Piqué plantea el cierre de Hunosa el año 2002

Oviedo - 02 nov 1996 - 00:00CET

El Ministerio de Industria pretende retirar as subvenciones al carbón en 2002, lo que en a práctica significará la virtual liquidación de la empresa estatal minera Hunosa. El efecto económico que para la región asturiana y sus cuencas mineras tendría la clausura dentro de seis años de la mayor empresa minera del país y la que más empleo directo tiene en Asturias (más de 9.300 trabajadores en la actualidad) se pretende compensar con una inyección de fondos públicos en el periodo 1997-1999 por un monto de 60.000 a 70.000 millones. El anuncio de la medida supuso ayer el rechazo general de los partidos políticos de Asturias, incluido el PP y el Gobierno, que preside este partido, así como de los sindicatos, que auguraron movilizaciones.

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Una subvención anual de 225.000 millones para 24.000 empleos

El plan minero fue expresado por el ministro de Industria, Josep Piqué, a responsables de medios de comunicación asturianos el pasado jueves. El anuncio de que Hunosa, -la empresa más deficitaria del país, -perderá en torno a 45.000 millones este año- será clausurada en seis años, se produce sólo cinco meses después de que el secretario de Estado de la Energía, Nemesio Fernández-Cuesta; la directora general de Minas, Paloma Sendín, y el presidente de la Agencia Industrial del Estado (AIE), Francisco Prada, hubieran negado cualquier propósito de cierre a corto plazo.El propósito del Gobierno, expuesto por Josep Piqué en el Congreso el miércoles pasado, es proceder "a un ambicioso plan de reconversión para la modernización y liberalización de la minería del carbón", lo que en la práctica significa liquidar Hunosa. Este plan pretende la reducción total de las ayudas concedidas al carbón en el periodo que va hasta el año 2002; además, se reducirán y dirigirán paulatinamente los cupos de producción, de forma que la capacidad se recortará y quedará concentrada en las explotaciones más rentables. Durante 1997 la subvención se financiará todavía con la tarifa eléctrica, pero constará en el recibo qué porcentaje recibe. Piqué expresó su deseo de negociar con los sindicatos y las autonomías el plan de reconversión.

El Principado, en contra

Desde su llegada al ministerio, Piqué ha barajado el cierre en un plazo de 10 años (véase EL PAÍS del 29 de julio). El plan conocido ayer dio pie a un contundente rechazo por parte de los poderosos sindicatos mineros de la región y de los partidos, incluido el PP. La declaración de Piqué deja en una, situación difícil al presidente del Gobierno de Asturias, Sergio Marqués, del PP. Piqué asegura que el presidente asturiano conoce los planes, pero Marqués había reiterado ese mismo día que no existía negociación alguna. Ayer manifestó que "se opone frontalmente a que se fijen fechas de cierre y a que se hagan planteamientos de cierre". Por su parte, el presidente del PP asturiano, Isidro Fernández Rozada, se mostró "indignado" y lo calificó de "puñalada trapera". El coordinador de IU en Asturias, Gaspar Llamazares, tildó de "prepotente y chulesco" a Piqué y dijo que los planes se estaban haciendo con el beneplácito del Gobierno regional.

Los sindicatos mineros SOMA-FIA-UGT y CC OO expresaron ayer su más radical rechazo a cualquier propósito liquidacionista de Hunosa en ese horizonte temporal y juzgaron que este anuncio se inserta en "un proceso de agresión que viene manteniendo el Gobierno del PP hacia el sector minero y las empresas públicas industriales" y que constituye el "colofón a una actitud de provocación a Asturias". En opinión de estas organizaciones, el Gobierno "está claudicando ante la presión de los intereses financieros que están detrás de las de las cpompañías eléctricas" y de los "intereses territoriales que representa el ministro Piqué", en expresión de José Ángel Fernández Villa, secretario general del SOMA.

