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Auger y Robles piden responsabilidades penales para los crímenes de los GAL

Jueces para la Democracia condenó ayer "los graves ataques y delitos contra la vida y las libertades" cometidos por "servidores del Estado" y defendió el control judicial de los actos del Gobierno. Entre los más de cien asistentes al undécimo congreso de asociación progresista y minoritaria, tanto el residente de la Audiencia Nacional, Clemente Auger, como la ex viceministra de Interior Margarita Robles pidieron responsabilidades penales ara los crímenes de los GAL como prueba de la legitimación democrática del Estado de derecho.

El congreso, que se clausura hoy, se ha celebrado con el fantasma de la guerra sucia flotando en el ambiente y especialmente presente en las intervenciones de la mayoría de los magistrados que ejercen en el País Vasco.Las posiciones prosocialistas del sector asociativo que lideraba el ex ministro de Justicia e Interior Juan Alberto Belloch, representadas ahora por el ex alto cargo de Justicia Juan Luis Ibarra, fueron barridas por una diferencia de 99 a 3 votos en favor de la ponencia de Perfecto Andrés, complementada con aportaciones de Nuria Cleries y José Antonio Martín Pallín, para reforzar el control judicial de la actuación gubemamental. Martín Pallín es uno de los magistrados de la Sala Segunda del Supremo que votó el lunes que Felipe González debe ser llamado a declarar en el caso GAL.

Así, entre otros puntos, se aprobó que "corresponde a los tribunales el control de la legalidad de la actuación administrativa" y siempre será revisable judicialmente "cualquier acto de gobierno que pueda vulnerar un derecho fundamental". Asimismo, se aprobó que los jueces penales deben investigar y enjuiciar toda actuación política delictiva sin que el Gobierno "pueda esgrimir como obstáculo el secreto oficial".

Robles, aunque perteneció también al viejo equipo de Belloch, no votó las tesis de Ibarra, favorables a reservar al Ejecutivo espacios de actuación no controlables por los jueces.

La ex viceministra declaró en los pasillos, en relación con el caso GAL, que "el Gobierno tiene obligación de colaborar con la Justicia porque es esencial que esos crímenes tan espantosos lleguen a aclararse, ya que la sociedad tiene derecho a saber lo que pasó". Por su parte, Auger señaló que de cómo se resuelva este asunto "depende la legitimación democrática del Estado de Derecho".

La intervención de Auger se produjo en relación con la ponencia de José Antonio Alonso -reelegido ayer como portavoz de la asociación-, que suscitó especial debate cuando expuso que "el Estado democrático no delinque aunque lo hagan algunos de sus servidores". Varios jueces replicaron que se puede hablar de "Estado delincuente" cuando se delinque desde núcleos centrales del poder y la corrupción política trata de impedir el funcionamiento de los controles jurídicos.

Alonso insistió en que no es soportable que el Estado delinca, ya que ello le deslegitima. Propuso que, desde la izquierda, se regenere. Auger replicó que Jueces para la Democracia no debe refugiarse en la izquierda porque se está demostrando que el poder se ejerce tan mal desde la derecha como desde la izquierda, ya que "las cúpulas de los partidos tienen una gran incultura jurídica". Y añadió: "Nuestro compromiso no es con la izquierda, sino con la Constitución y la democracia".

* Este artículo apareció en la edición impresa del Sábado, 9 de noviembre de 1996

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