Fiscales progresistas proponen suprimir el aforamiento en los casos de corrupción

El aforamiento de un cargo público implicado en un caso de corrupción económica es un privilegio no justificado que debe suprimirse. Se trata de una de las propuestas hechas por el sector progresista de los fiscales, la Unión Progresista de Fiscales (UPF), que ayer inició su 11° congreso en Sevilla. Para estos fiscales, el aforamiento sólo tiene como sentido la protección del ejercicio de la función pública para la que se ha sido designado, y no como una especie de coraza ante un proceso judicial por corrupción económica derivada de actuaciones que nada tengan que ver con el cargo público.Uno de los fiscales adscritos a la Fiscalía Anticorrupción, Vicente González Mota, fue el que lanzó la propuesta argumentando, además, que está absolutamente convencido de que no corresponde al Tribunal Supremo -único competente si hay aforados implicados- instruir ese tipo de investigaciones.

Fue un debate curioso porque, además de que se celebró en la capilla de la Cartuja, no se aludió expresamente a ninguno de los casos de corrupción que actualmente están en marcha en diversos tribunales' españoles. Lo que se destiló de la discusión fue el convencimiento de este sector de los fiscales de la necesidad de endurecer la respuesta jurídico-penal, ante la delincuencia económica.

José María Mena, fiscal jefe del Tribunal Superior de Cataluña, manifestó que es necesario apoyar a los fiscales y jueces que llevan este tipo de asuntos "porque 1siempre son acusados de prevaricación por las personas que son objeto de investigación".

El fiscal apuntó, además, que la justicia tiene que estar preparada para ser acusada por las personas involucradas en delitos económicos: "Siempre se justifican alegando que los problemas financieros de tal sociedad o de otra estallan precisamente a raíz de la intervención de la justicia". No dijo nombre alguno, pero, ese argumento fue esgrimido esta misma semana por Javier de la Rosa en los juzgados de Barcelona.