Los jornaleros estrenan el AEPSA

Ni empleo comunitario, ni PER. A partir de 1997 los trabajadores eventuales del campo andaluces y extremeños convivirán y se rugirán por el Acuerdo para el Empleo y la Protección Social Agrarios (AEPSA). Un adecuado nombre para que el ingenio de los jornaleros lo rebautice y le dedique una poca guasa en los carnavales de Cádiz. El PER de Felipe González y Manuel Chaves no será el PER de José María Aznar y Javier Arenas, en un intento quizás vano de que se olviden las críticas que el Partido Popular dedicó desde la oposición al sistema aplicado por el Gobierno socialista. Pero el modelo en sus líneas esenciales se mantiene: subsidio para quienes reúnan las peonadas exigidas e inversiones para dar trabajo cuando no hay, tareas del campo mediante los convenios. Ayuntamientos-Inem.Así se ha pactado tras varios meses de negociación entre el Ministerio de Trabajo y los sindicatos UGT y CC OO (ver gráfico). El nuevo sistema introduce también un díficil reto, y más en esas zonas, consistente en lograr que las inversiones en el campo creen empleo estable y estimulen la economía productiva. El secretario general de Empleo, Manuel Pimentel, tiene varios ejemplos de actividades que se pueden poner en marcha: invernaderos, utilización de productos forestales, piscifactorías en las salinas de Cádiz, cooperativas, cámpings e impulso del turismo rural.

Y un compromiso aceptado por Trabajo a propuesta de las centrales, que es el punto más novedoso de los acuerdos; extensión del sistema de protección de desempleo contributivo a los eventuales agrarios de toda España, único colectivo que ahora no lo tiene junto con los empleados del hogar. En el caso de Andalucía y Extremadura, convivirá con el subsidio agrario.

Para su aplicación se ha acordado constituir un grupo de trabajo que, a partir de enero de 1997, hará los estudios financieros, las repercusiones en el sector agrario y en los Presupuestos del Estado y los requisitos de acceso, con el objetivo de aplicarlo a partir del 1 de enero de 1998. Los sindicatos y Trabajo han previsto asimismo "la conveniencia y la necesidad" de la participación de las organizaciones empresariales en la preparación, análisis, diseño y puesta en funcionamiento del nuevo sistema de protección por desempleo en el sector. Así consta en el documento de 54 folios que recoge los acuerdos y que está prácticamente listo. Previsiblemente lo firmarán esta próxima semana el ministro de Trabajo, Javier Arenas, y los dirigentes de las federaciones del campo de UGT y CC OO, Juan Aguilar y José Fuentes.En total, el Inem destinará, 32.096 millones de pesetas para actuaciones en las zonas rurales y unos 110.000 millones de pesetas coste del subsidio agrario. Eso incluye la decisión del Gobierno del PP de aumentar un 16,7% los fondos destinados a planes de empleo en Andalucía y Extremadura: 15.500 millones se dedicarán a la contratación por los Ayuntamientos de eventuales agrarios en obras de interés general; 1.000 millones para la contratación por las comunidades autónomas de Andalucía y Extremadura; otros 3.000 millones están previstos para el desarrollo por parte de Ayuntamientos y comunidades de proyectos generadores de empleo estable; y 1.000 millones para financiar la creación de los Servicios Integrados para el Empleo (SIPE).

A ello se suman los 5.350 millones de pesetas para el plan especial de Casas de Oficios; 3.246 millones para formación ocupacional de trabajadores agrarios y 3.000 millones de pesetas para inversiones en Zonas Rurales Deprimidas de las dos Castillas, Canarias, País Valenciano, Murcia y Aragón, partida que se incrementa un 36% respecto a 1996.La Administración y los sindicatos dedican un apartado a las actuaciones que se dirigirán a controlar el fraude en el que afirman: "Con el fin de profundizar en la erradicación de las situaciones irregulares localizadas, se asume el compromiso colectivo de fortalecer mecanismos para el control de dichas incidencias, concebidos desde dos perspectivas: la mejora de los sistemas de comprobación de las situaciones individuales, y la colaboración de los agentes sociales e instituciones". Ese compromiso incluye el cumplimiento riguroso de los criterios sobre la ejecución de obras, así como sobre la selección y la contratación de los eventuales agrarios, el seguimiento y comprobación de la correcta entrada a cobrar el subsidio y el cumplimiento de requisitos para permanecer en él, potenciando los medios informáticos y humanos de control desde el Inem. Un objetivo con otras palabras presente en anteriores pactos firmados por el PSOE. Si realmente el PER servía para que los socialistas mantuviese "votos cautivos" en Andalucía y Extremadura, tal como afirmaba el Partido Popular desde la oposición, en las próximas elecciones autonómicas habrá un vuelco de 180 grados.El PER y el AEPSA se parecen mucho y es que la realidad social y económica de las zonas rurales de esas dos comunidades autónomas permiten pocos inventos.