Garro traspasa su vivienda y evita el embargo judicial en el 'caso Banesto'

El ex director general de Banesto Fernando Garro, que figura entre los querellados en el caso Banesto, adjudicó su vivienda de la calle Prieto Ureña de Madrid a su esposa Virginia López Chicheri el 9 de mayo de 1996, un mes después de que el juez Manuel García-Castellón dictara el auto de conclusión técnica del caso. Esta actuación podría constituir un delito de alzamiento de bienes tendente a evitar el embargo ante la próxima exigencia de responsabilidades civiles por los delitos de estafa.

En una providencia del 4 de noviembre, el juez García-Castellón resume que la Policía Judicial encontró que los cónyuges Fernando Garro y Virginia López-Chicheri habían acordado liquidar la sociedad de bienes gananciales y adjudicar en pleno dominio la finca 5.034 (un chalé de tres plantas) a la esposa.El chalé fue utilizado el martes 13 de junio de 1995 para celebrar el cónclave secreto del expresidente de Banesto, Mario Conde con el ex jefe del Cesid Juan Alberto Perote. También estaba Garro y el abogado y socio de Conde, Mariano Gómez de Liaño.

La providencia de García-Castellón señala que el traspaso de la propiedad se realizó después del auto del 8 de abril de 1996, de terminación de la instrucción, en el que se citaba entre otros, a Garro, "pudiendo ser tal adjdicación [de la finca] a la esposa un delito de alzamiento de bienes tipificado en el artículo 519 del viejo Código Penal y el artículo 257 del Nuevo Código Penal". Fuentes jurídicas dijeron que algunas de ellas estudian la presentación de un escrito para que el juez envíe los documentos a un juzgado por presunto delito de alzamiento de bienes.

Garro sabía que una vez concluida la instrucción el juez se pronunciaría en su auto de apertura de juicio oral frente a dicha petición. El 27 de mayo, por fin, el juez exigió a Garro una fianza total de 2.500 millones. Al no cumplimentarse, el juez ordenó el embargo de bienes. Pero la casa de Prieto Ureña ya estaba a nombre de la esposa de Garro.

Fuentes jurídicas consultadas señalaron que el traspaso se hizo dos semanas antes de que, el 22 de mayo de 1996, entrara en vigor el nuevo Código Penal, que cambia la tipificación del delito de alzamiento de bienes.

Por otra parte, el martes, la Fiscalía Anticorrupción, informó de que se hace responsable del caso Banesto, por decisión del Consejo Fiscal y el Fiscal General del Estado, y que el responsable será Luis López Sánz.-