioso-administrativo había llegado a la Sala Tercera un recurso en el que el abogado Iñigo Iruin solicitaba desclasificar los documentos ya pedidos en su momento, sin éxito, por el juez Javier Gómez de Liaño. Ortiz úrculo entendía que el acto de Gobierno del 2 de agosto de 1996, a favor de mantener la clasificación ordenada por el Gobierno anterior, podía ser recurrido. Al encontrarse con el recurso ante la Sala Tercera, el fiscal general halló la ocasión adecuada para elaborar su nueva doctrina.
Si Ortiz úrculo partía desde la posición favorable a desclasificar, Gómez Guillamón, en cambio, seguía anclado en la no desclasificación. La reflexión que se abrió facilitó la gradual evolución de este último. En varias reuniones de trabajo participó, también, uno de los fiscales del Tribunal Constitucional (TC). Las fuentes consultadas dijeron que la incorporación de este último obedeció al hecho de que, tras la próxima decisión de la Sala Tercera del Supremo, seguramente lloverán recursos ante el Constitucional, por lo que era mejor coordinar desde el principio los criterios.
El resultado fue el amplio dictamen de finales de noviembre. La conversión de Gómez Guillamón a la doctrina Ortiz úrculo fue total. Según sostiene ahora, los documentos del Cesid en cuestión "apenas rozan la seguridad del Estado", y hay que arbitrar un control sobre las decisiones del Gobierno.
Fuentes que tuvieron algún contacto con Gómez Guillamón dijeron que la posición adoptada le había resultado forzada. Tras consultar a la secretaría técnica de la Fiscalía General del Estado, este periódico obtuvo una versión diferente: "Durante varias reuniones se fue madurando. Nadie se sintió obligado a asumir ninguna posición porque hubo una convergencia desde puntos de partida que, ciertamente, no fueron los mismos".
El trabajo de la secretaría técnica, según esa fuente, consistió en propiciar la reflexión y elaborar un informe sobre jurisprudencia comparada en varios países. Se trabajó sobre los papeles del Pentágono, la CIA y también sobre documentos de la ex Yugoslavia. Una idea que surgió en las reuniones fue la de considerar el requerimiento al Gobierno para el examen in camera (en una comisión reducida de magistrados) de algunos documentos clasificados como secretos, para determinar si afectan o no a la seguridad del Estado.
Gómez Guillamón, centrándose en el único documento clasificado al que se refiere el recurso admitido a trámite -la llamada nota de despacho sobre el inicio de las acciones de guerra sucia en el sur de Francia- ahora es taxativo. "No resulta difícil llegar a la conclusión de que no afecta ni remotamente al con cepto jurídico indeterminado seguridad del Estado'", afirma. "En consecuencia ( ... ) debe ría procederse a su desclasificación ( ... ) Su contenido no afectaría ni al núcleo esencial [de la seguridad del Estado], ni siquiera a sus ale daños". Con independencia de que a Gómez Guillamón le asista o no la razón, su nueva pasión es la de un auténtico converso..
