La empresa de las multas usa testigos 'a sueldo' para notificar las sanciones

Los notificadores de multas trabajan individualmente la primera jornada [se debe intentar entregar la sanción en dos ocasiones en un plazo de 48 horas]. "La segunda visita la realizan juntos los tres notificadores de cada zona, y dos de ellos hacen de testigos cuundo se rehusa la multa", explica Antonio Beltrán, responsable de EDS.

Todos ellos tienen un contrato por cuatro horas diarias, que contempla una cantidad fija de 55.200 pesetas (50.000 por convenio y 5.200 de plus de trasporte), más un complemento de productividad. Se les abonan "100 pesetas por multa notificada y 60 pesetas en el caso de que no consigan entregarla en las dos visitas reglamentarias", según Miguel Angel Adrados. Cuando completan o corrigen errores (las multas carecen del piso y la letra donde vive el denunciado), se les abona 25 pesetas.

Adrados cifra entre 60 y 80 las multas diarias que recibe cada notificador, pero "un 37% son entregadas a los destinatarios". Para completar la notificación, el Ayuntamiento publicará en el Boletín Oficial de la Comunidad la lista de infractores no localizados. Pedro Bujidos, concejal de Hacienda, destinará a este fin 1.950 millones de los presupuestos de 1997.

EDS ha elegido fundamentalmente mujeres para entregar las multas porque "son mejor recibidas a la hora de abrir la puerta a un desconocido", según Bujidos. Aun así, reconocen que 70 de los 300 contratados habían abandonado el trabajo la semana pasada.

Con respecto a la posible ilegalidad del uso de testigos pagados, Beltrán se limitó a comentar que EDS tiene un "informe jurídico que dice que podemos hacerlo". Bujidos se mostró también favorable: "El que la empresa pague a una persona no afecta al proceso notificador".

En cambio, fuentes jurídicas consultadas por EL PAÍS fueron concluyentes sobre la irregularidad de ese procedimiento. "No se puede hacer el testimonio bajo precio", afirma tajante la abogada Carmen Pujol, especializada en derecho civil y presidenta de la Asociación de Mujeres Abogadas y Juristas. "Tenemos unos requisitos muy garantistas en la notificación porque hay que preservar los derechos de los ciudadanos. Los testigos no pueden ser contratados de la empresa. Si el infractor recurre a los tribunales, con toda seguridad se anula el proceso recaudatorio", afirma otro letrado. En la misma línea se manifestaron la Asociación DVUELTA, Gestión de Recursos de Multas, y la Asociación para la Defensa contra los Abusos de la Circulación.