El Gobierno podrá vetar la venta de más del 10% de Telefónica después de su privatización total

El Gobierno podrá vetar o autorizar determinadas decisiones estratégicas de Telefónica, como la venta de más del 10% de su capital, aun después de la venta del paquete de acciones del Estado en la compañía. La Dirección General de Patrimonio ha iniciado los trámites para la elaboración de un real decreto que fijará aquellas decisiones estratégicas de la compañía que habrán de contar con la autorización previa del Ejecutivo. Así, el Estado, aunque se desprenderá de la totalidad de sus acciones en la empresa, podrá hacer valer sus derechos para defenderla de ataques hostiles de la competencia.

El Gobierno prepara para mediados de febrero la venta de la totalidad de las acciones del Estado en Telefónica (el 21% del capital de la empresa) y espera obtener por ellas alrededor de 500.000 millones de pesetas. Sin embargo, se resiste a perder totalmente el control de una empresa que factura por encima del billón y medio de pesetas y es referencia obligada del sector de las telecomunicaciones.Por ello, el Gobierno se reserva la potestad de hacer que determinadas actuaciones estratégicas de la compañía tengan que contar con su aprobación durante un periodo de 10 años a partir de la fecha de la privatización.

Las actuaciones sometidas a régimen de autorización habrán de ser recogidas en el real decreto que elaborará Patrimonio, tal y como señala la Ley de Enajenación de Determinados Activos Estratégicos del Sector Público, y se referirán a las adquisiciones por terceros de participaciones de Telefónica superiores al 10% del capital de la compañía y de sus filiales más significativas, así como a la enajenación por parte de Telefónica de sus participaciones en estas filiales. También habrán de someterse al visto bueno del ministerio de Fomento y del Consejo de Ministros, los cambios de razón social de Telefónica y las operaciones de fusiones o escisiones en la sociedad. Entre las operaciones que el Estado podrá parar se encuentran posibles ofertas públicas de acciones hostiles que pudieran poner en marcha empresas competidoras del sector.

El PSOE pide mantener el 5%

El comité ejecutivo de Telefónica analizó un borrador del decreto en su reunión del pasado miércoles y una vez redactado por Patrimonio deberá pasar al Consejo de Estado para su posterior aprobación en Consejo de Ministros. El decreto sobre los poderes del Gobierno en Telefónica tendrá que estar a disposición del público.Antes de la privatización del 21 % del capital público en la matriz, el Gobierno ha previsto la venta del paquete de acciones de Patrimonio del Estado en la filial Telefónica Internacional, operación por la que espera ingresos no inferiores a 150.000 millones.

El diputado del PSOE Alfredo Pérez Rubalcaba presentó ayer una proposición no de ley en la que pide que el Estado conserve el 5% de Telefónica.

Por otra parte, la compañía anunció ayer que apelará a la Unión Europea y a otras instancias internacionales para que se revoque el concurso de adjudicación de dos licencias de explotación de la telefonía móvil GSM en Rumania. Las licencias han ido ha parar a sendos consorcios liderados por France Télécom y Telesystem International Wireless, filial de la estadounidense AirTouch, aunque Telefónica considera que una de ellas le había sido ya concedida en marzo de 1992 cuando comenzó a prestar los servicios de telefonía móvil con tecnología analógica a través de Telefónica Romania.

La adjudicación de nuevas licencias de telefonía móvil en Rumania se produce el último día hábil del actual Gobierno rumano, ya que el próximo domingo se celebran elecciones en aquel país, y ése es precisamente uno de los argumentos que Telefónica empleará ante las distintas instancias a las que se dirigirá (Association Council de Bruselas, International Center for Settlement of Investment Disputes de París y Tribunal Internacional de Arbitraje) para lograr su propósito. No obstante, la compañía española ya había contratado al bufete de abogados Steptoe & Johnson (ver EL PAÍS del 17 de septiembre) para que tratara de paralizar el concurso rumano, sin resultados.