La oleada de casos de corrupción en el fútbol portuqués obliga al Gobierno a intervenir

El Gobierno ha amenazado a la Federación Portuguesa de Fútbol (FPF) con retirar a los clubes el estatuto de entidades de utilidad pública, mediante el cual obtienen jugosos beneficios fiscales, si ese órgano no depura, de forma inmediata, las responsabilidades en todos los casos de corrupción que rodean al fútbol en Portugal y favorece la limpieza de las competiciones. Un responsable de la Policía Judicial portuguesa confirmó ayer que las investigaciones realizadas hasta el momento pueden llevar a los tribunales a varios dirigentes deportivos acusados de sobornar árbitros.

El secretario de Estado para el Deporte, Miranda Calha, ha exigido el presidente de la FPF, Gilberto Madaíl, que actúe con la máxima energía para resolver la avalancha de acusaciones de corrupción que estos días se han vertido contra diversos dirigentes del fútbol portugués, en especial contra el presidente del Oporto y actual máximo dirigente de la Liga, Jorge Nuno Pinto da Costa. El máximo órgano de la judicatura portuguesa, el Consejo Superior de la Magistratura, decidió ayer abrir un proceso al juez Cruz Pereira, presidente de la Comisión de Arbitros de la Liga Portuguesa.El escándalo comenzó el pasado 23 de octubre cuando el diario deportivo Récord publicó una conversación off the récord con el actual entrenador del Oporto y ex seleccionador del equipo nacional, Antonio Oliveira, quien reconoció tener guardadas las pruebas de la falsificación de varios documentos para el traspaso ilegal del futbolista zaireño N'Dinga, que supuestamente provocaron el descenso a Segunda división de la Académica de Coimbra y la expulsión del secretario general de la FPF, César Gracio. "Estuve en el mayor fraude del fútbol portugués", reconoció en privado a los periodistas Antonio Oliveira, hermano a su vez del presidente de la sociedad Olivedesportos, un auténtico imperio que controla la publicidad de las retrasmisiones deportivas y los derechos sobre los principales clubes de fútbol.

A partir de ese momento, la cascada de acusaciones sobre corrupción en el fútbol ha inundado las páginas de los periódicos y los informativos de los medios de comunicación audiovisuales. Fernando Barata, ex presidente del Farense y empresario de hostelería, ha reconocido públicamente que pagó estancias de vacaciones en sus empresas a dirigentes deportivos, periodistas y árbitros con el objetivo de favorecer a su equipo. Asimismo ha confesado que el Oporto, encabezado actualmente por Pinto da Costa, "cerebro del clima de corrupción" que atraviesa el fútbol portugués, pagó vacaciones en Brasil, México y el Algarve a diversos árbitros, entre ellos Carlos Calheiros, ex candidato a la presidencia de la Comisión Arbitral de la Liga de Clubes.

Barata ha afirmado también que el Oporto pagó a un árbitro internacional rumano para que favoreciera al equipo portugués frente al Aberdeen escocés durante las semifinales de la Recopa que finalmente ganó por 1-0. Precisamente por este partido, el presidente de la FPF, Gilberto Madaíl, informará el próximo lunes a los responsables de la UEFA del resultado de las investigaciones realizadas en Portugal sobre ese polémico caso. Madaíl ha reconocido, tras una entrevista con el secretario de Estado para el Deporte, que la comisión de arbitraje volverá a depender de forma inmediata de la propia federación.

Información a la UEFA

El ex presidente de la Comisión Arbitral de la Liga, Jesús Costa, ha reconocido también en público su absoluta convicción de que existe una grave corrupción en el fútbol portugués, mientras su sucesor en el cargo, Cruz Pereira, daba cuenta el pasado domingo en la televisión estatal de otros casos de corrupción entre los árbitros que involucraban en los sobornos al presidente del Guimaraens, Antonio Pimenta.

De entrada, el próximo lunes, el presidente de la FPF, Gilberto Madaíl, informará personalmente a los dirigentes de la UEFA sobre esta grave situación e intentará restablecer el honor perdido del fútbol lusitano. Las denuncias contra el Oporto, objeto de las principales acusaciones de corrupción, han provocado la inmediata reacción de diversos dirigentes políticos, entre ellos el alcalde socialista de Oporto que considera estas denuncias como una "ofensa" a la ciudad y "a los valores" del norte de Portugal.