El actual plan de Hunosa y su correspondiente contrato-programa con el Estado, que garantiza la percepción de ayudas públicas, tiene vigencia hasta el 31 de diciembre de 1997. Por tanto, queda al menos un año de plazo para iniciar la siguiente negociación y en la que el Gobierno deberá plasmar sus verdaderas intenciones para Hunosa. Los sindicatos aseguraron ayer que, aun cuando están dispuestos a convocar movilizaciones, evitarán de momento un desgaste anticipado e innecesario de los mineros.

Piqué ya había anunciado el pasado día 15 en Asturias la constitución de un fondo a partir de los ingresos que se obtengan por la privatización de las empresas públicas rentables, parte de los cuales, en torno a 100.000 millones, se destinarán a aliviar la grave decadencia de las comarcas mineras afectadas por el declive de su industria extractiva. De ellos, en torno a 60.000 o 70.000 millones se destinarán a Asturias, por la mayor incidencia del sector en esta región. En aquella ocasión Piqué no mencionó planes de cierre.

El empresario minero leonés, Victorino Alonso, aprovechó ayer para recordar su interés por la compra de Hunosa, informa Marifé, Moreno.

Una empresa nacida en pérdidas

Hulleras del Norte SA (Hunosa), constituida en 1967 con la nacionalización de empresas privadas en pérdidas de la cuenca central de Asturias, no ha podido corregir una tendencia creciente de sus costes, resultantes de las adversas características geológicas del subsuelo, la pobreza de su carbón, la vetustez de las explotaciones y las dificultades para mecanizar un la boreo que sigue siendo en buena medida manual.Las cuantiosas pérdidas de Hunosa las sufraga el Estado mediante contrato-programa. Para este año tiene previsto casi 40.000 millones de sufragio (véase cuadro). A ello habría que añadir el coste de las prejubilaciones (30.000 millones al año). Y las pérdidas no mejoran, pese a la acelerada reducción de plantilla y de explotaciones de los últimos cinco años. Hunosa, que nació con 26.000 mineros, y que en 1991 aún contaba con 18.500, dispone hoy de una plantilla de 9.300 trabajadores. De los 23 pozos que contaba hay ahora 11 abiertos. En resumidas cuentas, Hunosa pierde 4,3 millones por persona, una cifra muy similar al sueldo medio, lo que es un arma para los que dicen que es más rentable mantener los sueldos y cerrar la empresa. Los sindicatos dicen que hay que contar con los empleos inducidos y el impacto social.

Hunosa vivió hace cinco años una etapa de agitación. En 1991, el cierre de un tercio de los 23 pozos y la jubilación y prejubilación de 6.000 de sus 18.500 trabajadores dio paso a una gran crispación social, marcada por cinco huelgas generales (tres sectoriales y dos comarcales) contra el Gobierno socialista de Felipe Gonález, en una escalada de tensión que concluyó con la unánime y masiva huelga general de Asturias del 23 de octubre de 1991 y el encierro en el pozo Barredo de las ejecutivas de los sindicatos mineros en las navidades de ese año.

El problema más grave es cómo seguir reduciendo plantilla sin recurrir a métodos traumáticos en un sector, además, con gran tradición de movilización y lucha sindical y con una tasa de afiliación a los sindicatos que supera el 90%. Por la vía de las prejubilaciones apenas podrían reducirse otros 3.000 empleos hasta el 2002 de los 9.300 actuales. La edad media es de 34 o 35 años, con una antigüedad de 14 años.

Hunosa es un problema empresarial: aporta el 14% de la producción hullera nacional y el 40% del empleo del sector, pero absorbe el 80% de los recursos públicos destinados a sostener la actividad carbonera en España. Pero, sobre todo, es un problema social: todavía hoy representa entre el 20% y el 50% del empleo y de la renta de nueve municipios y aporta el 5% del PIB de una región sometida a un grave declive industrial.